Los ayuntamientos solo podrán invertir en vivienda 6.000 millones de los 50.000 que tienen ahorrados

Sobre el papel la medida podría permitir a los ayuntamientos desbloquear una parte de los 6.642 millones de euros de excedente con el que cerraron el ejercicio de 2024, lo que en grueso supone una cantidad similar a la dotación del Plan Estatal de Vivienda (7.000 millones de euros), pero sucede que al estar en diciembre y al haber recibido a principios de año la recomendación del Ministerio de Hacienda de que aprovecharan esos recursos para amortizar deuda, una parte importante de ese excedente ya no está disponible en la caja de las corporaciones municipales, según explican a ABC fuentes municipales.

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Tal vez por esta circunstancia la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que ha hecho bandera de la exigencia de mayor flexibilidad para que los ayuntamientos puedan utilizar sus superávit para proveer de vivienda a sus ciudadanos y que incluso volvió a recordar esta reivindicación a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hace apenas unos días en La Coruña, reaccionó ayer con cautela al anuncio del presidente del Gobierno y reconoció estar «expectante» a la espera de ver cómo se refleja este anuncio en el BOE.

Fuentes del ámbito municipal se malician que este anuncio no sea más que una maniobra política para contentar a Junts, que había solicitado esta medida al Gobierno, y que no tenga una operatividad real en el futuro. Hay que recordar que la normativa actual deja en manos del Ministerio de Hacienda la autorización de los programas de inversión financieramente sostenible por lo que cualquier actuación en este ámbito deberá contar con la aprobación de Hacienda, para la que el superávit municipal es una especie de seguro para garantizar la reducción progresiva del déficit público. Alimenta esta sensación el hecho de que el Ministerio de Hacienda no comentara nada en absoluto de este asunto, pese a ser instado a ella por la FEMP, en la reciente reunión de la Comisión Nacional de Administración Local para comunicar los objetivos de déficit para el periodo 2026-2028.

La medida anunciada ayer ha generado mucho descontento en el sector, teniendo en cuenta que supone una parte ínfima de lo que verdaderamente se podría liberar, en un momento en el que la necesidad de construir vivienda tanto pública como privada es máxima. Fuentes del sector lamentan que esto ocurra cuando los ayuntamientos están dispuestos a ayudar a resolver el déficit del parque público de vivienda en España, «pero tienen las manos atadas con el dinero bloqueado en el banco». «Esta ayuda es muy poca teniendo en cuenta el dinero que los ayuntamientos tienen parado», aseveran las mismas fuentes, quienes insisten en que la solución está también en agilizar la normativa y liberalizar suelo para poder construir.

Porque del lado del sector residencial, también ha habido mucha presión al Gobierno para liberar ese superávit con el fin de dedicarlo a construir vivienda pública. De hecho, se trata de una reivindicación que la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha exigido en varias ocasiones como solución al problema habitacional. «Los ayuntamientos no se los pueden gastar por la regla de gasto, cuando necesitamos un giro profundo en la políticas públicas de vivienda y aspectos presupuestarios, ya que España es de los países con mayor recaudación fiscal inmobiliaria y menos inversión en vivienda de la Unión Europea», algo para lo que dicen, «es fundamental que los ayuntamientos realmente tengan la capacidad y el presupuesto para abordar el problema», señalan desde la asociación.

Por el momento, falta por conocer la letra pequeña del anuncio, pero la reforma reclamada por Junts, también permitirá a los gobiernos locales destinar esos beneficios a inversiones destinadas a abastecimiento de agua, recogida de residuos, asistencia social «o inversiones con efectos positivos para el cambio climático y mejora de la eficiencia energética», según adelantó ayer la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De manera concreta, comunidades autónomas y ayuntamientos podrán emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante el año 2024 en inversiones financieramente sostenibles durante 2025, 2026 y 2027.

En paralelo a esta medida, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también anunció ayer la creación de una partida de ayudas destinadas a propietarios con inquilinos morosos «en caso de arrendamientos a jóvenes o a familias vulnerables». Pero no se trata ni mucho menos de una nueva medida, porque lo que va a llevar el Ejecutivo al próximo Consejo de Ministros es el seguro por el impago de la renta, que el Gobierno y Junts ya acordaron el año pasado para desbloquear el decreto ómnibus, como así aseguran a este periódico fuentes de La Moncloa. De hecho, el pasado 18 de noviembre el Consejo de Ministros autorizó la tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto que determina las condiciones de estos avales, que en un principio solo protegerán a los alquileres ajustados al índice de referencia de precios del Ministerio de Vivienda, tal y como se aprobó en la reunión ministerial del 28 de enero de 2025.

Según el texto publicado entonces, las compensaciones serán gestionadas por las comunidades y ciudades autónomas pero la financiación correrá a cargo del Estado (Ministerio de Vivienda). Además, el dinero solo se podrá pedir una vez el arrendatario moroso haya abandonado la casa, ya sea, mediante resolución judicial de lanzamiento o mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la vivienda. Si nada cambia respecto a la redacción inicial, para poder obtener las ayudas, los propietarios tendrán que tener depositada la fianza legal y sus actualizaciones, y deberán haber suscrito con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler.