Los asesores fiscales piden limitar el uso de técnicas de IA y algoritmos por parte de Hacienda para detectar defraudadores

El examen realizado por la asociación a la norma antifraude aprobada en julio de 2021, al que ha tenido acceso ABC, concluye que es necesario reforzar los derechos y garantías que la ley reconoce a los contribuyentes para mejorar su protección frente a la utilización cada vez más intensiva por parte de la Agencia Tributaria de estrategias de explotación de 'big data' y perfilado en base a dispositivos tecnológicos de posibles defraudadores.

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Bruno Pérez

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En concreto, el informe elaborado por Aedaf plantea que se incluyan dentro del capítulo de derechos y garantías de los contribuyentes de la Ley General Tributaria «el derecho del ciudadano a no ser objeto de una decisión administrativa que evalúe aspectos personales y (el derecho) a conocer el sesgo en los programas utilizados para elaborar perfiles, lo que requiere algoritmos transparentes».

La batalla de los asesores por acotar el radio de acción de las herramientas tecnológicas utilizadas por Hacienda en su lucha contra el fraude fiscal viene de meses atrás y ha dejado alguna que otra sentencia judicial, que avala el potencial establecimiento de controles.

El asunto fue puesto incluso sobre la mesa por la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, en una reunión del foro de asesores fiscales con la Agencia Tributaria a propósito de la imposibilidad que determinados contribuyentes tenían para aplicarse desgravaciones fiscales cuando habían recibido un bien inmobiliario por herencia o donación en el programa 'Renta Web'. En aquella ocasión, Aedaf ya expresó su preocupación por el hecho de que «un algoritmo de un programa pueda de alguna forma estar interpretando una norma» al bloquear la posibilidad de aplicarse una desgravación a un contribuyente.

Hacienda se defendió entonces diciendo que el programa informático no hacía otra cosa que aplicar el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos sobre el particular. Pocas semanas después de aquella reunión, fue el Tribunal Supremo el que echó abajo el criterio de Tributos al respecto y con él el algoritmo introducido en el programa con el que se realiza la declaración de la renta.

La sentencia agitó el debate en torno a los algoritmos introducidos por la Agencia Tributaria en los programas de asistencia para hacer las declaraciones fiscales -de uso ya generalizado entre los contribuyentes- y el modo en que estos 'conducen' a los ciudadanos, determinando las desgravaciones fiscales a las que tienen acceso e impidiendo que se apliquen las que el programa entiende que no se pueden aplicar.

El otro flanco de la batalla son las herramientas de inteligencia artificial que de forma cada vez más frecuente utiliza la Agencia Tributaria para seleccionar perfiles de potenciales defraudadores y orientar sus estrategias de lucha contra el fraude.

De esa forma selecciona a los contribuyentes a los que se envían las ya célebres cartas de aviso que reciben los profesionales, empresas y particulares cuyas declaraciones fiscales se separan de forma más o menos significativa del estándar de normalidad definido por Hacienda; e incluso se acumulan indicios para realizar actuaciones. El Supremo ya ha rechazado esta práctica en la célebre sentencia de 2020 en que exigió motivar en algo más que indicios o estadísticas sus registros domiciliarios.