El Banco de España invoca al BCE para cargar contra el impuestazo

«El Banco de España comparte las conclusiones y recomendaciones del dictamen del BCE», señala el Informe de Estabilidad Financiera de primavera en un recuadro específico sobre el nuevo impuesto, que abarca el periodo 2024-2026. Eso, 'de facto', supone cargar contra el tributo.

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El supervisor español destaca que «al igual que en el gravamen temporal, no se grava el beneficio final de las entidades, sino un escalón intermedio de su cuenta de pérdidas y ganancias», lo cual «potencialmente genera efectos distorsionadores, ya que el impuesto es parcialmente insensible a caídas de beneficios, y puede desincentivar modelos de negocio basados en mayor asunción de riesgo de crédito y, por tanto, mayores costes de provisiones por deterioro (no deducibles de la base imponible)». Esta es la única crítica que se entiende que vierte el Banco de España por su cuenta.

A partir de ahí, la institución nacional toma de base el dictamen del BCE. «El BCE destaca que su imposición puede reducir la capacidad de resistencia del sector bancario frente a perturbaciones, y podría conllevar efectos económicos adversos al limitar la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios», señala el informe.

En el diseño del nuevo impuesto se establece una deducción extraordinaria en función de la rentabilidad que mitiga los efectos negativos, pero el Banco de España sostiene también que «esa mitigación solo se produce en circunstancias de rentabilidad negativa o baja, y de modo parcial en este último caso, por lo que no se evita completamente que el impuesto disminuya la capacidad de las entidades de acumular capital en estas circunstancias. Además, en períodos de alta rentabilidad, la deducción no sería de aplicación y, por tanto, el impuesto limitaría la capacidad de acumular capital de forma preventiva frente a futuras perturbaciones».

La institución dirigida por José Luis Escrivá recuerda que el BCE advierte de que el impuesto «puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria», así como que la escala progresiva que se establece «puede producir asimetrías competitivas en función del tamaño de las entidades».

En lo que respecta al Gobierno, el Informe de Estabilidad Financiera pone énfasis en las finanzas públicas como un elemento de vulnerabilidad de la economía. Aunque el Banco de España reconoce que la deuda y el déficit públicos se han reducido estos años, lo cierto es que todavía queda camino por delante para enderezar las cuentas públicas.

Como guía, el Ejecutivo ha elaborado el plan fiscal hasta 2028 pero este resulta insuficiente para el Banco de España en cuanto a su nivel de detalle. «Carece de medidas concretas para su cumplimiento», recoge el informe del Banco de España.

En este sentido, señalan que no se incorpora «información sobre la evolución prevista de los componentes de los ingresos y gastos públicos más allá de 2025, lo que reduce su utilidad como instrumento de planificación fiscal a medio plazo, un aspecto que también ha destacado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su valoración del plan».

Daniel Pérez Cid, director general de Estabilidad Financiera, ha destacado que «hay varios elementos en que la concreción debería ser mayor», en referencia a los ingresos y gastos. «Hubiéramos preferido mayor concreción. También en la valoración concreta de las medidas estructurales implementadas», ha añadido.

«El elevado nivel de endeudamiento público español contribuye a un crecimiento más frágil e implica mayor sensibilidad a los cambios en las condiciones de financiación por el viraje de las políticas económicas globales», insiste el Banco de España también, al tiempo que destaca que habrá más presiones sobre el gasto público «asociadas al proceso de envejecimiento de la población, a las nuevas necesidades de gasto en defensa y para las transiciones digital y climática».

Más allá de ello, la institución hace referencia en sus mensajes a un mecanismo del que dispone para tratar de evitar o contener futuras burbujas de crédito, como la que se generó antes del estallido de la crisis de 2008. El Banco de España destaca que tiene a su alcance establecer limitaciones a la concesión de préstamos, como hipotecas, al igual que han hecho ya algunos países para el caso de que se detecten problemas en el mercado.

Esta posibilidad forma parte de sus herramientas de política macroprudenciales; un punto relevante dentro de sus atribuciones y que supone cierta novedad en el enfoque que plantea la institución ya que hasta ahora era algo sobre lo que no se había hecho una mención expresa hasta este informe.

Se trata de la capacidad para establecer estos límites sobre los estándares que aplican las entidades bancarias para las nuevas operaciones de crédito, tanto con hogares como con sociedades no financieras. Por ejemplo, en el caso de las operaciones hipotecarias, el Banco de España podría establecer límites sobre ciertas ratios de concesión, así como los plazos máximos admisibles en las hipotecas nuevas, entre otras medidas. Todo para evitar que se pueda generar una nueva burbuja si existiera riesgo.

La organización no considera activar ahora esta herramienta, pero lo deja abierto para el futuro en la evaluación que está realizando; lo que sí constatan es que el precio de la vivienda está sobrevalorado en un 8,5% por encima del valor de equilibrio. «Existe un consenso internacional creciente sobre la necesidad de tener activados unos límites macroprudenciales estructurales sobre las condiciones de concesión de préstamos hipotecarios», sostiene en el informe, al tiempo que añade: «En las fases bajistas, las entidades financieras tendrían, en la práctica, incentivos para aplicar estándares crediticios más exigentes que estos límites, por lo que no serían una restricción efectiva, sino una barrera latente. Sin embargo, en periodos alcistas, en particular con un mercado inmobiliario expansivo, sí que serían de forma general restrictivas, evitando una relajación excesiva de los estándares crediticios».

España es uno de los tres países que conforman la unión bancaria que aún no ha activado esta medida ya que no identifican grandes riesgos y vulnerabilidades sistémicas en el mercado de crédito, especialmente el inmobiliario, que justifiquen su implantación inmediata. «En el corto plazo, se ha puesto en marcha un plan de trabajo analítico para profundizar en el seguimiento de los estándares de concesión de préstamos a hogares y a sociedades no financieras», y todo ello se utilizará para evaluar si se establecen estas restricciones.

Sobre la salud del sector financiero, el informe del Banco de España destaca que según los test de estrés, «los niveles actuales de solvencia de las entidades españolas proporcionan una capacidad de resistencia agregada notable», aunque no por ello las entidades financieras pueden relajarse.

Además, la institución ha insistido en que mantener elevados niveles de solvencia no está reñido con algo que ya ha pedido el Banco de España, y otros bancos centrales de otros países, en términos de regulación: «Esto debe ser compatible con que se aborde en la Unión Europea una revisión del marco regulatorio y supervisor con el objetivo de dotarlo de una mayor simplicidad, claridad y predictibilidad, sin reducir el nivel de resiliencia del sector bancario».

Como principales riesgos, el Informe de Estabilidad Financiera destaca el geopolítico, entre otros, dentro de lo cual se incluyen también los aranceles de Estados Unidos. «El deterioro del contexto geopolítico ha sido identificado como el principal riesgo para la estabilidad financiera por el análisis propio del Banco de España y por la mayoría de los expertos externos consultados», señala el documento, que añade: «Las políticas de la nueva Administración de Estados Unidos, sobre las que persiste una elevada incertidumbre, han comenzado a mostrar un impacto adverso sobre la actividad y las condiciones financieras a nivel global».

A este lado del Atlántico, la organización de Escrivá incide en que en Europa la incertidumbre política también es un foco de preocupación, principalmente por Francia y Alemania, pero no solo. «En el caso de España, el contexto parlamentario hace también menos previsible la evolución de las políticas económicas, en particular los planes de consolidación dentro del ámbito fiscal. Esta incertidumbre es identificada por las empresas españolas como uno de los principales factores que pueden impactar negativamente su actividad», dice el documento.