El Ayuntamiento de Palma prepara una batalla legal contra el Gobierno de Sánchez por «expoliar» Mercapalma

La finalización de la concesión el pasado 7 de junio obliga a ambos accionistas –el Ayuntamiento de Palma y Mercasa- a iniciar el proceso de disolución y los trámites para que el consistorio recupere todas las instalaciones en condiciones de uso normales. Sin embargo, «mientras estábamos negociando todo el proceso, estaban actuando a nuestras espaldas tramitando un procedimiento exprés para privar al municipio de Palma de sus derechos de reversión sobre los activos y pasivos de Mercapalma sin compensación económica alguna», denunció el alcalde este martes, criticando la última maniobra de Mercasa.

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Mayte Amorós

Ésta ha recurrido a la intervención del Consejo de Ministros para lograr su propósito de mantener una concesión indefinida, como si no existiera la obligada reversión de los activos y pasivos al consistorio al finalizar la concesión, lo que iría claramente en contra de los estatutos de la sociedad.

De hecho, el pasado 2 de julio el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dio traslado al Ayuntamiento de la solicitud de Mercasa de instar al Consejo de Ministros a la expropiación de Mercapalma, proponiendo la modificación de los estatutos para eliminar el plazo de disolución de la sociedad, lo que implicaría eliminar la causa de disolución de pleno derecho y la reversión de todos los activos y pasivos al consistorio sin compensación económica alguna.

Los estatutos de la sociedad especifican, no obstante, que sus activos y pasivos han de revertir en el consistorio de Palma a los 50 años de su constitución, fecha que se cumplió el pasado 7 de junio.

«Las amenazas que desde Madrid está recibiendo Palma no son admisibles y ni Pedro Sánchez ni el Consejo de Ministros pueden torcer la voluntad de los palmesanos. Denunciamos el riesgo evidente de privar a los palmesanos de sus derechos y de confiscar los bienes que son de la ciudad», criticó el alcalde, que reconoce que aunque en el mes de julio se celebraron varias reuniones con el objeto de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, finalmente el pasado 29 de julio, de manera unilateral, Mercasa les comunicó el cese de las negociaciones.

«Es inadmisible y alarmante la manera de proceder del Gobierno de España pretendiendo expoliar Mercapalma, usurpando al municipio de Palma y a sus ciudadanos su patrimonio sin compensación económica alguna», denunciaba el alcalde.