La inspección de Trabajo comienza una huelga histórica a la espera de que Hacienda negocie
Los funcionarios exigen refuerzo de las plantillas y de la estructura o mantendrán las movilizaciones
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El mercado de trabajo se queda sin supervisión de la Inspección de Trabajo, que desde ayer ha paralizado sus actividades porque denuncia que el Gobierno no ha cumplido el plan estratégico aprobado en 2021 y por la falta de medios que buscaba mitigar esta norma para hacer frente a la mayor carga de trabajo que Yolanda Díaz ha impuesto durante su mandato a un colectivo de apenas 3.000 trabajadores.
Son protestas sin precedentes que han unido a todos los sindicatos y que dejan en el aire campañas estrella de Yolanda Díaz como el control de los fijos discontinuos en las empresas, del tiempo de trabajo, de los extranjeros en el campo, el registro horario, o la aplicación de los planes de igualdad en las empresas.
Enfrentamiento
El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que en este conflicto poco puede hacer, aunque sí reconoce el sobre esfuerzo que el colectivo está realizando, y públicamente ha afeado las reticencias de la ministra Montero a ceder a las peticiones de los funcionarios. Ayer Trabajo volvió a ofrecer a los inspectores los más de seis millones de euros en productividad que ya puso encima de la mesa la ministra de Hacienda. La partida fue rechazada.
Hasta que a mediados de mes todos los sindicatos se unieran y convocaran huelga, los funcionarios se han estado reuniendo con el Gobierno sin ningún éxito, y sufriendo el fuego cruzado entre los ministerios de Hacienda y Trabajo. El gabinete dirigido por María Jesús Montero puso al límite las negociaciones tras comunicar a la Secretaría de Estado de Empleo la imposibilidad de llevar a cabo el refuerzo de personal para la Inspección que se venía negociando. La titular de Hacienda justificó entonces el veto al aumento de plantilla y otras cuestiones de mejora retributiva para el colectivo porque provocaría reivindicaciones en cadena en otros ámbitos de la Administración.
Pocos días después y tras las fuertes críticas de los sindicatos, Montero anunciaba la incorporación de 781 efectivos, entre inspectores y subinspectores, dentro del plan de refuerzo. También se autorizaba el pago del plus por productividad para este ejercicio, además de iniciar los trabajos para la configuración de la próxima oferta pública de empleo con la que se esperaba dar un nuevo empujón a la plantilla del organismo. Un movimiento con el que Hacienda trataba mostrar el compromiso de refuerzo de los recursos humanos de la Administración en sus diferentes niveles, pese a reconocer que se podría realizar un esfuerzo mayor de contrataciones, pero que llevaría más tiempo, al tratarse de una oposición. No convenció a los funcionarios. Poco después convocaban la huelga.
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