Ni bagaje ni formación, el lastre del 'dedazo' en las empresas públicas

Paradores, la empresa que gestiona la red de cien establecimientos turísticos singulares en manos del Estado, tiene como presidenta a Raquel Sánchez, licenciada en Derecho, experta en la rama laboral y de Seguridad Social para la que esta empresa, que factura más de 300 millones de euros anuales y tiene cerca de 4.500 empleados, será también su primera aventura empresarial.

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Navantia está dirigida por un ingeniero agrónomo, de nuevo procedente de la política autonómica, Ricardo Domínguez, que ha ocupado básicamente cargos relacionados con el sector agrario. El presidente de Renfe, Raül Blanco, es un profesor de Economía Aplicada que en 2011 dio el salto a la política autonómica y que jamás había tenido atribuciones directivas en una empresa hasta su nombramiento en la ferroviaria. La principal responsable del hipódromo de la Zarzuela, Maritcha Ruiz, es una periodista, experta en Relaciones Institucionales y Protocolo.

Estos son solo un puñado de ejemplos y limitados al perímetro de actuación del Estado pero, según denuncian los informes sobre el asunto que han elaborado entidades como la Fundación Hay Derecho y la Fundación Fide es una situación generalizada en todos los niveles de la Administración.

Los nombramientos de los máximos responsables de las empresas públicas no suelen responder a criterios de mérito relacionados con la formación específica en una materia o una acreditada experiencia en la gestión mercantil, sino a parámetros más asociados a la relación de confianza con el responsable directo del nombramiento, que suele inclinarse, como en los casos antes mencionados, por compañeros de armas en la arena de la política. Es de este modo que puede suceder que un técnico informático sin experiencia en gestión empresarial puede acabar presidiendo Correos, porque resulta que fue jefe de gabinete del actual presidente del Gobierno; o que le sustituya un economista especializado en su día en fundamentos de análisis económico cuya mayor aproximación al sector postal fue ser alto cargo del Ministerio de Fomento, aunque no del área de la que depende la regulación postal. O que una periodista presida una empresa amenazada por la quiebra como la que gestiona el hipódromo de la Zarzuela, porque resulta que en su día fue jefa de prensa del presidente del Gobierno en el PSOE.

«La realidad a día de hoy es que tú puedes nombrar para presidir una empresa pública a quien te dé la gana, sin ningún requisito de formación o experiencia previa», explica Mario Garcés, ex secretario de Estado del gabinete Rajoy y coordinador del informe de expertos patrocinado por la Fundación Fide para mejorar la gobernanza de las empresas públicas en España.

Este informe miraba la experiencia de Portugal y recomendaba la creación de un órgano independiente y cualificado para encomendarle la selección, no solo de presidentes, sino también de directivos de las empresas bajo criterios de mérito y capacidad. Son los presidentes los que acaparan las portadas, pero los cuadros directivos de las empresas públicas están plagados de personas cuyo único mérito acreditado es ser una persona de confianza del dirigente político de turno.

Especialmente célebre fue el caso de la SEPI, que vivió un auténtico desembarco de ex altos cargos de la Junta de Andalucía allá por 2018 apadrinados por la entonces recién nombrada ministra de Hacienda y exconsejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero. El cenit de ese trajín de nombramientos fue la designación como presidenta de la filial tecnológica de Navantia de una enfermera que acreditaba como principal mérito el haber sido portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Murcia.

El 'dedómetro' que publica la Fundación Hay Derecho para denunciar precisamente la falta de profesionalización de la dirección de las empresas públicas subraya esa afirmación con datos. Tras analizar más de 155 casos, y a partir de una escala en la que 10 implica el máximo nivel de meritocracia y 0 nula adaptación al puesto, el indicador concluye que fuera de los supervisores y de las autoridades independientes –donde el perfil de los candidatos está mucho más ajustado a las necesidades del puesto– el nivel de formación, la experiencia en la gestión y la especialización en la materia se sitúan por debajo de cinco, y que las relaciones políticas pesan tanto en la elección de los responsables como la experiencia en la materia en cuestión.

«Lo habitual es que para ser primer directivo de una gran empresa pública no haga falta prácticamente ningún requisito salvo, claro está, ostentar la confianza de quien realiza el nombramiento», denuncia la Fundación Hay Derecho, que ha promovido una campaña de recogida de firmas en redes sociales bajo el título 'Entidades públicas, ¡basta de amiguismos!' con el propósito, según se recoge en las bases de la campaña, de «exigir a las entidades públicas transparencia total en los procesos de selección de directivos públicos y conocer sus CV completos. Basta de personas que ocupan puestos pagados entre todos y que no han sido elegidas por su experiencia ni por su formación, sino por una sola razón: el amiguismo».

«La defensa de lo público exige que estén los mejores», asegura Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. «Las empresas y entidades públicas se han convertido en lugares para colocar a los afines y además es así gobierne quien gobierne; los nombramientos se hacen a dedo y no en función del mérito y la capacidad».

Esta forma de hacer no sale gratis. ABC ha ido publicando las iniciativas del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, en el operador postal del Estado, Correos, una empresa que factura en torno a 2.500 millones de euros, que tiene un plantilla de 50.000 trabajadores, y que se encuentra al borde de la quiebra tras haber perdido más de 1.000 millones de euros en apenas cinco años, dejando una situación que el nuevo presidente designado también por Sánchez ha reconocido como «crítica» y que abocará a la compañía casi con toda seguridad a un rescate público.