Un agujero de 56.000 millones de cotizaciones desnuda las cuentas del Gobierno en pensiones

Tal este nivel de abstractismo inducido en los últimos años que mientras el Gobierno reconoce un déficit en la Seguridad Social de 8.626 millones de euros (0,6% del PIB) a cierre del pasado ejercicio, los expertos de Fedea señalan que sin el abanico de inyecciones financieras realizadas por el Estado procedentes del Presupuesto General el desfase entre ingresos y gastos sería de 55.919 millones de euros, es decir siete veces más que el comunicado por el departamento que dirige la ministra Elma Saiz.

La explicación a la diferencia entre ambas magnitudes está en el abultado montante de inyecciones presupuestarias que el Estado transfirió durante el pasado ejercicio para enjugar el déficit del sistema y poder hacer frente al pago de todas las prestaciones, contributivas y no contributivas. Tal y como desgrana el autor del estudio, investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García, para lograr el saldo presupuestario aflorado de la Seguridad Social comunicado por el Gobierno, el sistema necesitó de una transferencia de 44.148 millones de euros (equivalente a 3,1 puntos porcentuales del PIB), además un préstamo por valor de 10.003 millones de euros (0,7% del PIB).

En suma, el Estado apoyó a la Seguridad Social en su periplo financiero anual con un montante de casi 55.000 millones de euros, lo que suponen 3,7 puntos porcentuales del PIB. «Las transferencias del Estado suponen ya casi una cuarta parte del gasto en pensiones contributivas, deteriorando el concepto de salario diferido del sistema y la equidad entre generaciones», señala Miguel Ángel Rodríguez.

En este sentido, la inyección presupuestaria se configura como el principal aditivo de las cuentas de la Seguridad Social que impiden desgranar la nomenclatura real de ingresos y gastos, pero no la única. Como recuerda Fedea en esta revisión, la Seguridad Social no asume en su ejecución presupuestaria el saldo del sistema de Clases Pasivas del Estado, que también recoge un déficit anual sustancia -proporcionalmente, es incluso mayor al desfase del conjunto del sistema-. Y también está la flotación de los ingresos provenientes del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que el Gobierno imputa como ingresos operativos, pero que en sustancia van destinados al Fondo de Reserva, y no se podrán utilizar hasta el año 2032, cuando se pueda disponer de cuantía selectivas de esta 'hucha' de las pensiones para afrontar el tensionamiento financiero por el 'baby boom'.

Así, partiendo del déficit reconocido por Seguridad Social del 0,6% del PIB en 2023 -cifra que permitiría a primera vista alcanzar una conclusión relativamente optimista sobre la situación financiera de la Seguridad y Social, y por ende, de sus pensiones-, ampliando el poco el foco, se observa que para alcanzar este saldo se contó con la nueva partida de ingresos referida al MEI (que sumó recaudación por valor del 0,2% del PIB durante 2023). Sin este nuevo epígrafe que difícilmente puede ser catalogado como un ingreso ordinario del ejercicio, el déficit del Sistema de Seguridad Social habría aumentado en 2023 hasta el 0,8% PIB (11.350 millones de euros).

«Para cumplir con las obligaciones de gasto del sistema y financiar la mencionada aportación al Fondo de Reserva (de 2.723 millones de euros) ha sido necesario recurrir a un préstamo del Estado por un importe de 10.003,31 millones de euros. La supuesta aportación al Fondo de Reserva, por tanto, carece de sentido pues no representa una reducción de la deuda neta del sistema, que sigue aumentando», explican desde Fedea sobre el anacronismo de estas desviaciones de dinero hacia la 'hucha' en un momento de necesidad presupuestaria.

Si utilizamos el supuesto de considerar cubierto con cotizaciones sociales el gasto de las prestaciones contributivas distintas a las pensiones (incapacidad temporal, cuidado de niños, otras prestaciones, sanidad de las mutuas Colaboradoras e Instituto Social de la Marina y gastos de administración), y dedicar el resto de las cuotas y otros ingresos al pago de pensiones podemos asignar el déficit del sistema de la Seguridad Social a la partida mayoritaria, las pensiones contributivas (168.505 millones de ingresos contra 192.517 millones de euros de gasto).

No obstante, para alcanzar este saldo negativo (8.626 millones de euros; 0,6% PIB), se ha dispuesto, además, de dos transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (1,9% de PIB), una para el pago de los complementos por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior en cuantía, dirigida al pago de los (mal) denominados «gastos impropios» (19.886 millones de euros).

De haber dispuesto solo de las cotizaciones sociales (deducidas las dirigidas al resto de prestaciones contributivas) y la recaudación por tasas e ingresos patrimoniales, el déficit de las pensiones contributivas habría ascendido a 2,5% del PIB. El saldo negativo aumentaría hasta el 2,7% del PIBsin tener en cuenta los ingresos del MEI que, como ya se ha mencionado, no pueden catalogarse de ingresos corrientes del año cuando se van a destinar al pago de pensiones a partir de 2032.

Por su parte, las pensiones del régimen de Clases Pasivas, que forman parte también del sistema público, elevan a 20.589 millones de euros el gasto en 2023 (+10,5% anual), el equivalente a 1,4 puntos de PIB. Realizando el mismo ejercicio que para la Seguridad Social de asignar la parte de cotizaciones necesaria para equilibrar el gasto en prestaciones contributivas distintas a las pensiones, la financiación de las prensiones de Clases Pasivas se apoya básicamente en transferencias del Estado (16.891 millones de euros; 1,2% de PIB) con el complemento de los ingresos de las cotizaciones sociales restantes (3.698 millones de euros; 0,2% PIB).

«Esta última partida muestra una tendencia a la baja desde 2011 debido a que a partir de esa fecha todos los nuevos empleados públicos se encuadran en el Régimen General de Asalariados de la Seguridad Social, lo que incide en mayores ingresos para esta última sin asumir los gastos que todavía (y por muchos años) restan de asumir en Clases Pasivas», explica el experto de Fedea.

En resumen, el componente contributivo del sistema de pensiones públicas, definido como la suma de las de Seguridad Social y Clases Pasivas, habría tenido en 2023 un déficit equivalente a 3,8 puntos de PIB (55.919 millones de euros) si solo dispusiera de los ingresos netos ordinarios por cotizaciones sociales (después del pago del resto de las prestaciones contributivas y deducido el MEI), es decir, su saldo negativo sería algo superior al alcanzado por todas las administraciones públicas (3,7% de PIB).

«El esfuerzo para sostener el actual sistema público de pensiones se distribuye entre las aportaciones de los trabajadores ocupados mediante el pago de cotizaciones, y de los impuestos pagados por la sociedad, necesarios para financiar las cada vez más elevadas transferencias del Estado al sistema», subraya el experto.