La Audiencia Nacional falla a favor de los pilotos de Air Europa ante Transportes y abre la veda a huelgas más duras

El tribunal ha tomado esta decisión en base a que la Administración fijó como servicios mínimos unos porcentajes de vuelos a proteger, pero omitió fijar la plantilla que habría de atender la prestación de los servicios mínimos, «dejando esa determinación en manos de la propia empresa». «De manera que no es posible conocer ni siquiera aproximadamente, cuantos trabajadores están afectados, cuantos se verán llamados a prestar servicios mínimos, y como se asignarán en las operaciones a realizar por las compañías afectadas, siendo los criterios a juicio de esta Sala de una inconcreción incompatible con las exigencias de los principios de motivación y proporcionalidad», dice la sentencia . Es decir, que estima que debe ser Transportes quien especifique el porcentaje de trabajadores que han de prestar los servicios mínimos y no la compañía.

Sepla destaca que esta sentencia es importante porque evidencia la desprotección que sufren los trabajadores frente a las aerolíneas. «La sala señala que pareciera que existiese una motivación para sobreproteger los intereses de la empresa frente a los derechos laborales de los trabajadores, por la manera en la que se han determinado los servicios mínimos» se explica en el fallo. En consecuencia al fallo, el departamento de Óscar Puente -cuando se produjeron las protestas estaba liderado por Raquel Sánchez- deberá abonar 2.000 euros a Sepla por las costas del proceso.

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La sentencia aboga por un cambio de criterio en la aplicación de los servicios mínimos y abre el camino a que las futuras huelgas que se produzcan en el sector del transporte puedan tener un seguimiento de mayor dimensión. Durante las 26 jornadas de huelga convocadas en tres tandas por los pilotos y otros sectores de la aerolínea de Globalia entre mayo y julio de 2023, fueron 300 vuelos los que se cancelaron, además de varios centenares de retrasos.

Sepla pide ahora a Transportes que «trabaje» para evitar que España sea una excepción en la Unión Europea en la aplicación de los servicios mínimos y que respete los convenios fundamentales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha suscrito, y en los que se concreta que el transporte aéreo «no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término». La organización sindical cuenta ya con 26 sentencias favorables en pleitos de la misma índole.