El Banco de España deja de mencionar el gasto en pensiones como amenaza en el primer informe anual de la era Escrivá
El supervisor evita dar una estimación de impacto económico de los aranceles, aunque advierte que una escalada perjudicaría más a España que a otros países
El Banco de España anuncia que revisará a la baja su previsión de crecimiento para este año por la guerra comercial
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá
«Desde la perspectiva de las cuentas públicas, esta evolución demográfica generará un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas. De acuerdo con las proyecciones de la Airef, dicho gasto escalará. El análisis de los principales cambios normativos introducidos, si bien ... está sometido a una notable incertidumbre, apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos». El último informe anual del Banco de España de la etapa como gobernador de Pablo Hernández de Cos era contundente al señalar la evolución del gasto en pensiones como una de los asuntos a abordar para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas e incluso instaba al Gobierno a «garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones» ante esa percepción de que desequilibrio general del sistema. No era una reflexión nueva. Con diferentes palabras esta aparecía de uno u otro modo en todos los informes del Banco de España en los últimos años.
Hasta este año. El primer informe anual del Banco de España de la era como gobernador de José Luis Escrivá, a su vez autor de la reforma de pensiones durante su etapa como ministro de Seguridad Social del Gobierno, deja de mencionar las pensiones como amenaza, tanto desde la perspectiva de la sostenibilidad a futuro del sistema como desde la más general del desequilibrio de las cuentas públicas.
Las puntuales referencias a un asunto que se ha convertido en una alerta clásica en los informes del Banco de España desde hace años se refieren al reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el asunto, que como destaca el documento constata que «la proyección de gasto en pensiones neta de las medidas de ingresos aprobadas no excede el umbral establecido en dicha regla, lo que exime al Gobierno de llevar al Parlamento medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones«. Es decir, no solo no es un amenaza, sino que no se necesitan medidas adicionales, en contra de lo que ha sido la doctrina asentada sobre el asunto del Banco de España hasta hace apenas unos meses.
El director del Área de Economía de la institución, Ángel Gavilán, que últimamente casi está teniendo que dedicar más tiempo a explicar los aparentes giros de relato del Banco de España que el contenido de los informes, ha justificado este martes la falta de referencias al asunto de las pensiones en el informe en que «no todos los años podemos hablar de lo mismo» y ha asegurado que la posición de la entidad respecto al asunto continúa siendo la misma que se ha expresado en los muchos informes que en los últimos años se han hecho sobre la cuestión.
El caso de las pensiones ilustra el cambio de tono que se aprecia en el informe más referencial del Banco de España. Hace un año, a semanas de finalizar su mandato al frente de la entidad, Pablo Hernández de Cos convirtió el informe en una especie de testamento político de su etapa de gobierno y dejó formuladas una larga serie de recomendaciones a futuro para afrontar los desafíos estructurales de la economía española: impulsar el crecimiento de la productividad, reducir la elevada tasa de paro estructural, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, disminuir las vulnerabilidades de ciertos segmentos de hogares, afrontar los desafíos que plantea la transición ecológica y reforzar la capacidad de resiliencia de nuestro sistema financiero.
En el informe de este año, el largo listado de desafíos formulados por De Cos se ha reducido: la mejora de la productividad y la baja tasa de paro de la economía española, con menciones al mercado de la vivienda, los flujos migratorios, el cambio climático y las cuentas públicas. Aspectos, por cierto, en los que el informe destaca los avances conseguidos en el último años, reduciendo las recomendaciones a un deseo de una mayor minuciosidad en el plan fiscal aprobada por el Gobierno y eso sí a la reforma de las políticas activas y pasivas de empleo, una de las grandes asignaturas pendientes del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.
La factura de la baja calidad institucional
Uno de los mensajes en que más incidió el anterior gobernador en las últimas semanas de su mandato fue en el coste de la inestabilidad política. Lo hizo apoyado en encuestas elaboradas por la institución que aseguraban que cerca de dos de cada tres empresas ya señalaban este factor como el que más condicionaba sus decisiones estratégicas. Su recomendación entonces fue promover consensos en aspectos fundamentales de la política económica para superar esa parálisis.
El último informe anual del Banco de España amplía el foco sobre este asunto y apunta a la calidad institucional y la polarización política como factores de freno de la actividad económica. Un informe interno elaborado por el supervisor y que verá la luz en los próximos días concluye que en la última década España ha sido el tercer país de la UE donde más se ha deteriorado la calidad de las instituciones, solo por detrás de Hungría y Grecia. El asunto es grave, ha subrayado este martes Ángel Gavilán, por cuanto hay evidencia científica que apunta a que los países con mejor calidad institucional son también los países donde más mejora la productividad.
A la entidad también le preocupa el repunte de la polarización, que aunque se comparte con otros grandes países europeos, también tiene incidencia sobre el desempeño de la economía, probablemente por los canales de contagio que ya apuntó en su día el anterior gobernador.
Lío con el impacto de la crisis arancelaria
Se esperaba con interés la medición de impacto del Banco de España sobre la crisis arancelaria, después de que el gobernador, José Luis Escrivá, hubiera deslizado hace algunas semanas una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento para este año. El supervisor ha remitido a la actualización de sus previsiones económicas la estimación concreta que hace del asunto, pero ha detallado como anticipo que el impacto directo de los aranceles sobre el PIB oscilará entre la décima y las dos décimas aún en el peor de los casos, el de una guerra comercial abierta que implique a los principales actores comerciales del mundo.
También ha advertido que el golpe para la economía española no vendrá tanto de los aranceles como de las consecuencias que estos pueden generar sobre el clima económico general, en forma de turbulencias financieras e incertidumbre sobre los agentes económicos, canales que podrían restar hasta tres décimas anuales cada uno al PIB en los próximos meses, lo que en apariencia podría dar lugar a un impacto agregado de hasta siete u ocho décimas sobre el PIB español en el peor de los casos. El director de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, ha querido matizar que esos tres canales de impacto, el puramente arancelario, el financiero y el de la incertidumbre, no se pueden agregar por lo que el impacto podría ser ligeramente menor, siempre en el peor de los casos.
El informe también advierte de que España sería uno de los países más perjudicados en caso de una respuesta europea a los aranceles recíprocos de Trump, es decir, en un eventual escenario de empeoramiento del clima comercial o de una escalada arancelaria.