Bruselas insta al Gobierno a bajar los impuestos a la electricidad

Los funcionarios de la Comisión Europea han puesto en esta ocasión especial énfasis en subrayar el desequilibrio entre las cargas fiscales que soporta la electricidad en España respecto a las que gravan la utilización del gas, que no solo señalan como un obstáculo en el proceso de electrificación de la economía amparado por Europa sino también como un lastre tanto para la industria como para los hogares. «Para la industria, los precios de la electricidad y en particular los impuestos son más altos que en el caso del gas (pero también para los consumidores, para los que los impuestos y los cargos suponen el 24% de la factura), actuando como desincentivo a la electrificación».

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Raúl Masa

La recomendación de Bruselas se produce con el debate de la fiscalidad de la energía en el punto de mira. Hace unos meses el Ministerio para la Transición Ecológica frenó de forma inédita la tramitación de una norma en el Congreso para impedir que prosperara una enmienda pactada por el PP y Junts para eliminar de forma definitiva el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, al menos mientras el sistema eléctrico no estuviera en situación de déficit. El Gobierno no parece querer renunciar a los más de 5.000 millones de euros anuales que obtiene de la explotación fiscal de la energía eléctrica por mucho que tenga unos exigentes objetivos de electrificación de la economía que cumplir antes de 2030.

El informe de recomendaciones de la Comisión, que en el nuevo marco fiscal aprobado en la Unión Europea tiene un mayor poder vinculante que antes, es clave en la decisión de Bruselas de permitir prolongar a siete años, como ha solicitado España, el periodo para culminar el ajuste fiscal comprometido entre ambas partes. En este sentido, Bruselas sugiere a España «rebajar la fiscalidad de la electricidad respecto a los combustibles fósiles» como vía para impulsar la transición verde manteniendo la competitividad de forma sostenible. La Comisión ha recordado también a España que tiene pendiente la equiparación del tratamiento fiscal de diésel y gasolina.

En un informe en el que se detecta una menor preocupación por cuestiones tradicionales en los informes de la Comisión como las pensiones o los desequilibrios del mercado laboral, los funcionarios de la Comisión han decidido poner el acento en los obstáculos que dificultan o lastran la competitividad y la inversión de las empresas.Y entre ellos se señala al Impuesto de Sociedades, uno de los terrenos que el Gobierno progresista decidió convertir en uno de sus campos de batalla predilectos en materia fiscal casi desde el momento mismo de su concepción, con la instauración de un impuesto del 5% sobre los dividendos obtenidos de fuente extranjera, la implantación antes que en el resto de la UE del tipo mínimo del 15% -que ahora convive con el impuesto mínimo europeo en un solapamiento muy criticado por empresas y despachos de asesoría fiscal- y la amenaza permanente de tomar decisiones que eleven las cargas fiscales de las empresas, especialmente de las más grandes.

Bruselas ve el asunto de otra manera. Considera que el tipo general del 25% vigente en España, que supera de forma holgada el tipo medio del 21% que se lleva en Europa, puede estar condicionando la inversión y ser la explicación de que no se comporte con el mismo dinamismo que en el resto de Europa. Especialmente porque el tipo efectivo es el segundo mayor de toda la UE, con un 25,7%, muy por encima del tipo efectivo medio europeo, situado en el 18,9%.Los funcionarios de la Comisión no se quedan ahí, sino que consideran ineficiente que la estructura del Impuesto de Sociedades penalice a las empresas con un tipo mayor cuando ganan tamaño -otro aspecto muy criticado en el debate doméstico- y ineficaces los incentivos a la I+D.