La Agencia Tributaria cercará a los falsos no residentes en España y a quienes simulen vivir en otra autonomía

«Se ha observado que un cierto número de personas no nacionales eligen vivir en España, estableciendo su residencia habitual en territorio español, permaneciendo en él durante más de 183 días del año natural, pero no comienzan a tributar como residentes por su renta mundial, sino que lo siguen haciendo, incorrectamente, a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes únicamente por la renta obtenida o generada en España. Estos comportamientos serán objeto de comprobación», advierte el documento publicado en el BOE. El objetivo de estas personas, según señala la Agencia Tributaria en la nota de prensa, es «rebajar artificialmente su factura fiscal».

Hacienda, así, pone énfasis en «conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública» como las relacionadas con simular residencia fiscal fuera de nuestras fronteras. Una opción que se utiliza para tributar en territorios de «baja tributación» y a lo que la Agencia Tributaria quiere poner coto, con el ojo principalmente en grandes patrimonios.

No solo los falsos no residentes tendrán a la organización encima sino que también se focalizarán las actuaciones en aquellos ciudadanos que simulen vivir en una comunidad autónoma distinta a la que en realidad lo hacen; una actuación, de nuevo, con las grandes fortunas en el radar. «Se atenderá a la simulación de la residencia fiscal de algunos contribuyentes por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación», dice el plan.

El fraude fiscal, asimismo, es una de las grandes preocupaciones de la Agencia Tributaria. Es por ello que durante 2023 continuarán enfocándose en ello para tratar de reducirlo; en este sentido, la economía sumergida, aquella que escapa a los ojos de Hacienda, es un punto clave. «La Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Así, se impulsarán las tradicionales visitas o 'peinados' fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles», señala la organización. Se pondrá el foco en el sector del ladrillo y las actuaciones, asimismo, se llevarán a cabo también en colaboración con el gremio.

Más allá de ello, las monedas y pagos digitales centrarán buena parte de los esfuerzos de la organización en el presente ejercicio. Entre las actuaciones a llevar a cabo, «se encuentra el refuerzo de actuaciones en relación con titulares de actividades económicas que hacen uso de los denominados 'pagos virtuales', y específicamente con el empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales de suministro de información financiera».

Las directrices van encaminadas también a «la investigación del uso de las monedas virtuales, dado que, junto con las habituales menciones a la necesidad de comprobar su correcta tributación, este año se subraya la intención del Área de Recaudación de potenciar las actuaciones de localización de criptoactivos susceptibles de embargo». Y unido a todo ello también se desarrollará un plan de investigación relacionado con el uso de criptomonedas en el ámbito de la economía digital con la finalidad de detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales.

Dentro del plan de la Agencia Tributaria también se hace referencia a nuevas tareas que ha de asumir la organización ante la creación de nuevos impuestos este año. Concretamente, respecto a los gravámenes a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.

«Las directrices también subrayan que la Agencia Tributaria será el órgano encargado de poner en marcha este año los dos nuevos gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. La Agencia asumirá, por lo tanto, las competencias de exacción, gestión, comprobación y recaudación respecto de esos dos gravámenes temporales, a pesar de tratarse de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, y ejercerá las competencias que le son propias respecto del impuesto temporal de grandes fortunas», expone la institución.

El plan de control señala también la implantación de un nuevo modelo de información y asistencia «en el cual la mayoría de los servicios se presten en todos los canales y el ciudadano decida cómo quiere ser atendido, según el tipo de servicio y los recursos disponibles».

En este sentido, la Agencia Tributaria ha informado de que «se definirá una carta completa de los servicios que presta la Agencia y los canales de asistencia disponibles para cada uno de ellos». Además, todo ello se acompañará de una nueva aplicación de cita previa en sede electrónica «que utilizará un lenguaje más comprensible y que mejora su usabilidad». Y, además, se intentará prestar un mejor servicio a personas mayores, es decir, a quienes sufren más la brecha digital.

Además, se destaca en la nota de prensa que la institución buscará seguir reduciendo el número de no declarantes del IRPF mediante campañas de avisos durante el periodo de declaración, entre otras actuaciones.