La alargada sombra del 'greenwashing' oscurece la inversión sostenible

Incluso más allá, ya se habla de 'fraude verde' cuando el programa de lavado se les va de las manos a los interesados, por lo que se imponen los sistemas de control para supervisar esta tentación. Y del 'greenhusing' (ocultar información para evitar la acusación de 'greenwashing'). En el contexto europeo, las cifras apuntan a un 21% de presunción de 'greenwashing' en el sector financiero, un 8% en banca y un 13% repartido entre servicios financieros y aseguradoras. Unas cifras que llegan en plena eclosión en Europa de esta 'inversión verde', aunque a diferentes ritmos. En el caso de España, y como se comentó en la jornada 'Green Evolution 2023' de Aseafi (Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero), el porcentaje de 'fondos invertidos con incidencia medioambiental directa' no llega al 50%, mientras que en países como Francia, el patrimonio invertido se acerca al 80%.

Un entorno en el que se produce la paradoja sectorial de la queja ante la sobrerregulación mientras se es consciente de la necesidad de que existan unas lógicas (y sostenibles) reglas de juego… un escenario en el que como apuntó el director de Sustainable Finance & ESG Risk de E&Y, Javier Ybarra, «ni siquiera los profesionales de esta industria son capaces de traducir de forma completa la directiva europea MiFID».

Como destaca Esther Marín, directora de Gestión de Activos y Sostenibilidad en CBNK (fusión de Grupo Caminos y Bancofar), «la claridad y simplificación de la regulación es un elemento clave para fomentar la transparencia y la confianza de clientes e inversores. Haciendo esto, facilitamos la comprensión de las obligaciones y expectativas de todas las partes, eliminando ambigüedades y, por lo tanto, reduciendo el riesgo de malinterpretación de estos». Transparencia y comparabilidad son aspectos comentados por la especialista para que inversores y clientes tengan las ideas claras a este respecto, «lo que incentiva a las empresas a un correcto seguimiento y a aumentar su responsabilidad en este ámbito».

«Hay varias iniciativas en marcha en este sentido (añade Marín) que verán la luz en los próximos años, como la definitiva implantación de una taxonomía de las actividades sostenibles o un 'reporting' común para todas las compañías. Aunque no vayan a la velocidad que deberían, acabarán por ser algo estandarizado y podremos hablar todos un lenguaje verde común. Ojalá».

Ante esta tarea, al menos, el SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation-Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles) sirve de marco europeo para ayudar a determinar hasta qué punto verdea el verde (además de hacer 'match' con criterios como los de ser socialmente responsable, de buena gobernanza, etc.). Con deberes en torno a artículos como el 8 y el 9, en los que se va avanzando en las exigencias de sostenibilidad.

En el caso del informe emitido por la EBA (la autoridad bancaria europea), a solicitud de la Comisión Europea, para evaluar este fenómeno (y para difundir recomendaciones de buen uso), los datos se refieren, sobre todo al sector bancario, las firmas de inversión y los proveedores de servicios de pago. Observa (desde 2012 hasta 2023) «cómo los riesgos más impactados por el 'greenwashing' son los reputacionales y operativos, con un aumento en el riesgo de litigación en los últimos tres años. Estos litigios relacionados con el clima van más allá de las compañías de combustibles fósiles y energía: los litigios incluyen aerolíneas y fabricantes de automóviles, pero también entidades en los sectores de agricultura, alimentos y construcción».

Como recomendaciones, propone «la implementación robusta de nuevas regulaciones, mejorar la interoperabilidad internacional, abordar aspectos específicos como los préstamos vinculados a la sostenibilidad, así como establecer principios generales y procesos internos de gobernanza, manejo de datos ESG, verificación externa, y gestión de riesgos».

Aida Rodríguez directora de finanzas sostenibles de la consultora Valora, subraya cómo en el informe «se sugiere sustanciar los compromisos de sostenibilidad, proporcionar información clara y granular, y aplicar rigurosidad en el diseño de productos vinculados a la sostenibilidad. Y se destacan mandatos, capacidades, actividades de supervisión, cooperación entre autoridades, y educación financiera».

Un proceso de 'supervisión prudencial' que, como señala Rodríguez: «Junto al control del diseño de productos ligados a la protección del consumidor y a la estabilidad y competitividad de los mercados financieros no es algo nuevo. Ya se han visto con anterioridad en regulaciones como MIFID, PRIIPs, Dodd Frank, CCD o la Ley Hipotecaria», además de recordar que «no es nueva la exigencia de que los bancos conozcan rasgos que van más allá de los aspectos crediticios de los clientes que financian. Por ejemplo, esto ya se requiere en el proceso de 'Conoce tu Cliente', una pieza fundamental de la lucha antiterrorismo y blanqueo de capitales».

«Por último (añade), sabemos que el riesgo reputacional y el de litigio (consecuencia directa del fenómeno del 'greenwashing') es uno de los riesgos más difíciles de gestionar por parte de las entidades financieras, que son mucho más expertas en la gestión de riesgos financieros (es su 'core' de negocio) que las organizaciones no financieras».

En todo caso, Rodríguez señala que un entorno hiperregulado «perjudica la movilización del mercado de las finanzas verdes, dificulta el acompañamiento de la transición de los clientes y puede desembocar en litigios masivos por parte de los consumidores» y reivindica la importancia de tener en cuenta la evaluación del alineamiento al 'Green Asset Ratio', indicador financiero que mide la proporción de activos de una entidad financiera que se invierten en actividades económicas alineadas con la Taxonomía de la Unión Europea.

Marta Olavarria, directora Académica de Programas Formativos en Finanzas Sostenibles del IEB, subraya, por su parte, cómo «mucho del 'greenwashing' detectado no conlleva intencionalidad, sino que está motivado por la falta de conceptos claros y no ambiguos de determinados términos de la regulación sobre divulgación 'SFDR' (Sustainable Finance Disclosure Regulation), como 'inversión sostenible' o 'daño significativo'».

Olavarria establece dos posibles vías de solución: «La primera, una revisión de esta normativa aclarando estos conceptos para que el sector financiero tenga claras las reglas a aplicar a la hora de divulgar los factores sostenibles de sus productos. La segunda, una buena formación en algo tan novedoso y complejo como las finanzas sostenibles, para la industria financiera y los propios supervisores, trasladando esta educación financiera al inversor final de manera que pueda tomar decisiones de inversión informadas».

Un asunto, por lo tanto, de declaración de intenciones, de comunicación, que debe contar con un compromiso de cumplimiento por parte de los implicados, alineado, como resume la representante de Valora con acciones como contar con un 'radar regulatorio' que permita conocer las últimas directrices y actualizaciones (ya se sabe, la ignorancia no exime del cumplimiento), que varían según la geografía, y vigilar el 'apetito al riesgo' por apuntarse esta medalla a la sostenibilidad.

Parte de una amplia lista de consejos: «Entre otros, contar con etiquetas y definiciones comunes de productos y evidencias estandarizadas; capacitación de los empleados, no sólo los de la red comercial, sino también los de 'backoffice' y responsables de diseño de producto; contar con apoyo externo para entender aspectos técnicos propios de subsectores sensibles y complejos, fortalecer los procesos de documentación y justificación de operaciones y automatizarlos en lo posible; contar con auditorías o 'Second Party Opinions' de proveedores reputados, que garantice que los préstamos vinculados a KPIs de sostenibilidad tienen coherencia y base, etc.».