Ángel de la Fuente, director de Fedea: «La reforma de las pensiones no me convence en absoluto»

Cuando Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, fue nombrado en 2014 para dirigir la fundación muchos pensaron que venía a convertirla en un animal doméstico. Nada más lejos de la realidad. Con otro estilo, De la Fuente ha conseguido que Fedea siga siendo lo más parecido a la conciencia económica de la nación.

-¿En qué situación se encuentra la economía española?

-Una situación complicada, con señales contrapuestas y mucha incertidumbre. Tras la fortísima caída de 2020, estamos rebotando hacia los niveles de actividad de 2019 pero la fuerte subida de los precios de la energía y de algunas materias primas causada por la guerra de Ucrania están amenazando la recuperación. En los últimos meses hemos tenido una tregua en este ámbito que, por primera vez en muchos meses, ha invertido el signo del 'shock' externo al que nos enfrentamos. Esto ha sido posible gracias en buena parte a un inicio de invierno suave y a la moderación de la demanda china por el repunte de Covid, pero habrá que ver cuánto dura.

-Pero los datos de empleo no son malos... 

-Hay cosas que van muy bien, como la recaudación tributaria, estimulada entre otras cosas por un afloramiento parcial de la economía sumergida que será muy buena noticia si se consolida, y otras que no tanto, como la inflación subyacente que está en máximos de muchos años sin que hayamos conjurado por completo el riesgo de una espiral de precios y salarios. En materia de empleo, las afiliaciones a la Seguridad Social están claramente por encima de los niveles prepandemia pero no así las horas trabajadas, que reflejan los efectos de un número creciente de contratos a tiempo parcial o discontinuos.

-El Gobierno habla de un nuevo modelo económico. ¿Te lo crees?

-No, pero ni a este ni a ninguno. Cuando hablan de un nuevo modelo económico ¿qué quieren decir? Sea lo que sea, estas cosas no se cambian por decreto como a veces parecen pensar nuestros políticos.

-¿Es buena idea un pacto de rentas ante la inflación?

-Sí, sería una buena idea, pero tendría que incluir a todo el mundo, pensionistas y empresas también. El encarecimiento de muchas cosas que importamos nos ha hecho más pobres como país, al menos de forma transitoria. Ante eso, podemos hacer dos cosas: aceptarlo y tratar de repartir esa pérdida de renta real de la forma más equitativa posible, o tratar de endosársela al vecino, subiendo cada uno nuestros precios. Si optamos por lo segundo, seguiremos siendo igual de pobres en promedio pero la inflación tenderá a cronificarse.

-¿Qué política fiscal hay que desarrollar en estas circunstancias?

-Hay que ayudar a los que más lo necesitan, esto es, a los hogares de menor renta y a los sectores productivos en cuyos costes tiene un mayor peso la energía. Pero hay que hacerlo de la forma más eficiente posible, lo que exige que las ayudas sean selectivas y se concentren donde hacen más falta, limitando así su coste, y respeten las señales de precios para que se mantengan los incentivos a hacer los ajustes necesarios. Por ambos motivos, habría que evitar subvenciones generalizadas o las bajadas de impuestos indirectos. En su lugar, habría que utilizar ayudas directas que permitan mantener rentas reales, como el cheque de 200 euros o los suplementos al IMV o las pensiones asistenciales, o bajadas selectivas del IRPF que podrían incluir una reflactación de su escala de gravamen. También habría que invertir recursos en un sistema que nos permita hacer llegar ayudas de este tipo de forma rápida a los colectivos que las necesiten mediante transferencias o menores retenciones. Por otra parte, necesitamos un plan realista para garantizar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas a medio y largo plazo.

-¿Lo que hacemos es compatible con la política monetaria?

-¡Estamos en unos años tan raros! La política fiscal es muy expansiva y la monetaria lo fue hasta hace poco. Ahora ha girado antes la monetaria que la fiscal. En la fiscal se ha comenzado a controlar un poco el gasto, pero queda mucho por hacer porque ya no se pueden prolongar mucho más las excepciones a las reglas fiscales.

-¿Le convence la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá?

-En absoluto. La primera fase de la reforma, con la indexación general al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad, supondrá un incremento muy considerable del gasto durante las próximas décadas que amenaza con comerse todo nuestro margen fiscal, dejando muy poco espacio para otras prioridades, y podría comprometer la viabilidad del sistema. Es muy improbable que esto se consiga corregir satisfactoriamente en la segunda parte de la reforma, que ahora se está negociando: una vez repartidos todos los caramelos, a ver quién convence a los agentes sociales de aceptar medidas dolorosas, como un endurecimiento de las reglas de cálculo de la pensión o una subida general de cotizaciones. Las medidas anunciadas para reequilibrar el sistema son insuficientes, comenzando por el MEI, y en algunos casos, como el del 'destope' de las cotizaciones sin subir las prestaciones máximas, resultan muy distorsionantes y poco equitativas. Lo que se ha hecho en materia de planes de pensiones también es francamente mejorable. Está muy bien promover los planes de pensiones de empleo, pero ¿por qué hay que discriminar en contra de los planes individuales? Además de plantear problemas de equidad, esto podría dejar a muchas personas sin acceso a instrumentos razonables de ahorro complementario para la jubilación.

