Abogados y procuradores con pensiones que no llegan a 800 euros: «¡No queremos morir con la toga puesta!»

Como ella, más de 70.000 abogados y procuradores, espoleados por la plataforma Movimiento J2, llevan meses alzando la voz para pedir pensiones «dignas» después de décadas cotizando en unas mutualidades propias alternativas a la Seguridad Social a las que era obligatorio afiliarse para poder ejercer hasta 1995, cuando la ley les permitió convertirse en autónomos. Pero, eso sí, tenían que empezar a cotizar en lo público desde cero, sin poder llevarse el capital que ya tenían acumulado en la mutualidad. Muchos, como relata Ramírez, no se pasaron al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) porque, según sus cálculos, no llegaban a cotizar los quince años mínimos que se exigían entonces para llegar a cobrar una pensión. Otros no podían permitirse pagar los dos sistemas. La casuística es variadísima, porque además cada mutualidad se adaptó a los cambios legislativos siguiendo sus propios tiempos.

Pero hubo una nueva vuelta de tuerca a estas prestaciones: en 2005 la ley les obligó a cambiar estos sistemas de capitalización colectiva por planes individuales. Es decir, las aportaciones ya no iban a un fondo común, sino que cada mutualista llenaba su propia hucha, como si de un fondo privado se tratase. «Es entonces cuando estos sistemas de previsión social pasan a ser un plan de ahorro que depende de las inversiones que haga la mutualidad», exponen desde el Movimiento J2.

«Como un traje a medida», apunta Rafael Navas, director general en la Mutualidad de la Abogacía, más antigua que la propia Seguridad Social. «Nuestro sistema no es comparable con el público, que se financia con las aportaciones. Nosotros no garantizamos pensiones, solo rentas en función de lo que cada uno pone a su fondo. Además tú decides cómo llevártelo, hay más modalidades además de la vitalicia», añade este directivo, que insiste en que no todos los mutualistas jubilados tienen pensiones exiguas. Tal y como informó este diario en las páginas de Economía, de los 60.000 abogados afectados por estos cambios legislativos unos 2.500 estarían en esa situación más agravada con un horizonte de pensión de 500 euros mensuales; otros 15.000 colegiados tendrían una proyección de jubilación de entre 500 y 700 euros y unos 30.000 autónomos mutualistas rondarían los 800 euros mensuales.

En el caso de los procuradores, la Asamblea General aprobó en 2012 el traspaso de los que estaban en el sistema colectivo al individual, tal y como exigía la normativa, que debían modificar todas sus pólizas antes de enero de 2013. «¿Hay pensiones bajas? Sí, pero no todas lo son», puntualiza Luis Sánchez González, presidente de la Mutualidad de Procuradores. «En el año 2000 el mínimo que pagar eran 901,52 al año; en 2006, 1.492 euros, y ya luego se fue subiendo hasta que en 2017 rondaba los 3.982 euros anuales. La gente quería pagar poco y la verdad es que entonces no te preocupabas, porque así podías hacer frente a los gastos, que siempre son numerosos cuando empiezas una profesión. La idea era pagar poco para poder ejercer».

Aunque todos los mutualistas son conscientes de que sus cotizaciones mínimas son inferiores a las de los autónomos, ellos han cumplido siempre con las aportaciones mínimas que les han pedido, argumentan. Además, hasta que llegó la sanidad universal en 2012, tenían que costear su propio seguro médico. «Yo di a luz a mi hijo y al día siguiente me trajeron providencias para despacharlas. De hecho, le inscribí en el Registro Civil y recuerdo que después tenía un acto de conciliación, estaba ya despachando procedimientos», recuerda Ramírez. Es una experiencia compartida por casi todas las procuradoras, un sector en el que las mujeres son mayoría. Su compañera Teresa García Carreño (70 años), también jubilada y en activo, recuerda que durante su primer parto, por cesárea, estuvo casi un mes en el hospital, trabajando desde la cama. Además, reclama, como no tenía recetas de la Seguridad Social, ha tenido que pagar el cien por cien de sus medicamentos.

