Los agricultores avisan: el alza del salario mínimo encarecerá los alimentos

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a un alza del 8% del SMI hasta dejarlo en 1.080 euros al mes. 80 euros de subida que tendrá su impacto en los precios de alimentos. Así lo advierte la patronal agraria Asaja, después de considerar que el incremento de la renta mínima, que tendrá efectos retroactivos al 1 de enero, «será dramática». «Este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas, por ejemplo, en el precio de los alimentos», avisa la patronal.

El campo es uno de los sectores más sensibles a las subidas del salario mínimo y son pymes y autónomos lo que más sufren. Agricultores y ganaderos llevan meses denunciando cómo el incremento de sus costes de producción ha llevado al sector «hasta límites inasumibles», lo que ha provocado que el número de explotaciones que cierran cada día sea «alarmante». Avisan de que el encarecimiento de los costes salariales y la reforma laboral hizo caer el empleo en el campo en 86.000 trabajadores en 2022.

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El salario mínimo suma alzas de casi el 50% en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. En el caso del campo, a este aumento de los costes salariales hay que sumar los incrementos de precios de los bienes de producción que en algún caso se convierten en inasumibles para la rentabilidad de las explotaciones. «Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre», denuncian desde la patronal agraria.

Según datos del INE sobre el censo agrario, hasta diciembre de 2020, últimos datos disponibles, el sector había perdido 75.000 explotaciones agrarias en los diez años anteriores. A estos datos se unen los graves efectos que dejó la pandemia en el sector y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que han provocado volatilidad en los mercados y un incremento desmesurado de los precios de materias primas. Teniendo en cuenta todo esto y según las estimaciones de Asaja, el sector agrario ya ha superado las 80.000 explotaciones perdidas.

Por lo que respecta al empleo en el sector y según datos de la EPA, en el último año el número de trabajadores el campo ha disminuido en 86.900, un 10,34% menos. Solo con los efectos de la subida del salario mínimo hasta mil euros se perdieron 25.000 empleos en el campo, según Asaja.

Las consecuencias de la subida del indicador en 2023 están aún por ver, pero la patronal sí adelanta que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios del campo que se están negociando en las provincias, ya que, en su opinión, supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación y resta margen de maniobra a empresarios y trabajadores.

Como ya informó ABC, con la subida del salario mínimo hasta 1.080 euros al mes, empresas y autónomos afrontarán un aumento de costes directo de 1.547 euros al año por trabajador que esté percibiendo el SMI, entre sueldo y cotizaciones. De esos 1.547 euros de más que deberán de afrontar los empleadores por cada trabajador a su cargo que cobre el sueldo mínimo, la mayor parte procede del aumento de la remuneración, unos 1.120 euros más al año -el SMI pasa de los 14.000 euros anuales a 15.120 euros- mientras que los 427 euros restantes corresponden a las cotizaciones empresariales a satisfacer por cada empleado -pasan de 4.396 euros a 4.823 euros anuales-.

Pymes y autónomos ya han avisado de que la subida del SMI podría frenar las nuevas contrataciones y recortar la jornada laboral. Cepyme ha denunciado que mientras el SMI ha subido casi un 65% desde 2016, desde 655 euros mensuales a 1.080 euros, la productividad de las pymes en el mismo periodo, medida en términos de ventas reales por ocupado y ajustadas a la inflación, ha caído un 3,6%, en tanto que la productividad total de la economía ha descendido un 4,9%.

La patronal que dirige Gerardo Cuerva avisa de que el alza aprobada para este ejercicio «afecta directamente al 40% de las pymes» y ha recordado que «las subidas del SMI deben de ser moderadas y siempre acordes con la situación real de la empresa». Sin embargo, en su opinión, está ocurriendo lo contrario, ya que «desde 2016 el SMI se ha incrementado un 65% mientras que la productividad de la empresa ha caído más de un 3%».

Y si hay un colectivo en el que la nueva subida tendrá un impacto directo es el de empleadas del hogar. Contratar a una de ellas, el 95% son mujeres, se ha convertido en un lujo para muchas familias. La sucesivas subidas del salario mínimo están estrangulando los bolsillos, ya mermados por la espiral de los precios.

A finales de 2022 había 375.901 personas cotizando en el régimen de empleadas de hogar, la cifra más baja en diez años. En este periodo los afiliados de este colectivo no han dejado de caer. Diversas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas trabajadoras hayan pasado al lado de la economía sumergida. Una teoría que, en parte, se podría explicar si se analizan los datos de la EPA. Según Estadística, en el sector de servicios del hogar había a finales de 2022 más de 377.500 personas, 1.600 menos que los que refleja la Seguridad Social.

Otra de las opciones que manejan los expertos es que se haya producido un trasvase de trabajadores del régimen del hogar al de cuidadoras no profesionales de personas dependientes, dado que el Estado volvió a cotizar por ellas. Desde 2019 las aportaciones a la Seguridad Social de estos convenios corren a cargo de la Administración General del Estado y no generan coste alguno al cuidador no profesional.