Spanair pide concurso de acreedores y deja en la calle a sus 2.065 empleados

Los trabajadores amenazan con demandar a la compañía y a la Generalitat de Cataluña «ante la falta de transparencia» del proceso

MADRID, BARCELONA Actualizado:

El fulminante declive de Spanair cobró ayer carácter de oficialidad. La aerolínea presentó en los juzgados de Barcelona el concurso voluntario de acreedores, con un pasivo que asciende, exactamente, a 474 millones de euros. El proceso se prevé similar al cese de operaciones que el pasado viernes dejó en tierra a miles de pasajeros: abrupto y contundente, un golpe seco, aunque no por ello libre de obstáculos.

«Tenemos que ser muy diligentes y hacerlo todo muy rápido», subrayó el presidente de la compañía, Ferrán Soriano, en la emisora RAC1, poco después de reconocer que había trabajado durante todo el fin de semana junto con el despacho de abogados Roca i Junyent para acelerar los trámites. De hecho, la mañana del lunes dio mucho de sí. El equipo directivo, con el propio Soriano al frente tuvo tiempo para citarse con los representantes sindicales e informarles de que se dispone a iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla. En concreto, se irán a la calle 2.065 empleados.

Comité de empresa y dirección se reunirán a partir de mañana para concretar las «condiciones de indemnización», según los representantes sindicales. Pero lo cierto es que, con las nóminas de enero abonadas parcialmente —Spanair ha ingresado en las cuentas de los empleados solo 1.000 euros—, la incertidumbre es completa.

La deuda acumulada de Spanair corresponde en un 54,8% a los accionistas (260 millones de euros), mientras que el 45,14% (214 millones) pertenece a terceros. Solo a SAS, la compañía escandinava que hasta 2009 había sido el socio mayoritario y que ahora retiene el 10,9%, se le adeudan 165 millones de euros.

Según fuentes conocedoras, los activos de la compañía apenas cubrirían 100 millones de esta cantidad. Por tanto, se desconoce qué ocurrirá con el resto de la mensualidad y, en última instancia, con el futuro de los trabajadores. «Tenemos a empleados trabajando que ya saben que están despedidos, pero siguen atendiendo a los afectados. Hemos pasado de tener un trabajo estable y fijo a las 14.00 horas a tener noticias por parte de los medios de comunicación a las 16.00 horas de que la empresa ha cerrado», indicó José Carlos Olmos, el representante de CC.OO. en Barajas.

El distanciamiento entre los gestores y los empleados resulta evidente. Tal es así que el expediente sancionador solicitado por el Ministerio de Fomento, que se podría saldar con una multa de hasta nueve millones de euros, podría no ser la única reclamación a la que se enfrenta la aerolínea. Los trabajadores de Baleares —según apuntó UGT— están dispuestos también a participar en esa previsible avalancha de demandas judiciales. No descartan exigir «responsabilidades» a Spanair e, incluso, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, como responsable subsidiario del cierre de la compañía.

Las organizaciones sindicales denuncian, además, que tanto AENA, el gestor aeroportuario, como Fomento deberían haber dispuesto de «capacidad y recursos» para descubrir y neutralizar esta clase de «situaciones extremas». Y, como respuesta, se ha encendido la mecha de las reivindicaciones. Los empleados de Barcelona han anunciado movilizaciones «en breve», ante «la falta de de información y transparencia» por parte de Spanair.

Los pilotos de Sepla, por su parte, presentaron, de forma paralela, un concurso necesario de acreedores con el objetivo de anticiparse a la aerolínea —lo que consiguieron— y, de ese modo, apartar al actual consejo directivo de la futura gestión concursal.

Séptima huelga en Iberia

El de Spanair sería uno más dentro de la larga nómina de conflictos laborales en el sector aéreo. Ayer finalizó sin incidencias —y sin acuerdo a la vista con la aerolínea— la séptima jornada de huelga de los pilotos de Sepla en Iberia, que supuso la cancelación de un total de 95 salidas.