Bruselas cerrará 84 caladeros de pesca sin contar con un informe actual que lo justifique

En concreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apuntó, antes del inicio de la reunión, que «si tenemos base vamos a ir al Tribunal de Justicia de la UE, pero antes hay que consultar con los servicios jurídicos del Estado. Quiero ganar y creo que, en este caso, tenemos una base fuerte». De este modo, el Ministerio avanza en la dirección exigida por el sector pesquero y autonomías como Galicia.

Desde la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que preside el español Iván López y agrupa a más de 20.000 pescadores europeos, se apuesta por la vía del recurso para paralizar el nuevo reglamento y apoya la intervención de ayer de Planas: «Es la única manera, bien que la Comisión acepte una suspensión cautelar o clarifique la aplicación de la norma de una manera menos lesiva para la flota pesquera», apunta el representante de la pesca de fondo quien reconoce que la Comisión tiene «un problema legal» para sustituir una norma por otra.

En este contexto, el ministro exigió al comisario de Pesca, Virginijus Sinkeviçius, durante la sesión pública del Consejo que «suspenda la aplicación del Reglamento» y lo revise «de inmediato» en base a datos científicos actualizados «que ya tiene la Comisión Europea». Por su parte, el comisario lituano, defendió que se basa en «los mejores y más actuales datos aportados por los países miembros». El responsable de pesca europeo defendió que el dictamen científico del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES) se volverá a analizar anualmente y, la próxima vez, este mismo mes de noviembre. «Si está justificado, se revisará el cierre de esas zonas», apuntó el responsable de la política pesquera europea quien dejó la puerta abierta a cambios a partir de nuevos datos científicos. Para López (EBFA) esto puede representar «una crueldad» para cientos de embarcaciones, ya que en su opinión no habría cambios hasta marzo.

Es en este punto, en el informe del ICES que sustenta la decisión de Bruselas, donde se constata más la distancia que separa al sector pesquero español (y europeo) del ejecutivo comunitario, López (EBFA) recuerda que el Reglamento (UE)2016/2336 establecía la prohibición de la pesca de arrastre por debajo de los 800 metros e instaba, en un plazo de dos años, a identificar zonas de ecosistemas vulnerables entre los 400 y 800 metros para 'cerrarlos' a esta modalidad de pesca. Sin embargo, López apunta que la Comisión Europea escogió el escenario más restrictivo de los 4 planteados por el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES).

«No hubo consulta efectiva como establecen los tratados, ni contacto técnico con el sector pesquero y el ICES solo tenía mandato para zonas de entre 400 y 800 metros», critica el máximo responsable de la EBFA quien tampoco entiende porque la prohibición afecta a otras artes como el palangre de fondo y las redes de enmalle. «Nunca fueron incluidas en los estudios de modelación de impacto del ICES», añade sobre un estudio del que lamenta que use datos de 2011 y 2012 anteriores a la última reforma de la Política Pesquera Común (PPC).

También critica que el estudio haya establecido zonas 'cerradas' «muy grandes» de 25 kilómetros por 25 kilómetros en el caso de España y denuncia que, en algunos cuadrados «hay alguno que no tiene ni un metro por debajo de los 400 metros, sobre todo, en la costa española». Como ejemplos, menciona la caprichosa orografía del golfo de Cádiz y la costa Cantábrica.

En este sentido, también avisa contra las diferentes interpretaciones: «Hay 4 países afectados por lo que puede darse el caso de 4 interpretaciones diferentes», avisa el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) quien teme la paralización de las flotas de toda la costa cantábrica y el golfo de Cádiz. Para López estamos ante «una chapuza jurídica».

Donde se mira, con mucha preocupación, el empecinamiento de Bruselas con la prohibición de la pesca de arrastre en 87 zonas de pesca europeas es en puertos del golfo de Cádiz como el de Punta del Moral (Huelva). Para el presidente de la Asociación de Armadores de esta localidad, Alonso Abreu, la más afectada es «la flota que captura la gamba de mayor tamaño y la inmensa mayoría de la cigala». Auténticos manjares que pescan durante el verano y ofrecen a los miles de turistas que veranean en esta zona de Huelva, colindante con el Algarve. «Vamos a dejar de vender estos productos y nos tendremos que dedicar a otros», advierte Abreu quien teme la «acumulación de barcos». Al respecto, estima en 80 embarcaciones las que pueden verse impactadas por la medida adoptada desde Bruselas.

El perfil de los barcos afectados es de embarcaciones con 6 o 7 tripulantes. «Somos autónomos, sociedades limitadas, luego hay 4 o 5 comunidades de bienes y personas físicas», describe al responsable de la asociación que reúne a los armadores de este puerto. «Estamos a favor de la conservación de los entornos marítimos más vulnerables y de mejorar la selectividad, así como las artes», resume Abreu quien tampoco ve razonable que las zonas prohibidas sean tan amplias.

Más al norte, en el puerto lucense de Burela, el sentimiento es muy similar. «Es la decisión más dura de la Comisión Europea de los últimos 30 años», lamenta el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP Brulera), Sergio López. En concreto, estima que la prohibición afectaría a unos 88 barcos, de los que 30 sería arrastreros y 58 de artes fijas (volanteros) y esto tendría consecuencias en la captura de la merluza especialmente. «El 70 u 80% de la flota actual tendría problemas para continuar su actividad», advierte.