Bomberos, médicos y profesores denuncian la temporalidad en el sector público a las puertas del Congreso

En la protesta ha habido médicos, profesores, administrativos, bomberos o tesoreros, y todos tienen en común el hecho de que no cuentan con un contrato fijo, un problema que afecta en torno al 30% de los que trabajan para la Administración y que ya le ha valido a España varias reprimendas -tanto de la Comisión Europea como del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- y la pérdida de fondos europeos.

De hecho, esta concentración llega a dos días de que el Abogado General de la Unión Europea se pronuncie sobre una sentencia del Tribunal Supremo que rechaza hacer fijos a los interinos y, dependiendo del sentido del fallo, añada más presión al Gobierno. Precisamente, parte de los reproches de los convocantes se dirigen contra los tribunales españoles, pues consideran que estos están «incumpliendo sistemáticamente» la normativa europea. Hay que recordar que esta batalla también tiene un frente judicial, dada la dispar interpretación que han mantenido hasta ahora los tribunales españoles en torno al derecho de los interinos de pasar a fijos.

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Sea como fuere, el principal objeto de la furia de los empleados públicos esta mañana ha sido el Gobierno, tanto el actual como los anteriores: «El problema de la temporalidad en las AA.PP. viene de muchas décadas atrás y de Gobiernos de distinto cuño político, amplificado por Administraciones autonómicas y locales negligentes, que se han aprovechado de tener trabajador@s de segunda», han asegurado en una nota.

En lo que refiere al Ejecutivo actual, hay que recordar que hace cuatro años se comprometió con Bruselas a rebajar la interinidad al 8% antes del final de 2024 y lo cierto es que casi un año después de que expirara el plazo un 30% de los trabajadores públicos siguen sin contrato fijo.

Concretamente, los convocantes piden la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública -una norma que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para atajar el problema por la vía de más controles y sanciones para los incumplidores- u otra ley específica con soluciones tanto para el personal abusado en activo como para los miles que han sido cesados.