La brecha entre paro registrado y el real se sitúa en 773.000 personas

El empleo creció en el pasado mes al menor ritmo de los últimos cinco años tras sumarse sólo 8.805 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, hasta situar el total en los 21,19 millones. Mientras que el paro creció en 3.164, situando el total del registro oficial del SEPE en 2,57 millones de desempleados. Una cifra, no obstante, a la que habría que sumar hasta 773.487 personas si se tienen en cuenta a los demandantes de empleo con relación laboral, esencialmente los fijos discontinuos en inactividad -y descontados los trabajadores en ERTE-. Tal y como explican los expertos de Randstad, esta cifra llevaría el paro efectivo hasta las 3,35 millones de personas que, más allá, suponen 35.000 personas menos que en el mismo mes del pasado año.

Además, tras las cifras gruesas, el detalle de la contratación arroja una importante pérdida de la calidad de los puestos creados, algo que también bebe de estas dificultades de las empresas para dar continuidad a los puestos por el alto coste laboral que asumen -aparte de que la creación de empleo haya sido el pasado mes un 51% inferior a la registrada en septiembre de 2023 y un 70% inferior que hace dos años-. «Ante las perspectivas de una pérdida de dinamismo de la actividad en otoño, es preciso garantizar un clima de seguridad jurídica que fomente la inversión, el mantenimiento y la creación de empleo, priorizando la negociación colectiva como elemento clave para la gestión de las relaciones laborales, evitando la amenaza de mayores costes, cargas y gravámenes a las empresas ni obligaciones ajenas a su actividad productiva», señalan desde CEOE.

Así, aunque en septiembre se experimentó un leve aumento de la contratación respecto al mismo del pasado año, un 1,5% más, de los 1,4 millones que se firmaron, un 56% fueron de carácter temporal. Mientras que de los 619.333 contratos indefinidos un 60% fueron o bien a tiempo parcial o bien fijos discontinuos. Con lo que los fijos a tiempo completo apenas supusieron el 16,6% de todos los contratos firmados en septiembre.

Volviendo sobre la problemática que supone el incremento de costes derivados especialmente de la subida del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, desde Cepyme señalan su «preocupación» ya que tiene una especial incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. «Es necesario apoyar con mayor contundencia estos esfuerzos, huyendo de medidas que pueden incidir negativamente en la actividad productiva, como la reducción de la jornada laboral o nuevos incrementos de costes laborales, consecuencia de una nueva subida del SMI, cuyos efectos pueden agravar la situación de actividades como la agricultura u otros sectores».

La Confederación dirigida por Gerardo Cuerva insiste además en la necesidad de recuperar un clima de confianza, y seguridad jurídica que fomente la inversión, el mantenimiento y la creación de empleo, y respete los ámbitos de actuación de los sectores a través de la negociación colectiva.

En este punto, desde Randstad recuerdan que parte de esta disrupción en la calidad del empleo -ya no asociada en igual medida a la firma de un contrato fijo- tiene que ver con la reestructuración del esquema de contratos implantado tras la reforma laboral.

Advierten así los expertos de «comportamientos extraños» en la contratación indefinida y muy en concreto, por el fuerte descenso en la duración media de los contratos indefinidos firmados a partir de la reforma laboral y un aumento espectacular de la mortalidad de los mismos.

Por ejemplo, asociada al alto número de personas que dentro de un mismo mes natural firman más de un contrato indefinido. «Antes de la reforma laboral dicho comportamiento era anecdótico, mientras que desde entonces son más de 1 millón de personas las que han pasado por esa experiencia». O los contratos indefinidos utilizados para cubrir necesidades temporales es el artificial crecimiento de los despidos por 'no superación de períodos de prueba'. Durante los ocho primeros meses de 2024 un total de 478.362 contratos indefinidos se han finalizado por este motivo, 11 veces más que en 2021, el año previo a la entrada en vigor de la reforma.