Altos funcionarios de la Administración y de la Magistratura crean un frente contra los intentos de «ruptura» del Estado

El posicionamiento de la alta función pública a favor del Estado de Derecho y en contra de la ruptura que en su opinión encarna la ley de amnistía, que en principio iba a aglutinar la plataforma que reúne al medio centenar de asociaciones que representan a los cuerpos superiores del Estado, Fedeca, se ha acabado canalizando a través de un frente más reducido, por las reservas de algunos cuerpos profesionales a significarse en este sentido.

Los firmantes del manifiesto, entre los que se cuentan la asociaciones representativas de los inspectores de Hacienda, los inspectores de Trabajo, los abogados del Estado y los interventores y secretarios municipales, han advertido este miércoles del riesgo real de ruptura de la Administración del Estado a golpe de cesiones competenciales a las comunidades autónomas «por motivos espurios y no por razones de interés general», según denunció Alberto Bravo, representantes de los interventores y secretarios municipales.

En el horizonte, la amenaza de la cesión de las competencias de Seguridad Social al País Vasco o de la descentralización de competencias de la Agencia Tributaria hacia Cataluña, que tanto la asociación de Inspectores de Trabajo como la de Inspectores de Hacienda del Estado han denunciado como una maniobra para desmontar la actual estructura de la Administración del Estado.

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Las asociaciones firmantes se opusieron de manera frontal a la ley de amnistía, que al margen del desafío que entienden que supone al Estado de Derecho «pretende crear una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos» y también al intento del Gobierno de aligerar la exigencia en el acceso a la condición de funcionario, que según la presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, es una puerta abierta a la politización.

«Lo que no queremos es que se traslade una imagen de que la Agencia Tributaria está politizada», ha afirmado. «Los inspectores de Hacienda no estamos politizados, por eso lo que advertimos es que cualquier funcionario en cualquier ámbito de la Función Pública tiene que ser elegido objetivamente porque si no deberá el favor a la persona que lo ha elegido, y nosotros no queremos eso», ha remachado.