Una abogada explica cómo queda ahora la situación de los propietarios de viviendas que son víctimas de una okupación tras el decreto publicado en el BOE

La suspensión del decreto ha durado tan solo una semana. La medida ha sido celebrada por determinados grupos, pero, como indica a ABC la abogada Arantxa Goenaga, experta en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, añade «inseguridad jurídica» a quienes se encuentran inmersos en procesos judiciales para la recuperación de viviendas cuyos inquilinos no pagan las rentas.

En el momento en el que quedaron derogadas las medidas sociales del decreto ómnibus, muchos despachos de abogados se apresuraron a presentar los escritos para tratar de recuperar los hogares de sus clientes. Ahora, Arantxa Goenaga cuenta que todavía «los juzgados no han dicho nada» sobre ellos y añade que asumen que «se van a denegar». El decreto entra en vigor este jueves.

No obstante, como indica la abogada y siempre partiendo de la base de que todo el mundo «tiene derecho a una vivienda», hay vías a las que se puede recurrir. Una de ellas es «requerir a la Administración para que digan si se han cumplido las medidas».

Se refiere Goenaga a que en estos desahucios que se suspenden «son los servicios sociales quienes decretan la situación de vulnerabilidad».

Una vez el inquilino es vulnerable, se deben acordar medidas, que deben partir de la Administración, para que la persona tenga alternativa habitacional.

Sin embargo, «ninguna Administración» ha puesto soluciones al problema de estos impagos. Aún así, muchos de los procedimientos judiciales «se han paralizado». Es por ello que parte de las estrategias se pueden centrar ahora en comprobar si se han cumplido todas las condiciones por ambas partes.

En términos teóricos, la norma trata de ofrecer una 'solución' para aquellos propietarios afectados por la inquiokupación. Estos pueden pedir una compensación -tienen plazo hasta el 31 de enero de 2026- si no se ha encontrado una alternativa. No obstante, la abogada señala que no siempre «garantiza que cubra la totalidad».

Entre los criterios de compensación, la norma indica que dependerá del precio medio que correspondería a un alquiler de una vivienda del entorno. Ello también plantea algún problema jurídico. Goenaga señala que «no es lo mismo si la vivienda estaba totalmente equipada y reformada» y por ello el precio era superior a la media del entorno.

En este sentido, la experta en derecho inmobiliario explica que se podrían tener en cuenta otros criterios como «el inventario del alquiler» en caso, por ejemplo, de que se tuvieran que sustituir electrodomésticos u otros muebles de mayor coste. En cualquier caso indica que «lo tendría que suplir el Estado» y por ello habría que buscar la fórmula más adecuada.

También se recupera la prohibición de cortar los suministros a los consumidores vulnerables y, de hacerlo, el propietario estaría cometiendo un delito de coacción.

En este sentido, el problema llega cuando no se ha cambiado el nombre en los recibos ya que el propietario, si no es un consumidor vulnerable, debe seguir pagando. «Son las empresas suministradoras las que no pueden cortar los suministros a los consumidores vulnerables», recuerda la abogada.

La suspensión de los desahucios a las personas consideradas en situación de vulnerabilidad entró en la agenda política, económica y social mediante el Real Decreto-ley 11/2020. La norma incluye determinados límites en función de los ingresos de la persona, determinados a partir del IPREM, para que se pueda declarar o no con esta condición. Desde entonces, prórroga a prórroga, desahucios de este tipo han quedado suspendidos desde 2020.