Bruselas denuncia a España ante el TJUE por incumplir las reglas del espacio ferroviario único europeo

Bruselas basa este argumento en que es el propio Ministerio de Transportes el que nombra a los miembros y pone fin a su mandato, además de las normas relativas a la toma de decisiones. En consecuencia,«cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes».

La Comisión Europea ha realizado estas observaciones tras revisar el cumplimiento de nuestro país de la directiva europea que establece un espacio ferroviario europeo único, el mismo que obligó al Estado a liberalizar la red ferroviaria a la competencia a finales de 2020. Tras realizar el análisis, la Comisión considera que el marco regulador ferroviario de España infringe varias disposiciones de la directiva relativas a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras y en particular a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

Aunque Bruselas cree que España ha modificado su legislación relativa a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras para cumplir con la directiva, lamenta que aún «no esté operativa». Cree que aunque Adif tiene independencia para establecer el sistema de cánones, la legislación española incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de la nueva norma hasta que el gestor de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones.

Debido a ello, según la Comisión Europea existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024 o 2025. Lo que significa que, como ocurre hasta ahora, los cánones se considerarán impuestos de facto, que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado durante esos dos ejercicios.

En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea. «Dado que están incluidos en una ley, tales cánones no pueden impugnarse ante los tribunales españoles», sentencia el Ejecutivo comunitario.

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Por último, Bruselas también apunta a que faltan elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras. «No hay, por ejemplo, indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso», señala.

Bruselas inició el procedimiento sancionador contra España en mayo de 2018 y desde entonces las dos partes han mantenido un diálogo formal para examinar los avances de la transposición. La última notificación de nuevas medidas por parte de España llegó al Ejecutivo comunitario en diciembre del año pasado, pero los servicios comunitarios han concluido que siguen siendo insuficientes y por ello elevan el caso ante la Justicia europea.

En diciembre de 2022, España notificó a la Comisión Europeaque había transpuesto nuevas medidas, pero el análisis de la Comisión concluyó que no se habían abordado todos los puntos señalados.