La artillería legal entra en acción en la batalla contra el desperdicio de comida
La nueva normativa refuerza las exigencias a una industria agroalimentaria que señala puntos oscuros como las incógnitas en torno a la medición de las acciones y los mecanismos de control del cumplimiento y la desproporción del régimen sancionador
Las 11 claves para evitar el desperdicio de alimentos
Desde la producción agraria inicial hasta el consumo final en el hogar o en la restauración, cada año se pierden o desperdician alimentos por errores en la planificación y calendario de cosecha, deficiencias en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor, ... comportamiento inapropiado de los consumidores… La cantidad de comida que acaba en el cubo de la basura es uno de los grandes males de nuestro siglo, un problema que perjudica al conjunto de la sociedad por el alto coste social, económico y ambiental que acarrea.
Desde hace tiempo los actores de la cadena llevan a cabo diversas iniciativas para plantar cara a esta realidad, pero a partir de ahora, además, tendrán que afrontar las obligaciones establecidas en la recientemente aprobada Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, por la que España se convierte, por detrás de Francia a Italia, en el tercer país europeo en contar con un marco legal estatal en este ámbito. La norma ha sido bien acogida por las principales patronales del sector, que comparten los objetivos perseguidos, aunque consideran que existen áreas de mejora e incógnitas por despejar, entre las que se incluyen, entre otras, las referidas a los mecanismos concretos que utilizará la administración para comprobar el cumplimiento.
El paquete legislativo se produce en un momento en el que España, en comparación con el resto de Estados miembro, parte de una posición avanzada en este terreno. Según las estadísticas más recientes de Eurostat, de 2022, el desperdicio alimentario se situó en 65 kilogramos per cápita, siendo la cifra más baja del Viejo Continente y muy inferior a la media de los Veintisiete, de 129 kilogramos per cápita. Por actividad, los hogares se encuentran a la cabeza, al generar 26 kilogramos per cápita, lo que supone el 40% del total, seguidos de la producción primaria (24,6%), la fabricación (16,9%), la distribución (10,7%) y la restauración (9,2%). A pesar de los datos, todavía queda camino por recorrer para reducir a la mínima expresión este tipo de prácticas, de ahí la batería de medidas contempladas en la ley.
Ránking europeo
de desperdicio alimentario
En kilogramos per cápita / 2022
España
65
Eslovenia
71
Croacia
72
Hungría
84
Bulgaria
95
R. Checa
101
Eslovaquia
106
Finlandia
109
Suecia
117
Luxemburgo
122
123
Polonia
España
124
UE27
129
Alemania
129
P. Bajos
129
Austria
131
Estonia
134
Francia
139
139
Italia
Lituania
140
Irlanda
144
151
Bélgica
Malta
162
Noruega
165
184
Portugal
196
Grecia
Dinamarca
254
Chipre
294
Desperdicio de alimentos por actividad
En España
Producción
primaria
16
Hogares
26
11
Fabricación
7
6
Restauración
Distribución
Fuente: Eurostat
ABC
Ránking europeo de desperdicio alimentario
En kilogramos per cápita / 2022
65
España
Eslovenia
71
Croacia
72
Hungría
84
Bulgaria
95
R. Checa
101
Eslovaquia
106
109
Finlandia
Suecia
117
Luxemburgo
122
123
Polonia
España
124
UE27
129
Alemania
129
P. Bajos
129
Austria
131
Estonia
134
Francia
139
139
Italia
Lituania
140
144
Irlanda
Bélgica
151
Malta
162
Noruega
165
184
Portugal
Grecia
196
Dinamarca
254
Chipre
294
Desperdicio de alimentos por actividad, en España
Producción primaria
16
Hogares
26
11
Fabricación
7
6
Distribución
Restauración
Fuente: Eurostat
ABC
Una de las principales novedades es la fijación de una jerarquía de prioridades que han de tener en cuenta los operadores de la cadena. En primer lugar, deben prevenir las pérdidas y desperdicio alimentario mediante criterios de producción, compra y gestión racionales que impidan la generación de excedentes. El siguiente eslabón es la transformación de los productos no vendidos pero aptos para el consumo humano en otros productos alternativos para consumo humano. Para aquellos excedentes cuya generación no hayan conseguido prevenir, seguirán el siguiente orden de prioridad: donación para consumo humano, donación para consumo animal y uso como subproducto en otras industrias. En última instancia, se destinarán a la obtención de compost y digerido de máxima calidad para los suelos y, cuando no sea posible, para la valorización energética.
