La acometida de Sánchez para mover los hilos del tejido empresarial
Nada más asentarse en La Moncloa ya se encargó de dejar claro al mundo de la empresa que no quería que nada se moviera en el Ibex sin que él lo supiera
Sus injerencias en temas corporativos de empresas privadas como Naturgy, Talgo, Ferrovial, Telefónica o ahora BBVA revelan un intervencionismo sin precedentes
Eran los primeros compases de la era Sánchez y el que por aquel entonces constituía el círculo de confianza del presidente en La Moncloa, con Iván Redondo y Manuel de la Rocha a la cabeza, propició una ronda de contactos con personalidades relevantes del ... mundo de la empresa para abrir un canal de relación y explicar la hoja de ruta del nuevo gobierno. Varias fuentes que tomaron parte en esa tanda de reuniones con el núcleo duro del presidente comentaban semanas después no sin cierto asombro la claridad con la que exponían su intención de jugar un papel más activo en las decisiones estratégicas de las grandes empresas del Ibex. El mensaje, decían, venía a ser el siguiente: lo que el Gobierno quiere es que nada se mueva en el Ibex sin que ellos lo sepan.
Los interlocutores se repartieron entonces entre los escépticos, que atribuían esa ambición a la falta de experiencia en tareas de gobierno; y los desconfiados, que empezaban a intuir lo que se podía venir encima. Siete años después los hechos han dejado claro que no se trataba de ningún brindis al sol fruto de la bisoñez sino de un firme propósito que se ha llevado a cabo de manera inexorable y que ha alterado de forma sustancial el mapa de poder del Ibex, en el que el Estado ha irrumpido con un peso específico desconocido en décadas.
La acometida del Gobierno para controlar los movimientos en el tablero empresarial español desde la fusión que alumbró CaixaBank a su desacomplejada intervención en la opa de BBVA ha estado jalonada de episodios de intervencionismo. ABC ha recopilado los más relevantes.
El veto a la opa de BBVA: el Estado contra el sistema
La oposición a la opa de BBVA sobre Sabadell es el último capítulo y quizá el menos disimulado de la intervención del Gobierno en el Ibex. Desde el inicio, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se han posicionado en contra de la operación por las formas y el fondo. El Gobierno ha dejado correr el procedimiento habitual en este tipo de operaciones sin perder ninguna oportunidad para manifestar su rechazo a la misma y en cuando le ha llegado el momento de intervenir, tras constatar por cierto la ausencia de objeciones de peso a la operación tanto por parte del Banco de España como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo ha hecho de un modo insólito: lanzando una consulta pública para que cualquiera pueda opinar sobre la opa y armarse de razones para torpedearla.
La consulta ha sido muy criticada por el mundo económico, al entender que la ley ya da al Gobierno los instrumentos para modificar las condiciones fijadas por Competencia. Y sin embargo esa no será la única intervención gubernamental en la operación. Si triunfa la opa, el Gobierno tiene la opción legal de vetar la posterior fusión de ambas entidades, a la que aspira BBVA. Todo está en el aire pero el Gobierno promete guerra.
El asalto a Telefónica: accionista y presidente de confianza
El presente de Telefónica no se entiende sin Pedro Sánchez. En este caso el desencadenante fue un movimiento de los saudíes de STC para tomar un 10% del gran operador de telecomunicaciones español y de «una de las principales empresas estratégicas del país, sino la más estratégica», como subrayó en aquellos días la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El Gobierno reaccionó de inmediato con el argumento de garantizar la españolidad de Telefónica: activó el escudo antiopas para poner en suspenso la entrada de los saudíes en el capital de la compañía y al cabo decidió que el Estado regresara al capital del operador 24 años después de su salida. Sacó cerca de 2.300 millones de los Presupuestos para adquirir un 10% de las acciones y hacer así de contrapeso al emergente poder de Riad.
Pero no se quedó ahí. A principios de 2025 La Moncloa ejecutó en una demostración de mando sin precedentes el cese de José María Álvarez-Pallete como presidente de la operadora y colocó como primer ejecutivo de la compañía a un afín, el hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, con la complicidad de la Criteria Caixa de Isidro Fainé y Ángel Simón. El movimiento ha hecho que el control del Gobierno en estos momentos sea fundamental sobre las decisiones estratégicas de la compañía.
