El absentismo repunta y ya son más de 1,4 millones de empleados los que no acuden ningún día del año a su puesto de trabajo

Concretamente, lo que la Seguridad Social plantea es que estas mutuas no sólo hagan las veces cobrador de cuotas y pago de prestaciones, sino que también tengan un papel activo desde el momento en el que un trabajador causa una baja, principalmente de carácter traumatológico al ser sobre las que estas compañías cuentan con más experiencia de tratamiento y sobre los que se proyecta un mayor ahorro para las arcas públicas en términos de reducción de plazos de recuperación -y por tanto del tiempo de pago de la prestación por incapacidad temporal-. Según las cifras que maneja la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en 2023 se produjeron más de 8,2 millones de bajas laborales, disparando el coste total del absentismo hasta los 142.000 millones de euros. Según advierte la asociación, esta cifra equivale a que en 2023 un total de 1.455.302 empleados no acudió ningún día a su puesto de trabajo.

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Como publicó este medio en exclusiva hace escasos días, el Gobierno ya ha entregado a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y a los representantes de las mutuas, así como a patronal y sindicatos un primer borrador sobre el nuevo procedimiento de actuación de carácter general que deberá ser desarrollado un nuevo convenio que afectará a todos los procesos de bajas traumatológicas que hasta ahora asume en su mayor parte la Seguridad Social. Siendo en este punto dos aspectos los que determinan la labor, menos efectiva del servicio público: por un lado el incremento de procesos que se ha producido en los últimos años y en mayor medida tras el impacto de la pandemia por un lado que lastra la capacidad de abordar cada caso específico postergando la ejecución de altas, a lo que también suma la falta de recursos humanos en el sector sanitario que afecta directamente a plazos de diagnosis y realización de pruebas y tratamientos posteriores con el consecuente impacto.

El punto de conflicto está en la gestión del alta definitiva del trabajador. La Seguridad Social admite en la exposición de motivos de nuevo procedimiento que está siendo negociado que el objeto de la modificación pretendida va dirigido a aliviar una carga creciente para el sistema que también gestiona las pensiones de los 9,1 millones de beneficiarios y que ya consume unos 190.000 millones de euros del presupuesto. Sin embargo, aunque el coste en incapacidad temporal, de casi 14.000 millones de euros en el pasado ejercicio, está a una distancia sideral de la partida anteriormente indicada, el crecimiento exponencial del gasto para las arcas públicas experimentado desde 2020 ha hecho saltar las alarmas.

De entrada, cabe recordar que la suma de todos estos importes provocados por el absentismo y sus derivadas es unos 25.000 millones superior al de hace un año, lo que preocupa no sólo a empresarios, sino también entre los propios gestores de la Seguridad Social. Sin embargo, un aspecto crucial a la hora de abordar una senda de reducción de gasto está en el hecho de la duración de las bajas.

El gabinete dirigido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no tiene intención de dejar en manos de las mutuas el alta definitiva de los trabajadores aunque será el principal punto de fricción en la negociación del convenio de actuación previsto. Un punto, que por otro lado, rechazan de pleno las organizaciones sindicales, que según apuntan a ABC fuentes de la negociación se oponen a que este elemento quede en manos de las mutuas colaboradoras. Ello, pese a que la consecuencia de un alta en menor plazo mediante la mutua pivote sobre la idea de que el tratamiento podrá ser más preciso y específico, además de no postergarse a la espera de pruebas diagnósticas que en ocasiones se aplazan por meses.

Sin embargo, tal y como señalaba el director gerente de AMAT, Pedro Pablo Sanz Casado, durante su intervención en la jornada sobre 'Análisis y estrategias para abordar el absentismo laboral' acogida este miércoles por la patronal de los empresarios madrileños CEIM, este es un punto que se debe valorar. "Al menos, que se pueda proponer un alta y que la Seguridad Social lo tenga que valorar de forma veloz", señalaba como un punto intermedio a la exigencia de la asociación de permitir que se prescriban altas desde las mutuas en las contingencias comunes, "especialmente en patologías traumatológicas y osteoarticulares".

Señalaba en este punto, de cara la negociación abierta con Seguridad Social, que la mejora del servicio sanitario a los trabajadores pretendida con esta medida precisaría también de una asistencia sanitaria integral de las mutas (incluyendo la ejecución de las altas de los trabajadores), además de elevar la colaboración permitiendo a las mutuas la realización de pruebas radiológicas con el consentimiento del trabajador y sin tener que suscribir múltiples convenios con los servicios públicos de salud. A lo que también añaden las mutuas una predisposición a hacerse cargo de los procesos de rehabilitación tras el alta de las patologías.

Con todo, esta predisposición que como se ha mencionado no acepta la Seguridad Socia, que no en vano sí acepta la propuesta cualificada del alta del trabajador por parte de la mutua y se compromete a una contestación en un plazo máximo de cinco días, según el borrador publicado por este medio, tiene una segunda lectura financiera sobre el concierto al que están sujetas estas mutuas.

Como dato general, desde AMAT recuerda que estas entidades acumulan a cierre de 2023 un déficit de 14.173 millones de euros por la prestación del servicio, limitado en este momento, por lo que también piden a la Administración que se revise el marco de financiación. Cabe recordar que las mutuas se financian a través de las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que recauda para ellas la Tesorería General de la Seguridad Social y un porcentaje de la cuota por contingencias comunes, contingencias profesionales y cese de actividad.