Una Administración atenazada por el pago del paro, que no llega al empleo y al control de las prestaciones

En la carta que le enviaron en junio pasado el sindicato avisaba de que la carencia de trabajadores estaba impidiendo «un efectivo control de las prestaciones, labor fundamental del SEPE -decían- a efectos de gasto». Afirmaban entonces que ante dicha carencia, «la premisa es abonar las prestaciones en el menor tiempo posible volcando el máximo de los exiguos recursos de que disponemos y evitando, con ello, el poder realizar las acciones tendentes a la comprobación y verificación de las prestaciones aprobadas». Esta rueda de problemas estaba provocando la caducidad o prescripción de los procedimientos de cobro indebido. Hoy todos estos problemas se han agudizado.

El trabajo de los funcionarios está volcado en el pago de prestaciones; el servicio de empleo sigue siendo un órgano pagador, que apenas gestiona un 2% de colocaciones, porque cada mes debe abonar más de dos millones de prestaciones por paro, además de atender a las citas telemáticas. En enero pasado, por ejemplo, las nóminas que pagó el SEPE ascendieron a 2.289.827, una tarea de gestión que deja poco margen para otras como el control de las prestaciones cobradas de forma indebida, según reconocen los propios empleados del organismo dependiente de la titular del Ministerio de Trabajo.

El SEPE sigue esperando su reforma porque nunca ha estado a pleno ritmo en la búsqueda de empleo, absorbido por los trámites del pago de millones de nóminas. La situación ha ido claramente a peor. El antiguo INEM llegó a gestionar en 1999 el 22% de los contratos, pero a partir de 2003 inició una vertiginosa caída que se acentuó con la crisis financiera y ha llegado hasta los porcentajes mínimos que en estos momentos se registran.

Los datos facilitados a este medio sitúan en 72.200.000 el montante total recuperado en los primeros cuatro meses de este año como consecuencia de esa comprobación de prestaciones. Los funcionarios recuerdan a ABC que el organismo cuenta con una red de 711 oficinas y que el 52% de ellas están infradotadas de personal. Entre las más afectadas están Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Cáceres, Badajoz, Vizcaya, Álava, Baleares, Alicante y Almería.

Lamentan que en 2021 sólo se aprobó una oferta de empleo público extraordinaria de 926 plazas, «cifra excesivamente alejada» de los 3.500 nuevos empleos que reclamaban. «Lo aprobado -dicen- no llega a suplir, por ejemplo, las 1.143 bajas que se han producido en los tres últimos ejercicios por jubilación». Cada año se jubilan entre 300 y 400 trabajadores en el servicio público de empleo.