El aterrizaje del IPC pone en la diana la rebaja del IVA de los alimentos

En lo que se refiere a la rebaja del IVA de los alimentos la evolución del IPC en octubre ha complicado sobremanera el escenario para una eventual prórroga. Dirigida a tratar de frenar la escalada de precios de la cesta de la compra, la medida se ha aplicado desde enero a los mismos alimentos (aceite y pastas pasaron de estar gravados al 10% a tener una carga fiscal del 5%; y pan, harina, huevos, leche, queso, frutas y verduras del tipo reducido del 4% directamente al 0%), sin incluir carne y pescado.

El asunto es que en el real decreto del Gobierno que, a finales de junio, en pleno proceso electoral, prorrogó la medida se reguló una cláusula según la cual la rebaja fiscal se desactivaría el 1 de noviembre si la tasa del IPC subyacente del mes de septiembre era inferior al 5,5%. Aquello no sucedió, ya que el dato en cuestión se situó en septiembre en el 5,8%, lo que ha determinado que la rebaja continúe en vigor hasta el día 31 de diciembre.

No obstante, sí que se ha situado por debajo del límite marcado por el Gobierno en el mes de octubre cuando, según el dato adelantado del IPC, la inflación subyacente se ha situado en el 5,2%. Fuentes del Ministerio de Hacienda aclaran que la norma es clara al respecto, que toma como referencia el dato de la inflación subyacente de septiembre y que, por lo tanto, la rebaja fiscal se mantendrá bajo los mismos parámetros que ha operado hasta que finalice el año.

Sin embargo, la caída de la tasa por debajo del umbral establecido por el Gobierno para justificar su mantenimiento deja la rebaja en una situación de debilidad, en un contexto en el que España debe acometer un importante ajuste fiscal si quiere reducir su déficit al 3% en 2024 como ha comprometido con Bruselas y en el que la propia Comisión, el BCE, los organismos internacionales y actores como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) están presionando para que el Ejecutivo retire estas medidas discrecionales, particularmente las rebajas fiscales por no estar focalizadas.

Su elevado coste fiscal también alimenta el debate. Según el último informe de recaudación difundido por la Agencia Tributaria, en los primeros nueve meses del año la medida tuvo un coste recaudatorio cercano a los 1.300 millones de euros y si las estimaciones realizadas por la Autoridad Fiscal son afinadas al cierre del ejercicio las arcas públicas habrán perdido 2.200 millones de euros por la medida.

Un coste fiscal elevadísimo que, sin embargo, tiene un impacto limitado sobre las economías domésticas. Un informe elaborado por Fedea estimaba en 22 euros en seis meses el ahorro de la medida para las familias vulnerables y lo elevaba a 60 euros para las más acomodadas. En un año entero la cifra se duplicaría.

La división en el seno del Gobierno es patente. Este lunes, la vicepresidenta Yolanda Díaz insistió en analizar cada una de las medidas anticrisis «de manera individualizada», ya que le preocupa «de manera sustancial» su retirada. Según sus cálculos, no prorrogar ninguna de ellas podría tener un impacto de 1,5 puntos extra en el IPC.

Cabe recordar que la rebaja del IVA fue la única medida que se aplicó de forma directa sobre el sector de la alimentación, pese a que desde el entorno de Díaz se pidió topar los precios de una cesta básica. En el texto del pacto PSOE-Sumar, únicamente se habla de un «seguimiento» de los mismos.

«La rebaja del IVA de algunos productos de alimentación se aprobó con el objetivo de paliar los efectos sobre el consumidor de la inflación que sufre la economía. Actualmente, y a pesar de los esfuerzos de la cadena de valor del sector, el IPC de los alimentos se mantiene por encima del 10%, debido al incremento de costes que afecta a todos los operadores. No se ha producido un cambio que justifique dar marcha atrás en la medida», apuntan a ABC fuentes de Aecoc, que insisten en que «hay que destacar que esta rebaja resulta especialmente beneficiosa para los hogares de menor renta, que son los que destinan más presupuesto a la cesta de la compra».

En este sentido, desde la patronal del gran consumo aseguran que las asociaciones del sector consideran que la rebaja tiene que mantenerse «y que debe ampliarse a productos como carnes, pescados y yogures, que representan el 34% del gasto de los hogares en alimentación», según un estudio elaborado por PwC. «La ampliación de la rebaja del IVA a estos productos no solo es necesaria para generar más ahorro, sino que debe servir para incentivar el consumo de unos productos esenciales en la dieta que este año han llegado a registrar caídas en el volumen de compra de hasta el 15%», aseguran fuentes de la patronal.