Indra: guía rápida para construir un campeón nacional
Indra ha sido el gran proyecto del Gobierno para construir desde el mismo Palacio de la Moncloa un campeón nacional de la defensa y la seguridad, de la mano del ahora presidente de Telefónica, Marc Murtra. El proyecto de hecho arrancó antes incluso de la llegada a la Presidencia de Murtra en 2021. En 2019 la empresa de ingeniería controlada por la SEPI ya intentó sin éxito la adquisición de ITP Aero para ganar tamaño y diversificar su rango de actividad. El fiasco de esta operación -aunque después sí ha logrado obtener una participación en la compañía- no ha impedido que en los meses siguientes y ya con Murtra a los mandos haya cerrado compras de menor escala para ganar tamaño y operatividad a la espera del gran golpe.
La posible adquisición de EM&E (antigua Escribano) asoma ahora en el horizonte como el gran paso en el objetivo de crear un campeón empresarial nacional capaz de pelear por grandes proyectos europeos.
Caixabank-Bankia: la fusion bancaria consentida
En plena pandemia el presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé, negoció directamente con Nadia Calviño, entonces ministra de Economía, para que Caixabank absorbiera la intervenida Bankia. Al contrario de lo que está ocurriendo ahora con la opa de BBVA sobre Sabadell en aquel momento no hubo objeción alguna por parte del Gobierno a una operación que fusionaba a la tercera y la cuarta mayor entidad financiera del país, pero que compensaba a todas las partes.
Aunque desde La Moncloa se vendió la venta a Bankia a Caixabank como una manera de maximizar la recuperación del rescate bancario, lo cierto es que el Ejecutivo se aseguró tener poder de decisión en el primer banco español por volumen de activos. El Estado tiene ahora, a través del FROB, un 18,1% de Caixabank y una consejera dominical, Teresa Santero. Hace unas semanas la entidad nombró como vicepresidenta a Amparo Moraleda, una ejecutiva a la que algunas fuentes sitúan en la órbita socialista.
Naturgy: control a la estrategia y al reparto accionarial
El primer gran hito de la estrategia de control del Gobierno sobre las grandes empresas privadas fue quizá su intervención en el intento de opa del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy, un operador clave tanto en las redes de distribución eléctrica como sobre todo en el sistema de gas. El Ejecutivo autorizó la operación, pero aprovechó la entonces recién aprobada normativa que le permitía controlar las operaciones de actores extranjeros sobre empresas españolas -el famoso escudo antiopas- para imponer una serie de condiciones a la operación y vincular su autorización a cuestiones como que se apoyasen las inversiones en proyectos de transición energética en España, que no hubiera desinversiones; o que se impulsase una política de dividendos prudente, lo que condicionó la operación de IFM, aunque el fondo ha logrado elevar su participación en los años siguientes hasta el 16% desde el entorno del 10% en que estaba.
Justo un año después, en octubre de 2022, Naturgy tenía encima de la mesa el 'Proyecto Géminis', un plan para escindir el negocio regulado de la compañía del comercial. A la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el plan no le convencía y manifestó en una entrevista que su desarrollo no era conveniente en aquel momento. Fuera por ello o no el caso es que el plan de Naturgy acabó en un cajón.
Maniobras para encarrilar el futuro de Talgo
El escudo antiopas también resultó decisivo para bloquear el intento de compra del fabricante español de trenes Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon. Es una de las dos operaciones que el Gobierno ha vetado en los seis años de existencia del dispositivo de control sobre las inversiones extranjeras en empresas españolas, con el agravante de que en este caso se trataba de una empresa de la Unión Europea.
Antes de tumbar la oferta, el Gobierno hizo todo lo posible para torpedearla, con declaraciones públicas del ministro Óscar Puente; y buscando ofertas alternativas, tanteando a casi toda la competencia de Talgo (CAF, Alstom y Stadler) y a inversores nacionales (Criteria Caixa o Escribano), y extranjeros, como la checa Skoda, la polaca Pesa o la india Jupiter Wagons. Finalmente, el Gobierno jugó la carta de unas supuestas vinculaciones con el Kremlin -informe del CNI incluido- para tumbar la oferta a finales de agosto de 2024.
