Bruselas desconfía del plan de ajuste fiscal del Gobierno y vaticina que el déficit se estabilizará en el 2,7%

Agarrado al relato de que el proceso de reducción del déficit se puede conseguir sin recortes de gasto, el Gobierno presentó a Bruselas un plan de ajuste fiscal que fía el saneamiento de las cuentas públicas al vigor del crecimiento económico, el caudal de ingresos fiscales que este genera y a alguna que otra medida de subida de impuestos sin determinar. Los funcionarios de la Comisión Europea no creen que esa receta sea suficiente.

"Basado en políticas constantes, se prevé que el déficit público descienda al 2,6% en 2025, a pesar del mayor peso del gasto por intereses. Esta reducción se explica por el menor incremento del gasto y el buen comportamiento de los ingresos fiscales. En 2026, se prevé que el déficit se eleve al 2,7% por el fin de los gravámenes a la banca y energéticas", asegura el informe.

Las conclusiones del informe de otoño de la Comisión sobre la evolución del déficit público español parecen anticipar una mirada crítica de Bruselas al plan de ajuste fiscal del Gobierno en el informe de evaluación que tendrá que evacuar en las próximas semanas. Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sin embargo, recalcan que "el crecimiento está siendo equilibrado porque va a ser compatible con un elemento de responsabilidad fiscal".

Las dudas de Bruselas en torno a la evolución del déficit no alterarán, sin embargo, de forma significativa la senda de reducción de deuda del Gobierno. Hay que recordar que la garantía de una reducción sostenida de la deuda pública es la prueba del nueve del éxito o fracaso de los planes de consolidación fiscal de los países en el nuevo marco de reglas fiscales europeo. Las proyecciones de la Comisión anticipan que la deuda pública se situará en el 102,3% al cierre de este año, desde el 105% en que cerró el año pasado, y un descenso apenas perceptible en los dos años siguientes hasta el 101,3% en 2025 y el 101,1% en 2026.

Mejores perspectivas augura Bruselas en materia de crecimiento. Para empezar ha revisado al alza hasta el 3% el crecimiento previsto de la economía española para este año -antes del 2,7%-, si bien prevé una suave desaceleración del crecimiento en los siguientes hasta el 2,3% y finalmente al 2,1% en 2026.

El análisis no recoge el potencial impacto de las riadas que han afectado en las últimas semanas a zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y, sobre todo, la Comunidad Valenciana, donde los daños se han concentrado en una zona que supone el 1,5% del PIB nacional, si bien advierte de que "los daños en las infraestructuras de las regiones afectadas pueden tener repercusiones más amplias sobre el tejido productivo".

Bruselas también ha revisado a la baja la previsión de inflación, que se ha ajustado desde el 3,1% de sus anteriores proyección al 2,8%. El año que viene la inflación ya se situará en el territorio de la normalidad, en el 2,2%, aterrizando definitivamente en el 2% en 2026.

Los datos espectaculares de crecimiento de la economía española contrastan con la inestabilidad política interna, que la Comisión no ha tenido en cuenta a la hora de fijar sus previsiones. Como ha sido habitual en toda la legislatura, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha lanzado un último capote al Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado sobre el hecho de que el Ejecutivo español no tiene una mayoría asegurada ni para aprobar los Presupuestos de 2025 ni para conducir la reforma fiscal que se ha comprometido a completar para recibir el quinto tramo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, el socialista italiano se ha limitado a decir que es "optimista" respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez "pueda resolver los problemas pendientes"

En cuanto al potencial impacto de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, Gentiloni ha dicho que pese a que "a corto plazo las consecuencias de esta tragedia son tristes", es probable que "a medio plazo la reconstrucción tenga un efecto positivo" en la economía regional.

Gentiloni ha calificado de normal que el Gobierno de España quiera acordar con la Comisión la reorientación de los fondos europeos "como ya ha sucedido con otros países. También ha aclarado que los gastos relativos a las inundaciones no se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las reglas de cumplimiento del déficit.