Bruselas acorrala el impuesto estrella del Gobierno a la banca y las energéticas

Presionada desde hace semanas y desde varios frentes para plantear un paquete de medidas aplicables en toda la Unión que impidan una asimetría perjudicial para el funcionamiento del mercado interior, Bruselas anunció ayer al fin –tras varios retrasos– una propuesta que entre otras cosas pone sobre la mesa la implantación de una 'contribución solidaria temporal' en todos los Estados miembros. Su objeto sería sufragar con los beneficios extraordinarios que están obteniendo algunos sectores las medidas paliativas puestas en marcha por los gobiernos para amortiguar el impacto de la escalada de los precios de la energía.

Puede que les suene la argumentación. Es básicamente la misma que han empleado los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para justificar su proposición de ley para implantar un gravamen extraordinario a entidades financieras y empresas energéticas con el que aspiran a recaudar 3.500 millones de euros extra.

El problema que se adivina en el horizonte es que la propuesta de Bruselas ni se dirige a los mismos sectores empresariales señalados por el Gobierno de España, ni tiene el mismo horizonte temporal, ni se aplica sobre lo mismo, y sin embargo sí aspira a que todos los estados miembro velen por que «las medidas nacionales existentes o en tramitación» se sujeten al modelo y los objetivos planteados por su 'contribución solidaria'.

Los expertos consultados coinciden en que la propuesta no parece impedir que los países aprueben sus propias figuras o incluyan otro perfil de empresas dentro de esa 'contribución solidaria', pero también advierten de que el perímetro marcado por Bruselas puede condicionar su definición.

La diputada socialista que defendió los gravámenes en el debate de toma en consideración de la proposición de ley celebrado el pasado martes ya dejó caer que la propuesta estaba abierta a los cambios que pudieran llegar desde Europa y fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que en los casos en que procede la legislación nacional siempre se adapta a las regulaciones que se aprueban desde Europa.

La prueba de que la propuesta de 'contribución solidaria europea' ha cambiado el campo de juego es que el Partido Popular, que apenas 24 horas antes se había opuesto a los dos gravámenes que PSOE y Unidas Podemos planteaban para banca y energéticas, avaló ayer la iniciativa de la Comisión frente a la gubernamental con el doble argumento de que esta última «puede suponer una doble imposición a las eléctricas con consecuencias jurídicas y económicas para el Estado», según fuentes del partido, y de que mientras Bruselas plantea que esa recaudación se destine a abaratar el recibo de la luz la del Gobierno solo pretende «llenar las arcas del Estado».

Fuentes de los sectores afectados por el gravamen impulsado por el Gobierno valoraron ayer la propuesta europea como radicalmente diferente a la de PSOE y Unidas Podemos y como «más lógica» que el impuesto español.

Las diferencias son ostensibles. Mientras el Gobierno ha decidido endosar la carga fiscal extra a los bancos y a las empresas energéticas en su conjunto porque entiende que son los sectores que más se están lucrando con la actual situación, unos por la subida de los tipos de interés y otros por la subida de los precios energéticos, la Comisión Europea restringe su 'contribución solidaria' a las empresas que operan con combustibles fósiles, gasistas y empresas de hidrocarburos. Deja fuera también a las eléctricas, en parte para no desincentivar las inversiones en renovables, como por otra parte también pedía el FMI, y en parte porque establece dentro del paquete de medidas un tope a los beneficios que obtienen por las llamadas tecnologías inframarginales, es decir, las que tienen un precio de mercado más bajo.

El plan de Bruselas no tiene ni siquiera en cuenta a las entidades financieras, que sin embargo el Gobierno insiste en poner en su punto de mira pese a las contraindicaciones que tiene desde el punto de vista de la supervisión del BCE, aún no satisfecha con los niveles de solvencia de la banca.

Otra de las diferencias es el horizonte temporal. Mientras el Gobierno aspira a sacar tajada de la facturación de bancos y energéticas durante 2022 y 2023, la Comisión Europea limita esta contribución extraordinaria del sector de la energía fósil al año 2022.

Desde el punto de vista técnico y jurídico quizá la diferencia más significativa sea la de la base imponible. Bajo la bandera de gravar los beneficios extraordinarios de la banca y el sector energético el Gobierno de España ha diseñado una figura que no grava esas ganancias extra sino la cifra de negocios, en el caso de las energéticas, y los márgenes por intereses y comisiones, en el caso de la banca. La propuesta de la Comisión Europea deja bien claro que la 'contribución solidaria' debe gravar sobre los beneficios extra efectivamente obtenidos por los sectores afectados, calculados según la diferencia entre las ganancias medias obtenidas en el periodo 2019-2021 y las logradas en 2022.

La propuesta de Bruselas se inclina por gravar los beneficios que excedan en un 20% los obtenidos en los ejercicios anteriores con un 33%. Así esperan recaudar 25.000 millones de euros extra en toda la Unión Europea.