Entre las obligaciones más destacadas está también el disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos que aplique la mencionada jerarquía de prioridades. «Es el mayor hito. Servirá para que los agentes de la cadena se planteen cómo hacen las cosas y analicen si pueden mejorar», valora María J. Herrero, fundadora de la consultora FoodAdvisor y de la Comunidad DAS (Desperdicio Alimentario Sostenible). En el caso de la hostelería y la restauración, deben informar de forma clara y visible a los consumidores de que pueden llevarse a casa la comida que no han acabado, salvo en los formatos de bufé libre o similares.
Eso sí, quedan exentas de los imperativos estipulados en la ley las microempresas y pequeñas explotaciones agrarias, así como los pequeños comercios con una superficie de venta al público menor o igual a 1.300 m2, salvo que en total, bajo el mismo código fiscal, superen esa superficie.
La norma también recoge una serie de buenas prácticas, como incentivar la venta de productos próximos a su fecha de consumo preferente o caducidad, promover acuerdos con entidades benéficas para destinar su excedente para la alimentación humana... Herrero advierte de que es previsible que aumenten las donaciones y haya que reforzar a las organizaciones del tercer sector: «La mayoría de sus equipos los integran voluntarios, por lo que necesitarán que las administraciones públicas les ayuden a profesionalizarse para que puedan absorber lo que reciben».
La experta pone el foco en la importancia de la medición como instrumento para evaluar hasta qué punto se alcanzan las metas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica con periodicidad anual un informe con los datos de desperdicio alimentario que se produce en los hogares españoles (en 2023, ascendió a 1.214,76 millones de kilos/litros, un 1,1% más que en el curso anterior), pero no en el resto de los segmentos. «Es un aspecto que preocupa porque resulta clave que se cuantifique en todos los agentes de la cadena y a día de hoy hay dudas sobre cómo se va a organizar», dice.
Plan nacional
Preguntados al respecto, desde el Ministerio explican que «van a medir y analizar el desperdicio alimentario y publicar anualmente esos datos junto con toda la información que se disponga en relación con el desperdicio en cada eslabón de la cadena». Aseguran a este periódico que aprobarán un plan nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que incluirá los objetivos y prioridades en materia de control a realizar por las administraciones competentes en la materia. «Con estas directrices, previo acuerdo con las comunidades autónomas, serán éstas las que llevarán a cabo en el ámbito de sus competencias el control del cumplimiento de la ley», precisan. Cada año, además, el departamento que dirige Luis Planas realizará un informe que recogerá el resultado del plan nacional de control y las cuantificaciones realizadas de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Pasos adelante para tratar de paliar la problemática de la comida que se tira innecesariamente. Aecoc, la asociación empresarial que reúne a todos los agentes de la cadena de valor, desde productores y fabricantes, a operadores logísticos y distribuidores, comparte los objetivos y el espíritu de la ley. De hecho, desde 2012 trabaja en el proyecto La Alimentación no tiene Desperdicio, de adhesión voluntaria, en el que participan más de 700 empresas. Partiendo de esta base, Nuria de Pedraza, directora de Comunicación de Aecoc y de la mencionada iniciativa, habla de algunos desafíos que se abren a raíz de la aprobación de la norma.
Quedan por conocer, por ejemplo, los detalles sobre qué se exigirá exactamente en los planes de prevención. «Las empresas necesitarán ayuda para elaborarlos de manera correcta, de acuerdo a los requerimientos legales», indicó De Pedraza en el acto de presentación del Barómetro del Desperdicio Alimentario de Aecoc, centrado en los hábitos de los hogares españoles. Por este motivo, la patronal desarrollará una labor de divulgación de los contenidos de la norma y apoyará a las empresas en la realización de dichos planes. La ley, por su parte, recoge que el Ministerio pondrá a disposición de los agentes guías para su elaboración. «Las compañías también se preguntan si aparte de tener el plan han de depositarlo ante alguna administración y cómo demuestran que están cumpliendo, pero no se sabe», señala a este diario De Pedraza, que desliza que una posibilidad es que la administración solicite los planes a los actores obligados a tenerlos.
