Los accionistas minoritarios cargan contra Duro Felguera por trocear la empresa y ejecutar un ERE «insuficiente»

Los 90 millones a los que se refieren desde el SAM (representa a alrededor del 8% del capital de la empresa), es el dinero que los ahora socios mayoritarios, los mexicanos Prodi y Mota Engil (55% de la compañía), abonaron en 2023 como préstamos para más tarde, el año pasado, capitalizarlos y hacerse con el control de la empresa en una ampliación de capital que fue apoyada por los minoritarios. Pero las previsiones de negocio no se están cumpliendo y ahora la compañía vive inmersa en una reestructuración para tratar de esquivar la quiebra, tras lograr hace pocos días que el juez le concediera una segunda prórroga del preconcurso declarado por primera vez en marzo, tras verse obligada la compañía a provisionar 100 millones de euros por un arbitraje en Argelia. Breña y Breña se queja de que a este proceso, los minotritarios asisten «como mero espectador, sin voz, ni voto» a pesar de que en su día apoyaron a los accionistas de control «que, de momento, no han cumplido con los compromisos asumidos para que el SAM respaldase su entrada».

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En conversación con este periódico (también en la carta), Breña y Breña carga además contra el acuerdo del ERE pactado entre empresa y sindicatos por el que saldrán de la compañía 180 empleados, tal y como se oficializó ayer. «¿Para qué necesitamos 1.400 empleados si no tenemos negocio?», se pregunta. En su opinión dentro del despido colectivo se tendría que haber incluido a algunos directivos , «que han acreditado ser ineficaces en la dirección y en la gestión de la compañía y, sin embargo, siguen ahí».

«El SAM rechaza el ERE aprobado por resultar insuficiente atendido el negocio actual y por no afectar a directivos, pues quien fue parte del problema no puede ser parte de la solución. El nepotismo del pasado y la huida de talento nos ha hecho débiles», se dice también en la carta.

Dentro de la reestructuración, los minoritarios también se muestran en desacuerdo con el troceo que se está haciendo de la compañía con ventas como la de El Tallerón a Indra, además a un precio que Breña considera irrisorio. Con este contexto, según el presidente del SAM, la asociación sigue determinada a emprender las acciones judiciales que procedan contra el Estado (SEPI, con dos consejeros en el grupo), y contra los accionistas mexicanos, «si finalmente sufrimos un perjuicio patrimonial».