El 75% de los alquileres en las grandes capitales superan los precios para acceder al bono joven del Gobierno

En algunas de ellas como Barcelona, Palma o Madrid encontrar alquileres por debajo de los 900 euros es ya prácticamente imposible. El peor de los casos es el de la Ciudad Condal, pese a que desde marzo tiene el mercado intervenido por el control de precios de la ley de Vivienda. Allí, tan solo el 8,3% de los pisos que se han ofertado en alquiler en la última semana tienen una renta inferior al máximo permitido para recibir la ayuda, según los datos del portal inmobiliario Idealista a los que ha tenido acceso este periódico. Es decir, que menos de uno de cada diez aspirantes podría pedir a la Generalitat el dinero.

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Antonio Ramírez Cerezo

Ligeramente por debajo está Palma, cuyo mercado tampoco deja respirar a los inquilinos por su oferta cada vez más menguante. En la capital balear tan solo el 9% de los alquileres valen menos de 900 euros, por lo que la respuesta del Gobierno servirá a pocos usuarios.

Y si hablamos del mayor mercado patrio para el alquiler, Madrid, la situación es algo mejor, pero para nada esperanzadora. Según los datos de Idealista, en la capital española tan solo el 17,6% de los pisos en alquiler publicados en la última semana entran dentro de los requisitos para recibir el Bono Alquiler Joven. Aunque disponen de una mejor posición que otra gran plaza como es Valencia, donde solo el 16,8% de los nuevos arrendamientos podrían optar a la ayuda. Idéntico porcentaje al que muestra Gerona, pese a ser otro mercado afectado por el límite a las rentas.

Por debajo del 30% de nuevos inquilinos aspirantes a la ayuda también estaría Málaga, donde casi el 70% de los alquileres ofertados superan la cifra límite. En Las Palmas (33% de alquileres por debajo de 900 euros), Pamplona (34,9%), Alicante (35,1%), Segovia (38,8%), Ceuta (43,5%) y Santa Cruz de Tenerife (47,7%) menos de la mitad de los potenciales subvencionados que firmen un contrato ahora podrían recibir el respaldo del Gobierno, según Idealista.

Algo menos dramática sería la situación para los jóvenes que comparten vivienda. Para ellos es compatible la ayuda cuando el precio del alquiler de la habitación no sobrepasa los 450 euros mensuales. Y ese es un requisito que aún cumplen la mayoría de las capitales españolas, aunque no ocurre en Madrid y Barcelona donde se ha convertido en el producto de moda ante la escasez de pisos completos, y las rentas no dejan de dispararse. En la capital, tan solo un tercio de las estancias están por debajo del requisito para el bono y en Barcelona ese porcentaje descendería bruscamente al 12%.

Aún así, el Gobierno defiende que esta actuación va encaminada a resolver el problema de accesibilidad a la vivienda que sufren los jóvenes. «El Gobierno está determinado a tomar cuantas decisiones sean necesarias en estos tres años que restan de legislatura», aseguró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que dio luz verde a las ayudas. Según el Consejo de la Juventud de España, las ediciones anteriores del Bono Alquiler Joven tan solo beneficiaron al 0,6 % de las personas entre 18 y 35 años, para quienes iba dirigida esta medida.

En paralelo a las ayudas, y también como respuesta a las protestas de los jóvenes por la situación de los alquileres, el cónclave ministerial también sacó ayer a consulta pública un Real Decreto que regulará los arrendamientos turísticos y temporales. Lo hará mediante la creación de un Registro de Alquileres y una Ventanilla Única Digital para controlar a todos los arrendamientos de uso distinto al tradicional.

De esta forma, el nuevo reglamento (el Gobierno espera aprobarlo a final de año) obligará a los propietarios a obtener un código de identificación si quieren colgar sus viviendas en plataformas de reservas como Airbnb o Booking. «Será imposible comercializar sin un certificado que diga que la vivienda cumple con las normas autonómicas, las ordenanzas municipales y los estatutos vecinales», dijo Rodríguez ayer sobre la medida.

El código de identificación tendrá que ser pedido tanto para alquileres turísticos, temporales e incluso habitaciones que se ofrezcan en esos portales. El Registro de la Propiedad se encargará de certificar que las viviendas cumplen con las normas autonómicas de licencias de vivienda para uso turístico, con las ordenanzas municipales y con los estatutos vecinales en el caso de que estos incluyan la prohibición de los pisos turísticos en el edificio. Los propietarios tendrán que acudir al Registro para pedir el certificado, aunque también podrán reclamarlo digitalmente. Este organismo tendrá un plazo de 15 días para analizar que la vivienda cumple con todas las normativas. En el caso de que el Registro retire o suspenda el número de identificación, la Ventanilla Única Digital trasladará orden a las plataformas para que eliminen posibles anuncios asociados a ese número.

Sobre los alquileres temporales se introducirá también la «causalidad» para acreditar que el contrato se firma por una razón eventual ya sea por razones vacacionales o turísticas, laborales, de estudios o de tratamiento médico. El fin del Gobierno con estas medidas dice que es el de perseguir el fraude de ley y la ilegalidad con el fin de «priorizar ante todo los alquileres de vivienda habitual».