La Audiencia Nacional condena a los seis hijos de Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de cárcel por la estafa de Nueva Rumasa

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba al inicio del juicio para cada uno la pena de 16 años de cárcel. Durante el juicio descargaron en el padre las decisiones empresariales, y sostuvieron que él en realidad era «el dueño de todo, quien mandaba».

En la sentencia, recogida por ABC, la Sección Segunda de la Sala Penal condena también a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, que era el director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como «banquito de Jerez».

Además, el tribunal ha impuesto la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos, quien figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del Grupo. Igualmente condena a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes.

La resolución indica además que los seis hermanos Ruiz-Mateos, Pazos y Romero deberán indemnizar además de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa.

La Audiencia Nacional detalla que Nueva Rumasa era un entramado con un considerable grado de opacidad porque estaba «constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin», no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal.

Detalla que las sociedades «carecían de una matriz común» y, sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades «se venía poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial».

Aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, indica la sentencia, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación ‒fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda‒.

Esto, unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios «permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad».

La Audiencia Nacional detalla que ese grupo estaba dirigido y gestionado por Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre. Y que «contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores».

La sentencia indica que a principios de 2009 la situación económica y financiera del grupo era de una considerable gravedad por las deudas acumuladas por importe de millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos.

«Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables del Grupo Nueva Rumasa, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros», relata.

Para esa captación de fondos, decidieron apelar al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional, fundamentalmente en la prensa escrita, en las que ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones.

Según el tribunal, el mecanismo ideado por los acusados consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de unos «pagarés de empresa» o «pagarés corporativos» emitidos y avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa pero ocultando siempre su situación real de insolvencia.

La resolución indica que si bien no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas. Según esa información, el importe total de los fondos captados fue de más de 337 millones de euros, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de Nueva Rumasa de 243 millones procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.