-¿El próximo gobierno se va a enfrentar a una situación compleja desde el punto de vista del gasto?

-Sí, del gasto y de los ingresos. Por el lado del gasto, tenemos la bomba de las pensiones. Hay otras necesidades crecientes debido al envejecimiento, en sanidad, dependencia, y también mayores necesidades de gasto en defensa en un mundo más complicado. Por todo ello, la presión sobre el gasto va a ser muy fuerte. Para hacer frente a esta presión, habría que redoblar los esfuerzos para controlar el gasto no esencial, pero también una reforma fiscal un poco más seria de lo que se ha hecho que amplíe las bases tributarias y aumente nuestra capacidad recaudatoria con las mínimas distorsiones posibles.

-Como ocurrió en la década de 1970, la geopolítica ha pasado por encima de los supuestos económicos. ¿Qué consecuencias tiene esto?

-La guerra tiende a generar una división del mundo en bloques de países enfrentados, lo que interfiere con la eficiente división internacional del trabajo a largo plazo y afecta, de forma inmediata, a los flujos de comercio, turismo e inversión, generando problemas que serán especialmente graves en la medida en que resulten afectadas las relaciones económicas entre China y Occidente. Más aún, dentro del bloque occidental comenzamos a ver políticas proteccionistas, incluyendo una creciente pugna entre aliados por atraer cada uno a su territorio actividades consideradas estratégicas a base de ayudas y sanciones. Es comprensible y quizás inevitable en el momento actual, pero el coste económico será muy elevado.

-España apostó por una Europa donde el banco central no financiaría los déficits de los gobiernos y hoy vemos que lo hace. Había reglas fiscales, pero están suspendidas. ¿No es lógico sentirse defraudado? 

-Las reglas fiscales se han suspendido porque podían ser un obstáculo para hacer frente a una emergencia sanitaria y social. Pasada la emergencia, tienen que volver a aplicarse. Por otra parte, las reglas que teníamos tampoco funcionaban muy bien, así que no está de más que les demos una vuelta y veamos si se pueden mejorar. Poner un límite rígido de déficit es tratar de ponerle puertas al campo: cuando las cosas vienen mal dadas, todos los países se lo saltan. Y plantear las cosas en términos del déficit estructural es complicado, fundamentalmente por la dificultad de medirlo bien, especialmente en tiempo real, que es lo que haría falta. La parte que mejor puede funcionar es una regla de gasto que obligue a ahorrar cuando las cosas van bien, y parece que hacia eso vamos.

-Usted es un experto en financiación pública. Ahora que se habla de crisis de la sanidad, ¿qué ocurre con el gasto sanitario?

-Sigue creciendo bastante más rápido que la renta. Si cogemos el conjunto de las administraciones públicas españolas, entre 2003 y 2019 el gasto en salud por habitante, medido a precios constantes, ha crecido a una tasa media anual del 1,71 por ciento, mientras que el PIB real per cápita lo ha hecho a un ritmo del 0,66 por ciento, casi tres veces menos. Si nos vamos hasta 2021 las cifras son aún más llamativas (2,16 por ciento versus 0,19 por ciento), pero 2021 no es una buena referencia por el Covid. La idea de que se invierte menos en salud no cuadra con los datos. Otra cosa es que no veamos mucha mejora porque las necesidades también están creciendo muy rápido. En cualquier caso, hay que pensar bien qué prestaciones queremos -en sanidad y otros ámbitos- y cómo las vamos a pagar. A hacerlo más fácil ayudaría mucho un mayor crecimiento de la productividad. Esa debería ser una de nuestras principales preocupaciones.

-¿Están bien financiadas las comunidades autónomas?

Todas ellas te dirán que no, pero no sé si la pregunta tiene mucho sentido: a todos nos gustaría tener más de algo. Lo que habría que preguntar es si las comunidades autónomas, una a una y colectivamente, tienen herramientas tributarias suficientes para pedirles a sus ciudadanos los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Planteado así el problema, creo que habría que darles a estas administraciones algunas herramientas más (como un tramo de IVA que puedan subir o bajar colegiadamente), pero también obligarlas a que las utilicen si quieren gastar más en vez de pedir más dinero al Estado sin coste político para ellas, que es lo que suelen hacer.

-¿Te inquietan los ataques del Gobierno a empresarios con nombre y apellido?

-Sí, es muy mala cosa. Pero me inquietan también otras cosas menos extremas que tienden a crear inseguridad jurídica y pueden acabar teniendo costes importantes, como los gravámenes a dedo o el debilitamiento de los derechos de propiedad en el caso inmobiliario. No es la mejor forma de atraer inversión.