«El Banco de España no debe desentenderse del futuro de las pensiones»

Fue a partir de entonces cuando el Banco de España, que ya contaba con el mayor servicio de estudios del país, empezó a analizar en profundidad la cuestión, por su relevancia para la buena salud de las cuentas públicas y por extensión para la estabilidad financiera del país. Treinta años han transcurridos desde aquel episodio, en los que la institución no ha dejado de publicar análisis y recomendaciones sobre el tema, hasta las controvertidas declaraciones del gobernador actual, José Luis Escrivá, cuestionando la capacidad técnica del banco para evaluar la sostenibilidad de las pensiones y anticipando un perfil mucho más bajo de la institución, sobre todo a la hora de recomendar medidas de política económica para mantener el gasto en pensiones a raya.

Pero es precisamente ese, el impacto de las pensiones en el conjunto de las finanzas públicas, el vector que necesita la economía para testar hasta dónde se puede estirar esa partida que afecta al gasto público y, sobre todo, a la deuda y las finanzas. Es la principal crítica que realizan varios altos cargos de la Seguridad Social consultados por ABC, tanto de gobiernos del PP como del PSOE: el supervisor no puede desligarse de esta cuestión por el gran peso que tiene en la estructura económica del país, algo que no ocurre en los países de nuestro entorno.

De ahí los estudios realizados hasta ahora. «Un tema que se manejaba bien en esa institución deja de tener en cuenta estos elementos que son determinantes dentro de la posición fiscal de cualquier país y mucho más en España, donde las pensiones representan más de un tercio del gasto», señala Miguel Ángel García, profesor economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador Fedea.

Este economista, que también fue director general de Ordenación de la Seguridad Social, apunta que los análisis del Banco de España «no solo son determinantes ahora, sino sobre todo para el futuro». Porque, tal y como recuerda el último informe de la Autoridad Fiscal (Airef), ese gasto va a crecer en 3,4 puntos de PIB hasta 2050. «Un sistema que ya necesita aportaciones del Estado, precisará aún más en el futuro», explica García. «Y si esto no es relevante para el Banco de España, le inhabilita para cualquier aspecto vinculado al sistema fiscal español, e incluso al mercado laboral porque para pagar las pensiones se necesitan impuestos y cotizaciones».

La realidad financiera de las pensiones viene condicionada por la necesidad de las inyecciones de dinero que el Estado debe realizar cada año al sistema para garantizar el pago de las prestaciones. La Seguridad social acumula una deuda de 126.000 millones de euros, recibió del Estado 54.000 millones, porque no había suficiente dinero para el abono de las pensiones.

Por eso, los analistas consultados muestran su sorpresa ante este desinterés de Escrivá. Un alto cargo del Ministerio de Seguridad Social de la anterior legislatura (la primera de Pedro Sánchez) admite que él «hubiera apostado porque el Banco de España fuera advirtiendo de las líneas rojas respecto de la congruencia del endeudamiento público convergente en la UE». «Y eso es un gran reto que tiene nuestro país, porque en dos décadas, uno de cada tres euros del gasto público irá a pensiones», insiste en recordar.

Alguno de esos técnicos, que prefieren quedarse en el anonimato de esta información, consideran que «si alguien tiene capacidad y músculo para hacer números de pensiones es el Banco de España» por estadísticas como la Encuesta de Presupuestos Familiares, deuda pública, los Márgenes Empresariales, etc.

Además, rechazan la idea, deslizada por Escrivá, de que el Banco de España es el único supervisor que realizaba estos análisis entre los bancos centrales. «No tiene sentido que abandone su responsabilidad de análisis y asesoramiento en materias de primer orden», indica Miriam González, fundadora de España Mejor. E insiste en que «el problema de la sostenibilidad no va a desaparecer simplemente porque se deje de hablar de ello».

Entre los bancos centrales, los de España e Italia destacan en el análisis del sistema público de reparto y sus reformas. Alemania y Países Bajos enfatizan la relación entre pensiones complementarias y sostenibilidad a largo plazo. Francia se centra en el ahorro ante las reformas. E incluso el BCE provee una visión transversal, abordando el tema como parte del análisis de ahorro, deuda o envejecimiento.

Aunque no todos opinan igual. El que fuera secretario de Estado de Seguridad Social con Zapatero y también en los primeros compases del gabinete Sánchez, Octavio Granado, entiende que el contexto actual es diferente y que los informes del Banco de España no son tan necesarios como antes. «Ha realizado informes sobre las pensiones desde mediados de los noventa y siempre han sido de gran nivel técnico, con independencia de las diferencias que pudiera haber sobre su contenido. Antes era la única institución con capacidad para analizar el sistema, pero ahora está la Airef, el Ageing Report de la Comisión Europea y bases de datos accesibles para cualquier investigador como la Encuesta Continua de Vidas Laborales, que hacen que sus informes no sean tan necesarios ya».

Para Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CC.OO., el nuevo papel de la Airef, con sus informes cada tres años, «es la forma más fiable y razonable de esta evaluación» del sistema. Considera que aunque la labor del Banco de España ha sido «de interés» en las últimas décadas, que Escrivá haya decidido centrarse en la supervisión «no constituye un problema» al contar con la alternativa de otras estimaciones oficiales.