Los agricultores españoles combatirán el acuerdo con Mercosur en las calles y en los tribunales

Los agricultores franceses, cuyo ejecutivo ha mostrado su profundo desacuerdo con la aprobación del acuerdo, llevan varias semanas manifestándose en contra del acuerdo, denunciando su efecto catastrófico para el sector. La estridencia del sector francés, que acostumbra a cortar carreteras, puede amenazar con eclipsar a los demás países, pero no por ello guardan silencio. Uno de ellos es España, cuyas asociaciones agrarias ya comienzan los preparativos para ofrecer una batalla institucional, civil y legal, a nivel nacional como europeo, para lograr el objetivo común: tumbar el acuerdo.

ABC ha hablado con varias de las asociaciones agrarias más importantes del país, y la postura es clara: no se van a rendir tan fácilmente. Esgrimen que el acuerdo es profundamente perjudicial para el sector. Las condiciones de producción que se les exigen en Europa no son ni remotamente similares a las que deben atenerse los productores de Mercosur. Esto, argumentan, genera una situación de competencia desleal, y están dispuestos a agotar todas las vías para forzar la marcha atrás de Bruselas, aunque saben que no será fácil.

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Noelia Ruiz

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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) no tiene dudas: a Bruselas poco le importan los agricultores, pues nunca les ha tenido en cuenta. Llevan veinticinco años conociendo las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, y en ningún momento la Unión les ha remitido ningún informe, ni negativo ni positivo, de las posibles consecuencias del acuerdo.

Junto con Copa-Cogeca, la organización que aglutina al mayor lobby de asociaciones agrarias, UPA organiza su calendario de protestas. El lunes 16 está prevista una concentración a las puertas del Consejo Europeo para manifestar su desacuerdo, y afirman que en los próximos meses participarán en más movilizaciones, que se anunciarán con el paso de los días.

En el plano nacional, todo dependerá del Ministerio de Agricultura. El departamento dirigido por Luis Planas debe, según UPA, trasladarles una postura de transparencia a través de información del acuerdo. Deben saber a qué atenerse, y declaran que en caso de que no obtengan respuestas, organizarán movilizaciones a nivel nacional.

Saben que el acuerdo no ha hecho más que dar sus primeros pasos, por lo que consideran que es tiempo de poder reunirse y presionar. «Si la actitud es seguir defendiendo el acuerdo y no tener en cuenta a las organizaciones agrarias, se organizarán manifestaciones», declaró José Manuel Roche, secretario de relaciones internacionales de UPA.

Por otra parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), dos de las organizaciones agrarias mayoritarias de España, han dado un paso más. En una acción conjunta, han convocado un acto de protesta el próximo 16 de diciembre en Madrid, ante la sede del ministerio de Agricultura, «para expresar su malestar por la falta de respuestas eficaces a los muchos problemas que acumulan los agricultores y ganaderos españoles».

Andoni García, miembro de COAG, afirma que «más allá de que el acuerdo haya avanzado, el Parlamento y los Gobiernos deben rechazarlo«. Aún hay países con una postura ambigua en cuanto al acuerdo con Mercosur. Los votos de Alemania, Polonia e Italia, dice, serán clave, pues pueden dar lugar a una minoría de bloqueo que paralice el acuerdo. Los requisitos son de al menos cuatro estados, que aglutinen el 36% de población de la Unión. En cambio, para que se apruebe tienen que dar el sí al menos 15 estados miembros, con un 65% de la población de la UE.

Asaja, compañera de COAG en la lucha activa contra el acuerdo, hace una petición directa a Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha defendido previamente el acuerdo como «beneficioso». «Solicitamos al ministro que nos diga en qué va a beneficiar el acuerdo a los agricultores y ganaderos españoles«, declaró Juanjo Álvarez, secretario de Organización de Asaja.

Aluden también a las cláusulas espejo, es decir, las condiciones de igualdad que los agricultores europeos piden incluir en el acuerdo. Estas exigen que el producto que se importe a un estado miembro lo haga «en las mismas condiciones que aquello que hemos impuesto en la producción a nuestros agricultores y ganaderos«, según el ministro Planas. Del mismo modo, demandan al gobierno un plan de choque para paliar el problema de costes de producción, una demanda que persiste desde principios de este año.

Entre otras exigencias, Asaja pide un plan de ayuda directo a producciones mermadas con precios bajos, ampliar el debate de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) europea, y una nueva política hidráulica con inversiones reales para garantizar la sostenibilidad del sector agrario. Anunciarán el calendario de manifestaciones a partir de enero, pero el presidente de Asaja, Pedro Barato, ya participó en una manifestación el pasado lunes junto a los principales representantes agrarios de Europa, alzando la voz contra el acuerdo de libre comercio.

La organización SOS Rural, por su parte, ha decidido desmarcarse de sus compañeras de sector. A pesar de que la presión política y las manifestaciones pueden hacer mucho por la causa, ellos consideran que su lucha está en los tribunales. El secretario general de la organización, Javier Poza, cuenta que están comenzando un proceso para llevar el asunto de la competencia desleal a la justicia europea.

Junto al bufete de abogados Accountax, SOS Rural se encuentra estudiando las posibles vías jurídicas por las que presentar una demanda, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de que se produzca un supuesto de competencia desleal en alguno de los estados miembros. Declaran estar alerta, en caso de que se produzca cualquier irregularidad a nivel legal, como falta de rigurosidad en la importación de mercancías fuera de la Unión.

El proceso se encuentra aún en fase preliminar, pero esperan que Accountax presente un informe técnico-jurídico sobre las diferentes vías legales que pueden emprenderse para llevar la batalla agraria a los tribunales. A partir de enero o febrero, en palabras de Poza, se prevé que este informe esté listo.

Las organizaciones agrarias españolas no van a pasar por el aro. Tanto en el ámbito institucional como en el ámbito legal, los representantes de los agricultores tienen claro que ofrecerán oposición para evitar que el histórico acuerdo llegue a buen puerto. Es una lucha conjunta, de todos los profesionales europeos, pero la presión a nivel nacional también es necesaria.