La Administración pública pierde más de 11.000 empleos en un mes

De entrada cabe destacar que la caída de esos más de 11.000 afiliados corresponden al sector de actividad de Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria, que es la rúbrica recogida dentro del régimen general que alude directamente a los empleados públicos de las administraciones central y autonómica. Por lo que en este grupo no se encontrarían ni las resoluciones de contratos interinos asociados a la enseñanza o a los servicios sanitarios. Señalan a este medio fuentes del principal sindicato de los empleados públicos, CSIF, que estas bajas corresponden principalmente a esos interinos contratados para cubrir el periodo vacacional y a jubilaciones.

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Precisamente, este dato ha encendido las alarmas entre los diferentes cuerpos del Estado en un contexto de parón legislativo, a expensas de que se resuelva la conformación de un nuevo Gobierno. Aseguran las fuentes consultadas que existe «preocupación» ante el hecho de que este 'impasse' pueda retrasar la negociación con el Ministerio de Hacienda de la próxima oferta de empleo público. Recuerdan en este punto que más del 60% de la plantilla se jubilará previsiblemente en los próximos 10 años, lo que supone la pérdida de 136.000 empleos.

Sin embargo, tal y como advierten desde el sindicato, el gabinete que dirige María Jesús Montero sí que está habilitado para sentarse a negociar la próxima oferta de empleo para los diferentes organismos de la Administración Pública pese a estar el Gobierno en funciones. «Pedimos que se sienten a negociar, es una necesidad», señalan las fuentes consultadas, precisamente apremiados por estas cifras de envejecimiento de la plantilla pública.

Además, recuerdan que estas ofertas de empleo no se sustancian de forma inmediata ya que conllevan un proceso de oposición que demora la incorporación efectiva de los trabajadores. Señalan, sin ir más lejos, que «el fin de semana del 16 y 17 de julio se celebraron en Madrid oposiciones correspondientes a plazas pendientes de 2020, 2021 y 2022». Es por ello que subrayan la necesidad de no retrasar la siguiente negociación para 2024.

«Esta situación es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo. Así quedó de manifiesto durante la pandemia, cuyos efectos aún lastran nuestras administraciones como comprueban a diario nuestros ciudadanos y los trabajadores públicos», apuntan desde CSIF señalando que son precisamente algunos servicios de atención al público los más afectados por esta merma de la plantilla, como el SEPE, el INSS, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo, Instituciones Penitenciarias o la Justicia. «Desde 2010 se han perdido más de 54.000 empleos», avisan los representantes del colectivo de funcionarios.