Bruselas congela 1.100 millones de fondos a España por incumplir varias reformas

Bruselas ha estirado los plazos para dar tiempo al Gobierno, pero al final no ha tenido más remedio que tomar esta decisión que de todos modos no es definitiva ya que la Comisión establecerá un plazo adicional. Después de tanto tiempo de aplazamientos y espera, el ejecutivo comunitario ha acabado por caer también contagiado por la situación en España y en su comunicado oficial asegura que felicita al Gobierno por el uso de los fondos europeos en dos sectores que tienen que beneficiar a dos de los sectores considerados como los más frágiles en España: las energías renovables y las infraestructuras eléctricas o el transporte ferroviario.

La cuantía retenida no es baladí, aunque no es la primera vez que Bruselas pone en cuarentena fondos de España. Esos 1.100 millones representan un 12% de las inyecciones de dinero vía transferencias y subvenciones –más allá de los préstamos– que deberían haber llegado a las arcas del Tesoro en este abono autorizado a estas alturas del año. La cifra da cuenta de la relevancia tanto cuantitativa –tres grandes hitos– como cualitativa –la relevancia de los compromisos adquiridos– que tiene para la UE la realidad económica del país, donde apenas se aprueban ya grandes reformas ni el Gobierno consigue sacar iniciativas adelante por la parálisis parlamentaria y la falta de apoyos reales.

Los tres hitos por los que España ha sufrido esta penalización corresponden a promesas planteadas por los ministerios de Hacienda y de Función Pública, respectivamente. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene en sus manos una patata caliente con la subida del diesel al haber comprobado la práctica imposibilidad de sacar adelante esta medida tributaria. Por su parte, el ministro Óscar López también recibe un aviso para que agilice la situación de los centenares de miles de interinos, y en lo relativo a programas de digitalización.

Esta congelación de fondos ya viene siendo habitual en las relaciones entre España y la Comisión. Hace ahora un año, Bruselas también recortaba en 158 millones de euros el cuarto pago por el despliegue del programa ‘agentes de cambio’. Precisamente ahora ese dinero retenido hace 12 meses se incorpora en el pago de 24.137 millones de euros correspondientes al quinto abono previsto en el Mecanismo de Recuperación. De esa cuantía, unos 16.000 millones son préstamos. Con este desembolso, España habrá recibido cerca de 55.000 millones de euros en transferencias en los cuatro últimos años, el 70% de lo previsto.

Con esta sanción en forma de congelación de fondos, Europa ha puesto frente al espejo al Ejecutivo con una medida controvertida y completamente paralizada en el complejo panorama parlamentario que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: la equiparación del diesel con el resto de combustibles mediante un cambio fiscal que eleve la tributación de este producto para que no sea 10 céntimos por litro más barato que la gasolina.

El propio Ministerio de Hacienda reconoce que la iniciativa para reducir la bonificación de la que goza el gasóleo no consiguió salir adelante la última vez que el Ejecutivo lo intentó en un decreto que no salió adelante. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aclaró ayer desde Bruselas que han comunicado a Bruselas el «esfuerzo» impositivo que se ha puesto en marcha en España a la espera de que la Comisión valore si es suficiente como para no tener que subir este combustible.

Además, Bruselas condiciona la recepción de fondos al trato que España da a los interinos del sector público. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE determinaba que hay abuso en la contratación temporal por parte de la administración pública, una práctica contraria al derecho comunitario. Son hasta 250.000 trabajadores afectados, que están a la espera de una resolución final a su puesto de trabajo. Pero, por ahora, no hay ninguna solución en firme. Simplemente Hacienda recuerda que «se está trabajando en la adaptación del hito sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la primera solicitud».

En este caso, Cuerpo se ha mostrado más confiado para encontrar una solución definitiva en los seis próximos meses, después de las negociaciones que mantienen con Bruselas para adaptar la normativa española a la resolución comunitaria derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia.

El tercer handicap que ha impedido recibir todo el dinero a España ha sido el relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. En realidad, el grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas para poder evaluar su cumplimiento completo.

Los recortes de Europa han esquivado hasta ahora las grandes reformas acometidas por el Gobierno en los últimos años, a pesar de la controversia con la reforma de las pensiones, cuyo cumplimiento estuvo en duda tras la publicación de un informe oficial de la Comisión Europea dudando de su efectividad; ni por la reforma de los subsidios por desempleo, que forzó entre otros motivos la solicitud de una prórroga por parte del Reino de España hasta que resolvió el sudoku en las Cortes.

Para el Partido Popular, el Gobierno «está tirando a la basura una oportunidad histórica por incapacidad en la gestión, y encima lo celebran». Es la reacción del vicesecretario popular de Hacienda, Juan Bravo, a la decisión de Bruselas. «’España cumple’, nos dicen, mientras nos recortan 1.100 millones precisamente por incumplir. Esto no se sostiene más», insistió ayer al criticar la inacción del Ejecutivo en esta materia.

En su último informe sobre España, la Comisión ya dijo que «es fundamental que España acelere la implementación de reformas e inversiones», dado que el plazo improrrogable vence en agosto del año que viene. Mientras que Italia ha recibido ya más del 70% de los fondos que se le asignaron, España estaba en un escaso 30% antes de esta última decisión.

De cara al sexto pago, España debe cumplir con la creación de un organismo de evaluación, así como leyes de Industria, Salud, medicamentos, Cine o la mejora en autorizaciones energéticas. Hitos que, por ahora, no se advierten problemáticos, tal y como destacan fuentes de la firma LLYC.