Los asesores fiscales temen que se perpetúe el «barullo fiscal»: «A lo mejor estamos llegando al tope»

«A lo mejor estamos llegando al tope», ha deslizado este jueves el presidente del Registro de Asesores Fiscales, Agustín Fernández, en un encuentro con los medios con motivo de las Jornadas Anuales de la rama fiscal del Consejo General de Economistas que se celebra estos días en Tenerife, en relación al relato gubernamental contra los 'ricos'. «Llevamos demasiado tiempo con este relato de los ricos, en el que cada medida que se anuncia parece un castigo y no parece que se percaten de que lo que se castiga es al tejido productivo y a la inversión«, ha denunciado.

El discurso de investidura de Pedro Sánchez incidió en la misma línea argumental de los últimos años: el objetivo de aumentar la presión a los ricos, de aumentar la progresividad del IRPF, de elevar la presión fiscal sobre las rentas al capital y de incrementar la presión en el Impuesto de Sociedades, especialmente a las grandes empresas.

Desde el Registro de Asesores Fiscales se entiende que es al Gobierno al que le corresponde ordenar la política fiscal, pero que la orientación de determinadas medidas está perjudicando la acumulación de capital en las empresas, que es la base para su solvencia y para evitar que tengan que recurrir al endeudamiento.

«Todo esto es una locura», ha recalcado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich. «Estamos en un mundo globalizado, en el que todos los países tienen más o menos el mismo régimen fiscal. Lo más grave de todo esto es que se genera un barullo fiscal permanente y los actores no saben qué es lo que les espera del sistema fiscal. Hay que recordar que ese ruido no gusta a nivel internacional porque influye sobre las decisiones de gasto y ahorro, y condiciona mucho el clima a la hora de invertir», ha advertido.

En el punto de mira, el ejemplo del gravamen sobre las grandes fortunas y el rocambolesco proceso que llevó en primer lugar a su aprobación vía enmienda a una proposición de ley en una maniobra parlamentaria sin precedentes para la creación de un impuesto, a una reacción en masa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP impugnando el impuesto y, en última instancia, a un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que no solo ha partido en dos el pleno sino que es visto como un peligroso precedente para el desempeño de la política fiscal en el futuro.

Desde el Registro de Asesores Fiscales se ha advertido que es muy probable que el dictamen del Constitucional no ponga punta y final a la ofensiva jurídica contra el gravamen a las grandes fortunas. Advierten de que hay aspectos de la norma que no se recogieron en los recursos de los gobiernos autonómicos, más volcados a denunciar la invasión de competencias y lo excéntrico del trámite de aprobación del impuesto, y que tienen claros rasgos de ilegalidad, principalmente por el flanco de la diferente base imponible que exige a los residentes (3 millones de euros) y a los no residentes (3,7 millones).

Advierten, asimismo, de que el rapidísimo dictamen del Constitucional sobre el impuesto a las grandes fortunas ha adelantado el recurso pendiente que aún está vivo contra la reinstauración con carácter permanente del Impuesto de Patrimonio que el Gobierno de Sánchez sustanció a través de una Ley de Presupuestos y que en caso de que el Constitucional declarara ilegal esa maniobra, el impuesto a las grandes fortunas, que no tiene regulación propia sino que se ancla en la del Impuesto sobre el Patrimonio, decaería igualmente, lo que crea una sensación de provisionalidad jurídica al respecto importante.

"Se abren luchas entre administraciones que alejan a estas de su objetivo, que es gestionar con eficiencia los recursos públicos, y crear batallas que perjudican a los ciudadanos", ha denunciado Pich, que ha advertido también sobre el riesgo de generar tensiones en instituciones centrales del Estado como el Poder Judicial.