La Junta y Garmendia aprobaron subvenciones a un empresario que acabaron en negocio inmobiliario
Moya-Angeler y José Antonio Griñán - JESÚS ESPÍNOLA

La Junta y Garmendia aprobaron subvenciones a un empresario que acabaron en negocio inmobiliario

Joaquín Moya-Angeler a ABC: «Lo explicaré en el ministerio y, si es necesario, devolveré el dinero». Ciencia e Innovación le concedió un préstamo de 4,8 millones de euros a quince años e interés cero

MADRID Actualizado: Guardar
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Joaquín Moya-Angeler es un conocido empresario, expresidente de IBM España y del Grupo Leche Pascual, y accionista de Tagua, la sociedad gestora de capital riesgo que encabeza Felipe González. Una de sus empresas, Red Tecnológica de Servicios de Asistencia Sanitaria S.A. (Redsa), recibió del Ministerio de Ciencia e Innovación 4,8 millones de euros para instalarse en el Parque Tecnológico de Málaga. Con ese dinero ha construido un complejo de oficinas y se lo ha alquilado a otra empresa, Indra, para la que trabajó hasta junio de 2010.

El organismo público que encabezaba Cristina Garmendia concedió a Redsa en noviembre de 2009 un crédito 4.789.870 a interés cero y con un plazo de amortización de quince años. El objeto de la ayuda era la puesta en marcha del «Centro de Innovación de Redsa».

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad, que absorbió las áreas de Ciencia e Innovación tras el triunfo del PP en las elecciones del 20N, aseguran a ABC que, en virtud de la Ley General de Subvenciones, «el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante un periodo que no podrá ser inferior a cinco años».

En cuanto al alquiler del edificio a otra compañía, las mismas fuentes añaden que «el incumplimiento de la obligación de destino, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro de la ayuda».

Las ayudas, solo para I+D+i

Estas subvenciones públicas solo pueden ser utilizadas para que la empresa adjudicataria realice tareas de investigación, desarrollo e innovación, el conocido I+D+i. El préstamo que le concedió el ministerio va a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Joaquín Moya ha reconocido a ABC haber alquilado el edificio y se ha mostrado dispuesto a devolver las ayudas: «Soy un empresario limpio y honesto. Tengo intención de ir al ministerio, sentarme y explicarlo todo. Si tengo que devolver el dinero, incluidos intereses, lo haré».

El socio de Felipe González sostiene que aún no ha devuelto el dinero porque Indra «todavía no ha ocupado el edificio», pero, tras la insistencia de este diario, reconoce que el inmueble está alquilado desde el año pasado. De hecho, Indra está terminando de amueblarlo para instalarse de forma inminente.

El empresario mantiene que le ha pasado factura la crisis y por eso alquiló la mayor parte del inmueble: «Pedimos las ayudas en 2008, cuando las cosas iban mejor. Ahora estamos dándole vueltas a qué hacemos».

La construcción consta de dos edificios que suman 4.000 metros cuadrados y un aparcamiento de otros 2.000. Indra, multinacional española de los sectores de defensa y nuevas tecnologías, se ha quedado con el edificio más grande, que ocupa unos 2.500 metros cuadrados, a un precio que ronda los 22.000 euros mensuales de renta. Joaquín Moya-Angeler fue miembro del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Indra.

La Junta retiró las ayudas

Redsa, dedicada a las nuevas tecnologías del área de la sanidad, es una pyme con cuarenta empleados y 3,6 millones de euros de facturación anual, por lo que en el sector causó cierta extrañeza que recibiera más de seis millones de euros para construir una nueva sede: los 4,8 del ministerio y 1,6 de la Junta de Andalucía.

Pero el socio de Felipe González no llegó a cobrar la subvención que le concedió la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, que ascendía a 1.587.000 euros. Joaquín Moya-Angeler, que además es consejero de la agencia IDEA, asegura que «la Junta retiró las ayudas porque consideraron que los trabajos de mi empresa se hacían en Madrid, no en Andalucía».