Tras 44 años como procuradora, García Carreño está cobrando una pensión de 312 euros al mes, «sin IPC, sin extras y sin nada». Por eso decidió seguir en activo, pagando al Colegio de Procuradores pero no a su mutualidad, de la que te 'jubilas' cuando cumples los 67 años. Entonces, en el 2021, le mandaron una carta diciendo que tenía un capital acumulado de 70.000 euros y las distintas formas de rescatarlo. Ella dejó el despacho compartido desde el que ejercía y comenzó a coger algunos casos desde casa. «Tengo muchas amigas que trabajaron por cuenta ajena y mejor o peor tienen una jubilación digna, pueden disfrutar. Yo también lo intento, voy al gimnasio, a la universidad popular... pero tengo que estar activa, porque si vas tirando del patrimonio este se agota», admite esta valenciana, que tuvo que pedir ayuda a un psicólogo para ir digiriendo todas estas circunstancias. «Nos han engañado, pero o lo superas o te hundes. Y es mejor pelear, aunque sea en la retaguardia», sentencia.

No demasiados, a juzgar por la presencia del Movimiento J2 en las calles, se han quedado en un segundo plano en esta lucha. A principios del mes de febrero organizaron una manifestación multitudinaria en Madrid a la que acudieron hasta 20.000 personas, según los organizadores, y unos 6.500 según la Delegación del Gobierno. Básicamente lo que piden es, como consiguieron los notarios, una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «No queremos caridad, solo poder llevar nuestro capital al sistema público y que nos hagan la equivalencia correspondiente para tener acceso a prestaciones dignas», insisten los portavoces de J2, que solicitan además un complemento para los jubilados que equipare su pensión a una no contributiva.

Conscientes de un problema que será aún más multitudinario según avancen las jubilaciones de los hijos del 'baby boom', Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció que prevé reconocer a los mutualistas anteriores a 1996 (unos 2.000 procuradores y 20.000 abogados, según estiman sus respectivas mutualidades) en situación de vulnerabilidad la posibilidad de pasar al RETA y obligar a todos los nuevos colegiados a cotizar en el sistema público a partir de 2027. Una decisión que no ha contentado ni a los afectados, que exigen una pasarela al RETA para todos y han convocado una nueva protesta en la capital el próximo 13 de abril, ni a las mutualidades, con las que el ministerio no se ha entrevistado. Estas, en todo caso, asumen que la solución debe llegar desde el Gobierno. Aunque «todo es mejorable», consideran que han sido siempre transparentes con sus asociados.

Mientras llega una solución, los letrados mayores de 67 años siguen alargando su retirada definitiva. Para muchos, como explica José María Martínez, «su despacho es su jubilación». Tiene varios empleados a su cargo y es por lo que ha estado peleando toda la vida, asegura. Él llegó a tener en la Mutualidad un capital acumulado de «ciento y poco mil euros que bajó a noventa y pico mil, nunca entendí por qué». Cuando superó los 67 le comunicaron que le quedaban menos de 200 euros de pensión, así que decidió sacar una parte. Aún tiene un capital de más de 40.000 euros en la Mutualidad. «Tengo ahí ese dinero como un plan de pensiones y a seguir trabajando mientras pueda. Me he puesto un pequeño sueldo que espero que me dure mucho tiempo», asegura. Con una prestación de más de 2.000 euros se pensaría dejar el despacho, asegura, pero en las circunstancias actuales y viviendo de alquiler en Madrid, ha descartado colgar para siempre la toga.

Aunque muchos siguen viendo a los juristas como un sector privilegiado, Martínez asegura que entre los abogados no poder jubilarse a los 67 no es algo inusual. «Los que hemos pisado tablas tenemos un despachito personal o entre varios. Y si vives tampoco da para ahorrar tanto. Con 30 años y tres hijos peleas el día a día, sigues currando y en lo que menos piensas es en qué pasará cuando tengas 70. ¿Error nuestro? Creo que nos han engañado y tienen que explicarnos por qué antes nos garantizaban una pensión y ahora sólo un plan de pensiones».