Colaboración
Desde el Ministerio recuerdan que las administraciones públicas tienen la obligación de promover la colaboración con los agentes de la cadena alimentaria en la lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario. «Para ello se elaborará un Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en el que se tendrá en cuenta a las distintas unidades de la administración general del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Este plan estratégico contendrá la estrategia general y los objetivos y estructura a los que deberán ajustarse los programas autonómicos o de las entidades locales en materia de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario», comentan.
En relación a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que fija la norma, desde el Ministerio indican que «serán las autoridades competentes de las comunidades autónomas quienes verifiquen los aspectos que se contemplan en la ley, y entre ellos la posesión del plan, mediante los procedimientos que las propias autoridades consideren convenientes». Del mismo modo, serán las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias las que controlen los procesos sancionadores.
La norma define como uno de sus objetivos específicos progresar en la medición cuantitativa y cualitativa, rigurosa y actualizada periódicamente, del desperdicio alimentario que se genera en los diferentes eslabones de nuestro sistema alimentario con base en una metodología común. «Pero la ley no refleja explícitamente que las empresas deban tener indicadores de medición», plantea Nuria de Pedraza, de Aecoc. Interrogantes por resolver a la espera del futuro desarrollo reglamentario. Mientras tanto, la patronal está instando a las empresas con las que trabaja a medir parámetros que les permitan saber de qué punto parten para así reducir el desperdicio a futuro y conocer los ahorros cosechados. Lo que es seguro es que las medidas obligatorias contenidas en el artículo 6 de la ley serán aplicadas transcurrido el plazo de un año desde la publicación en el BOE.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) afirma que las medidas que recoge la ley están en línea con la labor que la distribución alimentaria viene desarrollando desde hace años para luchar contra el desperdicio y que han resultado en que en las empresas de Asedas (organización que representa el 75% de la distribución alimentaria en España) el índice de desperdicio sea del 0,6%. Van más allá: «La mayoría de las empresas cuentan con los planes de prevención que exige la ley, que diagnostican por qué se generan desperdicios y buscan alternativas viables técnica, ambiental y económicamente para reducirlas, con medidas de seguimiento periódicas».
Nuria Cardoso, directora de Comunicación de Asedas, traslada que les parece positivo que la ley permita modificar la jerarquía de prioridades de donación de alimentos por motivos justificados conforme a las características del comercio, con algunas excepciones en lo referente a pequeñas empresas que, especialmente en las zonas rurales, pueden tener un poco más difícil realizar donaciones.
Régimen sancionador
En la parte de los aspectos mejorables, apunta al sistema de sanciones al considerar que la finalidad de la legislación «debe ser incentivar buenas prácticas y medidas que fomenten una reducción progresiva de las pérdidas y el desperdicio alimentario, consiguiendo en consecuencia una reducción de los residuos alimentarios y apoyando la construcción de un sistema alimentario más resiliente». Incide en que «la vía para conseguir este objetivo, que es compartido, es más eficaz a través del compromiso que de las sanciones». Desde Aecoc también se muestran a favor de que España hubiera optado por un modelo incentivador, en línea con el de Italia. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1.000 euros, las graves con multa de entre 1.001 y 20.000 euros, mientras que las muy graves con multa entre 20.001 y 100.000 euros.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (Fiab) declara a este periódico que, si bien la ley es positiva en tanto que busca la eficiencia y optimización de la cadena alimentaria, todavía hay aspectos que se podrían mejorar, «como que el régimen sancionador no sea tan desproporcionado, sino que exista una coherencia entre la penalización y la infracción», al tiempo que subrayan que «es preferible ofrecer incentivos a las sanciones». Además, piensan que las «pymes medianas posiblemente tengan que hacer un esfuerzo mayor».
Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, defiende que se «podría proporcionar más apoyo y formación a los pequeños establecimientos para implementar las medidas de manera efectiva» y echa en falta un aspecto que no se ha incluido y que creen necesario: «La incentivación fiscal para aquellos establecimientos que logren reducir significativamente su desperdicio alimentario». Asimismo, Gallego subraya que «sería útil incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos que permitan una mejor gestión de los alimentos desde la producción hasta el consumo final».
España vive un punto de inflexión en el que las exigencias legales, la colaboración entre sectores, la innovación y la concienciación social emergen como una necesidad para forjar un futuro donde la comida se aproveche al máximo.
Las nuevas tecnologías se han convertido en un aliado para frenar el desperdicio alimentario y antes de que se aprobara la ley, los actores de la cadena ya recurrían a ellas. Desde Asedas, por ejemplo, explican que se utilizan desde hace tiempo sobre todo en lo relativo al control del surtido con el objetivo de que se ajuste lo más posible a la demanda: «La automatización del control del ticket de caja permite a las empresas de distribución tener datos muy exactos de los movimientos del consumo y adelantarse para ajustar la oferta. Este conocimiento también se comparte con la industria alimentaria y los productores con el objetivo de alinear al máximo la producción a la demanda, ya que contener el desperdicio es tarea de todos».
Entre las tecnologías disruptivas que se usan destacan el blockchain (que facilita la trazabilidad del producto), el 'big data' (que nos ayuda a conocer mejor la demanda de alimentación) y la inteligencia artificial, llamada a optimizar todos estos desarrollos aportando rapidez y nuevas capacidades de análisis.
Soluciones como la de Naria contribuyen a que las donaciones para el consumo humano se gestionen con mayor eficiencia. ¿Cómo? A través de una plataforma que conecta a empresas que tienen excedentes con entidades sociales. «Cuando la compañía detecta un excedente lo publica automática o semiautomáticamente en la app web, que envía en tiempo real un aviso a las entidades sociales que, por radio de acción, podrían asumir la recogida o bien a la organización con la que ya tiene preestablecido un acuerdo», detalla Kilian Zaragozá, CEO y cofundador de la firma, que destaca que la trazabilidad está garantizada gracias al blockchain, lo que aporta tranquilidad a todas las partes.
En la plataforma las empresas donantes se pueden descargar las certificaciones fiscales de una forma sencilla y, además, acceder a paneles para visualizar, a golpe de click, qué productos han donado, a qué entidades sociales o qué impacto social, medioambiental y económico han logrado... «Lo que costaría gestionar dos horas lo hacen en diez segundos», concreta Zaragozá, que añade que su propuesta de valor facilita, asimismo, la elaboración de los informes de RSC. «Naria no sustituye el esfuerzo de nadie, sino que es un apoyo adicional. A día de hoy no hay ni un solo kilo de producto que se haya quedado huérfano», resalta.
Nacida en 2014 en Francia, Phenix está en plena consolidación en nuestro país. A través de una atención personalizada y su tecnología, la compañía permite recuperar al máximo los productos que están cerca de su fecha de caducidad o ya no pueden venderse a su precio de venta. «Ofrecemos un servicio integral para gestionar el excedente, que incluye su valorización mediante donaciones, detección y descuentos de alimentos de pronta caducidad y medición del desperdicio, mejorando la eficiencia operativa en tienda y previniendo y reduciendo el desperdicio alimentario», expone Pauline Bertin, Chief Sales officer de la empresa.
La tecnología es uno de los pilares de su negocio. «Los distribuidores necesitaban apoyo en materia de automatización de procesos y transformación digital para minimizar pérdidas», comienza por indicar. Por ejemplo, la fecha de caducidad no está digitalizada cuando los productos llegan a las estanterías, y suele depender del personal revisar manualmente cada artículo. «Con nuestra tecnología, este proceso se vuelve mucho más eficiente, ahorrando tiempo a los empleados», ahonda.
Bertin alude a algunas alianzas para demostrar las ventajas del proyecto. «La Menorquina optimizó un 72,50% sus costes de almacenamiento y destrucción del excedente alimentario. En seis meses de colaboración, han mejorado la gestión del excedente y generado un ahorro de más de 54.000 euros», comenta.
La innovación ha llegado para quedarse en la lucha contra el desperdicio y la ley española impulsará todavía más este tipo de emprendimientos.
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