Acaba la consulta pública del Gobierno sobre la opa a Sabadell sin la participación de BBVA

Tras la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la ley habilita al Ejecutivo a endurecer, mantener o suavizar las condiciones fijadas en la operación, que en este caso son compromisos pactados con el BBVA en materia de mantenimiento del crédito a pymes, mantenimiento de condiciones comerciales e inclusión financiera, entre otros asuntos, durante un máximo de cinco años.

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Daniel Caballero

Es un formulario de Microsoft Forms que permite dar respuestas diferentes en cada intento

Esa intervención del Gobierno tiene dos fases. Primero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dispone hasta el 27 de mayo para decidir si eleva el caso al Consejo de Ministros. Después, es este órgano el que dicta cómo intervendrán en la opa.

En todo caso, la normativa dicta que el Ejecutivo, si interviene, debe hacerlo con criterios de interés general y nunca puede basarse en elementos de competencia ya que estos ya han sido analizados por la CNMC; en este sentido, fuentes jurídicas señalan que si usaran criterios de competencia podrían exponerse a la vía judicial.

De cara a esa primera decisión que debe adoptar el ministro Cuerpo, el Gobierno sacó la citada consulta pública durante siete días hábiles. Una consulta que se trata de un formulario de Microsoft Forms en el que una misma persona puede participar miles de veces y utilizar DNI, nombre y correo electrónico falsos. Con todo, el ministerio sostiene que va a depurar toda esa información para que no se cuele ninguna respuesta falsa o duplicada.

Ese plazo de siete días se ha extendido hasta este ayer 16 de mayo. El Ejecutivo se encuentra ya intentando depurar la información recibida, tal como ha desvelado el titular de Economía, aunque no han llegado a señalar si harán un balance público sobre las respuestas recibidas. «La consulta es muy importante para nosotros. Es un elemento adicional de información que nos va a permitir tomar la decisión con todas las garantías», señaló ante los medios de comunicación en Valencia.

Entre las respuestas estará la de Banco Sabadell, que ha participado en la consulta pública aportando sus argumentos de por qué y cómo podría intervenir el Gobierno. Fuentes conocedoras destacan que la decisión ha pasado incluso por el consejo de administración.

«Hay muchos elementos a considerar», reconoció Cuerpo sobre en qué podrían basarse para realizar su intervención en la opa. El ministro ha recordado que desde el principio han mostrado sus preocupaciones sobre la operación yendo más allá de los criterios de competencia. Destacó que hay que tener en cuenta elementos asociados a la inclusión financiera, la pérdida de empleo y el cierre de sucursales, y la cohesión territorial.

Precisamente los sindicatos están presionando al Gobierno para que intervenga contra la opa. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con las federaciones sectoriales de banca de ambas centrales, enviaron ayer un escrito a Cuerpo para transmitir sus preocupaciones. Ambos alertaron de los «riesgos económicos, sociales y laborales» y cuantificaron lo que sería una «pérdida masiva» de empleo. En concreto, calculan una destrucción de puestos de trabajo de entre 7.684 y 10.567 empleos directos, afectando «especialmente» a los mayores de 50 años.

Por su parte, según ha podido conocer ABC en fuentes de BBVA, desde la compañía presidida por Carlos Torres consideran que «no hay factores de interés general afectados por la operación. Además, los compromisos asumidos por BBVA con la CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tiene mayor presencia Banco Sabadell, como Cataluña».

Asimismo, BBVA no ha participado en la consulta pública. «Como parte interesada en el procedimiento, trasladamos nuestras consideraciones, al Ministerio y resto de autoridades, en el propio procedimiento», señalan en la entidad financiera.