FG, ante el juez del caso Villarejo: «Es inverosímil que un presidente sepa de proveedores»

González lleva imputado en el caso Villarejo desde el año 2019, cuando prestó declaración estando todavía esté asunto bajo secreto y ya en ese momento incidió en que nada tuvo que ver con la contratación y se centró en defender la honestidad del banco y sus empleados. Este viernes se ha ratificado en lo ya declarado y se ha situado como un presidente encargado de altas responsabilidades al que los proyectos que se investigan le quedarían muy por debajo.

Bajo la lupa, encargos por importe superior a 10 millones de euros entre los que figura un presunto encargo para frustrar el avance de Sacyr sobre el accionariado del banco en 2004 o la desacreditación de Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, entre 2012 y 2014, pasando por otros relativos a constructoras como Martinsa en relación a problemas de impagos. Esta pieza tiene más de medio centenar de presuntos perjudicados.

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Según informan en fuentes jurídicas presentes en la declaración, en el caso de «Trampa», el supuesto encargo sobre Sacyr, González ha incidido en que fue el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, quien se ofreció para conseguir más información a través de una empresa de investigación y decidió contratarla, cosa que podía hacer sin autorización porque tenía competencias para ello.

El expresidente ha incidido en que «en ningún momento» le dijo de quién se trataba, algo normal porque él «no entraba» en quiénes eran los proveedores, y «nadie» le dijo «nunca» que Cenyt estuviese vinculado a un policía en activo. Tampoco conoció ni conoce en persona a Villarejo ni al abogado de sus empresas, Rafael Redondo, según ha afirmado.

En todo caso, a preguntas de su defensa y la Fiscalía Anticorrupción, ha respondido que «jamás nadie» le comunicó que mediante esa empresa se trataba de recabar información sensible sobre lo que Villarejo denominaría «Grupo Hostil», las personas involucradas en la ofensiva de Sacyr. «BBVA no hace esas cosas, ¿por qué ibamos a querer esos datos?», ha planteado ante el juez Manuel García Castellón.

Lo que consta en el sumario es que Villarejo elaboraba notas informativas sobre sus pesquisas que trasladaba a Corrochano, su interlocutor con BBVA. Se presume que él, a su vez, se las entregaba a Francisco González por los comentarios que hacían entre ellos en los audios que obran en la causa. Sobre este asunto, ha reconocido que en dos ocasiones en diciembre de 2004 recibió una nota de un par de páginas, pero contenía información «común y pública», «nada relevante» y «ninguna referencia» a tráficos de llamadas o cuestiones que pudieran ser ilegales.

De hecho, ha explicado que le parecían resúmenes hechos dentro del banco porque no tenían membrete ni firma y cree posible que se los diese Ángel Cano, exCEO del BBVA, porque era jefe de Corrochano en aquel momento. Esto era todo lo que podía decir de los informes elaborados por Cenyt, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, porque según ha declarado, no recibió ninguno más y a finales de 2004 se zanjó el asunto, cuando la operación de Sacyr devino inviable.

Por otra parte, preguntado por el proyecto sobre Ausbanc, ha atribuido a «un error» de los abogados del banco que en su día pusieran por escrito que él estuvo al tanto de una operación que habría pasado por denunciar a su presidente, Luis Pineda, tras acometer un espionaje sobre él. Se trata de un escrito de julio de 2019 en el que la defensa del BBVA explicaba que bajo el «patrocinio» de FG se había contratado a Cenyt para este asunto, según se desprendía de una declaración a nivel interno de Julio Corrochano en la que, sin embargo, resultó que no figuraba esta afirmación.

«Fue un lamentable error», ha señalado González, para poner en valor dentro de la Sala que la propia representación del banco lo aclaró después cuando compareció el representante de la persona jurídica, Adolfo Fraguas, que le sacó efectivamente de la ecuación. En todo caso, mismo argumentario que con Sacyr: que nunca supo nada de la contratación de Cenyt porque él estaba a la estrategia, no a los proveedores, como tampoco conocía el pie de la letra de la normativa de contratación y otros detalles.

Por último, sobre los promotores investigados por el entramado del comisario, según obra en la causa Corrochano había encargado a la agencia de detectives Kroll una averiguación sobre varios por una situación de impagos ante la sospecha de que estuviesen ocultando bienes. Se trataba de localizar ese patrimonio que se presumía oculto.

González ha asegurado que lo único que sabía es que existía esa preocupación porque se abordó en una reunión interna, pero no conoció la contratación de Kroll y sólo supo, un año después según su declaración, que había existido un encargo a una agencia que no había dado frutos. Le informaron, conforme ha dicho, desde los servicios jurídicos. Tampoco supo luego que Corrochano recurriese a Cenyt para el trabajo que la otra agencia no había completado.

En este sentido, se ha referido a la declaración del que fue jefe de riesgos del BBVA, Antonio Béjar, que se ha convertido en el principal testigo de cargo contra Francisco González en esta pieza separada del caso Villarejo. Apuntó que el entonces presidente de la entidad ordenó trabajar con la empresa que contratase Corrochano sin cuestionarlo para solucionar el asunto de los promotores.

González ha insistido en que esas no son sus maneras y ha apuntado que, en todo caso, no recuerda haber hablado con Béjar de ese asunto y menos mencionando un proveedor concreto porque, en línea con lo apuntado sobre los otros dos encargos, él no manejaba los nombres. Y «ni siquiera el propio Corrochano», ha apostillado, ha declarado en ese sentido.