Anticorrupción pide mandar a juicio al BBVA por el caso Villarejo en plena OPA al Sabadell

En concreto, el fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado la transformación de la causa al trámite de procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento en los casos con sumario- y su continuación contra el banco y una batería de directivos y exdirectivos, incluyendo al que fue su presidente, Francisco González; y su otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano. El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el abogado de sus empresas, Rafael Redondo, también están en la lista, según informaron en fuentes jurídicas a ABC.

La petición, adelantada por Bloomberg, está pendiente de resolución en el juzgado que dirige Manuel García-Castellón y recoge asimismo la solicitud de archivo de las actuaciones para varios de los ejecutivos que venían siendo investigados. El magistrado aún ha de resolver.

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Este movimiento llega unos meses tarde respecto de la previsión inicial, que era haber finalizado la investigación de esta parte del caso Villarejo, la pieza separada número 9, a finales del año pasado. Sin embargo, el reconocimiento del derecho de las acusaciones particulares a realizar sus propias pruebas periciales sobre determinada documentación aportada por el 'forensic' de la entidad ha dilatado el cierre de la instrucción, iniciada en 2019.

Ahora, el fiscal expone al juez que agotadas todas las diligencias a practicar y después de cinco años de instrucción, se han recabado suficientes indicios delictivos como para continuar por el procedimiento abreviado, una decisión que llega en plena opa hostil del BBVA al Banco Sabadell. Un proceso que puede demorarse varios meses e incluso concluir el año que viene. El banco vasco habla de un periodo de tiempo de entre seis y ocho meses, mientras que el Sabadell apunta a que podría producirse durante 2025.

A lo largo de la investigación, han resultado señalados más de una decena de cargos y excargos de la entidad financiera, empezando por Corrochano, presunto interlocutor de Villarejo en los encargos que habría realizado para el banco, pero también figuras como el ex-CEO Ángel Cano.

Estos supuestos trabajos abarcan un periodo de más de una década y una facturación por encima de los 10 millones de euros, lo que convirtieron a la entidad financiera en la principal fuente de ingresos del conglomerado del comisario Villarejo, el Grupo Cenyt. Él, según la tesis de los investigadores, se habría prevalido de su condición de funcionario para acceder a datos reservados en proyectos variopintos.

El elenco abarca desde la interposición de una denuncia contra Luis Pineda, presidente de Ausbanc, que a la postre desencadenaría la causa por la que fue condenado en la Audiencia Nacional y absuelto después en el Supremo, hasta un presunto espionaje al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ante una maniobra empresarial que suponía un desafío para el banco. Ahora, presentada la petición del fiscal de seguir la causa por estos hechos, abriendo así una fase previa a la de enjuiciamiento, el instructor habrá de tomar una decisión, que podría diferir de su postura en función de la valoración que haga de los indicios recopilados hasta el momento para cada uno de los afectados.

Todo ocurre cuando el BBVA quiere acelerar en el proceso de opa hostil para absorber el Sabadell. La entidad de origen vasco tiene ya convocada la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que propondrá la ampliación de capital que necesita para llevar a cabo el canje de acciones con el banco catalán. Lo hace con la firme oposición del Ministerio de Economía, cuyo titular, Carlos Cuerpo, volvió a reiterar esta semana su rechazo a la operación.

«Nuestra posición es muy clara, hemos reflejado el rechazo a esta operación no solo en función de la forma o el instrumento concreto, sino también del fondo. Ese fondo nos preocupa sobre todo por el potencial impacto en términos de incremento de la concentración y de reducción de la competencia y el efecto que esto tiene en términos por supuesto de las condiciones para los clientes, pero también en otro tema muy importante como la inclusión financiera, más allá del elemento de cohesión territorial que es otra de las grandes preocupaciones», dijo el ministro.