La banca podrá exigir al cliente productos vinculados para darle el aval hipotecario

Estos avales, destinados a facilitar que los jóvenes accedan a una hipoteca sin necesidad de aportar ahorros previos, se aprobaron definitivamente en abril de 2024 con una dotación de 2.500 millones de euros. Pero su puesta en funcionamiento efectiva no se espera hasta ahora septiembre, ya que las entidades financieras se han ido adhiriendo a la línea de avales en semanas posteriores y después se tenían que desarrollar los procesos internos en cada banco y el sistema de conexión con la Administración.

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Daniel Caballero

En el convenio para la puesta en funcionamiento firmado por el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -este último es el que gestiona la línea- se recogen las condiciones de los avales hipotecarios. Entre ellas se mencionan los «productos y servicios asociados al préstamo hipotecario»; en este sentido, el documento establece que el banco «podrá acordar» con el cliente que tenga que contratar más productos y servicios, «de acuerdo con sus procedimientos y prácticas habituales para la financiación de vivienda».

Los productos vinculados que más suelen asociarse a la concesión de una hipoteca son los seguros, pero también cuentas corrientes o incluso fondos. Lo que consiguen las entidades financieras con esto es lograr sacarle el mayor rendimiento posible al cliente y, también, vincularle al máximo con el banco que le da la financiación. Porque lo que realmente quieren las entidades es ser el banco principal de sus clientes en el que estos tienen la nómina, la hipoteca, los seguros, las inversiones, las domiciliaciones...

Con todo, esta posibilidad que el Gobierno da a los bancos de exigir a los usuarios la contratación de más productos para concederles el aval público hipotecario es algo novedoso ya que durante el Covid esta práctica estuvo vetada. En la pandemia se habilitaron avales públicos para facilitar el crédito a familias y empresas, y en ese momento se prohibió también que se exigiera otros productos o servicios para conceder el crédito ICO.

El problema incluso llegó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abrió expediente a cuatro bancos por esta práctica. Finalmente la investigación acabó en nada.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe de fiscalización sobre los avales del Covid en el que recomienda, de cara a futuras garantías públicas que se pongan en marcha, que el ICO tenga «mecanismos exigentes» para hacer cumplir a los bancos las obligaciones que adquieren en los contratos que firman, entre ellas «la prohibición de condicionar las operaciones a la asunción por el cliente de algún otro servicio o producto».

Ese informe fue refrendado por las Cortes, en la comisión mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el que se instaba hace escasas semanas al ICO a ir por esa senda en las líneas de avales. La diferencia, en este caso, es que el propio Gobierno ha habilitado a las entidades financieras a poder exigir a sus clientes la contratación de más productos si quieren acceder a los avales hipotecarios.