Los autónomos han pagado 1.000 millones más en cotizaciones en dos años

El presidente de la organización de autónomos, Lorenzo Amor, ha puesto sobre la mesa esta cuantía para recordar a la Seguridad Social el contexto en el que se están moviendo los tres millones de trabajadores por cuenta propia con las cuotas de cara a la renovación de estos importes, que se están negociando en el seno del diálogo social. «Los autónomos podemos ser el único colectivo al que le suban las cargas el próximo año sin que haya Presupuestos», ha anticipado.

En esa mesa negociadora, que volverá a reunirse el próximo lunes 13 de octubre, Amor insiste en resolver los «problemas» que aún acechan al colectivo antes de llegar a un acuerdo sobre las cuotas que se pondrán en vigor entre 2026 y 2028. Entre otras cuestiones, el presidente de ATA insiste en aclarar los «problemas de regularización» que hay aún pendientes desde 2023; mejorar la protección social del colectivo; solucionar el conflicto de la pluriactividad; aclarar las posibles reclamaciones de los ingresos que se le imputan al autónomo; y, sobre todo, ajustar la prestación del cese por actividad, que se le niega a seis de cada diez solicitantes. «Hay que resolver todas estas disfunciones», ha insistido Lorenzo Amor en la presentación del Barómetro ATA del tercer trimestre.

Precisamente las cargas impositivas, las cuotas sociales o la evolución de la inflación son los tres grandes problemas que los autónomos reconocen como los factores que más les afectan en su día a día. Tanto es así que «merma» su propia actividad. «Vivimos en una voracidad recaudatoria y un infierno fiscal», ha insistido Amor para comparar la situación de los autónomos con la de las medianas y grandes empresas. El 16% de quienes tienen un pequeño negocio han tenido que reducir plantilla en el último año mientras que en el conjunto de la economía el empleo crece, lo que refleja la situación que vive este colectivo.

Ante esta coyuntura, Amor ha advertido del «hundimiento» que puede suponer para muchos autónomos la aplicación de nuevas normas que afectan mucho más al pequeño empresario que a la gran corporación: la puesta en marcha del nuevo registro horario o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En lo que respecta al registro horario, Lorenzo Amor defiende que «hay que pagar las horas extra» y que «si hay un 1% o 2% de empresarios que no lo hacen, están haciendo un flaco favor a la inmensa mayoría». Pero, sobre todo, ha insistido en que una empresa de uno o dos trabajadores no puede acometer un cambio de registro como el que propone la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque no es comparable con los recursos que pueda tener una empresa de 100 trabajadores en plantilla.