Un fondo desconocido, un millonario y una petrolera con negocio en Rusia: el entramado de la opa sobre Talgo
El fondo estatal húngaro controla el 45% del oferente sobre la empresa española
La Moncloa activó entonces la búsqueda de una novia para Talgo y en octubre del año pasado apareció la vía vasca que lidera Sidenor, con una oferta por el 29,9% de la compañía a la que le queda resolver algunos flecos. De confirmarse la operación, el fondo vendedor, Trilantic, acabará ingresando los mismos cinco euros por acción que ofrecía la húngara, pero el resto de accionistas se verán privados de recibir un precio muy superior al que tienen hoy las acciones de la compañía, un 35% menos.
Ataques e investigación fiscal a Ferrovial por dejar España
«Ferrovial le debe todo a España. No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país». La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, cargó con todo contra Ferrovial a principios de marzo de 2023 después de que la compañía de Rafael del Pino comunicara a la CNMV (se lo comunicó al Gobierno solo unos minutos antes) su decisión de trasladar la sede social a Países Bajos en busca entre otras cosas, según se recogía el hecho relevante, de un marco jurídico estable.
El Gobierno, que reconoció no estar al tanto de la operación, se tomó la decisión de Ferrovial como una afrenta directa y no solo acusó a la compañía de ir contra la imagen y la reputación de España, sino que en los días posteriores puso en marcha una campaña para sugerir que el movimiento obedecía a la intención de la empresa de pagar menos impuestos y anunció que le abriría una investigación para determinar si le correspondía abonar alguna penalización fiscal por salir del país, de la que por cierto nada se sabe más de dos años después.
El baile de presidentes para controlar Red Eléctrica
La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa trajo consigo un nuevo presidente a Red Eléctrica, el exministro de Zapatero Jordi Sevilla, un expolítico con una trayectoria acreditada en el sector privado pero sin experiencia previa en el sector. Su mandato al frente de la compañía controlada por la SEPI fue sin embargo breve por sus fuertes discrepancias con la responsable de Energía del Gobierno, Teresa Ribera. Sevilla quería dotar a Red Eléctrica de mayor independencia del Gobierno promoviendo negocios que no estuvieran regulados, lo que no encajaba en los planes de Ribera, que acabó buscando un nuevo perfil para presidir la empresa encargada de mantener el suministro eléctrico del país.
Corredor sortea las normas de buen gobierno con un consejo dependiente de Moncloa
Sánchez nombró a dedo a la presidenta del operador
El retrato robot trazado por el Gobierno para que encajase con la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea era el de una persona con experiencia en política, mujer a ser posible y, sobre todo, con buena sintonía con Ribera. La presidencia no ejecutiva de Red Eléctrica acabó en manos de otra exministra de la era Zapatero, Beatriz Corredor, ahora en el punto de mira por la gestión del apagón del 28 de abril.
La fusión fallida de Iberia y Air Europa
A principios de 2022, tras fracasar el primer intento de Iberia de hacerse con Air Europa y entre rumores del interés de Air France, el Gobierno valoró entrar en el capital de la compañía fundada por Juan José Hidalgo por la vía de capitalizar parte del rescate de 475 millones realizado por la SEPI y quedarse así con casi la mitad de su accionariado. El plan era que Iberia se hiciera con otra porción de la compañía para allanar una futura fusión que mantuviera la españolidad de la aerolínea.
El movimiento fue reconocido públicamente por el Ejecutivo español. «El Gobierno está siendo parte de la solución para Air Europa y estamos analizando las distintas opciones disponibles en este momento», llegó a decir en enero de 2022 la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Finalmente, Iberia salió al rescate inyectando un préstamo participativo de 100 millones de euros, que más tarde convertiría en el 20% de los títulos de la aerolínea. Una posición que mantiene todavía, a pesar de haber saltado por los aires el segundo intento de IAG (propietario de Iberia) por integrar a la aerolínea balear en su grupo.
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