Fomento pide una multa de hasta nueve millones para la compañía

Pastor: «No cejaremos hasta que asuma la responsabilidad quien pisotea los derechos»

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MADRID

El inesperado freno en la prestación de los servicios podría costar a los gestores, administradores y a la propia compañía aérea hasta nueve millones de euros. El Gobierno abrió ayer un expediente sancionador a Spanair por la repentina cancelación de los vuelos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró en una rueda de prensa que no fue hasta las 20.00 horas del viernes cuando el Ejecutivo recibió un fax remitido por la aerolínea catalana en la que comunicaba la suspensión de la actividad. La responsable de la cartera ministerial utilizó un tono contundente para anunciar una respuesta firme, sin contemplaciones, por parte del Ejecutivo. «El Ministerio no cejará hasta que quien incumple las normas y pisotea los derechos de los ciudadanos asuma toda la responsabilidad».

El Gobierno acusa a la empresa de haber vulnerado dos disposiciones de la ley de Seguridad Aérea: tanto la obligación que tienen todas las compañías de «asegurar la continuidad» de los servicios como la de «respetar los derechos de los pasajeros». Ambas infracciones, consideradas «muy graves», podrían saldarse con multas de hasta 4,5 millones cada una, además de la retirada de licencia para operar más vuelos.

Preguntada por los periodistas, Pastor trató de desvincular a la Generalitat de la cancelación de las conexiones. Agradeció que la Administración catalana esté «arrimando el hombro en todo momento» para solventar la crisis de Spanair, un problema cuya responsabilidad atañe a los actuales representantes, si acaso, de forma muy tangencial. «Han heredado la génesis del problema», zanjó la ministra.

Billetes sin tasas

Los comités de coordinación en los que participa Fomento, AENA, Aviación Civil, la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), las delegaciones de Gobierno y la comunidad autónoma catalana trataron durante todo el día de paliar el impacto sobre los clientes del cese de operaciones. La titular de Fomento recordó que los afectados reciben información «in situ» —especialmente en los aeropuertos más afectados— para que «la reubicación» en otros aviones «se pueda llevar a cabo», un plan que se suma a las «tarifas especiales de entre 60 y 100 euros» que están ofreciendo las compañías aéreas colaboradoras, entre ellas, Iberia, Air Europa y Vueling hasta el próximo 3 de febrero.

En este sentido, Pastor añadió que, por instrucciones de su gabinete, AENA —dependiente de Fomento— ya no solicitará el abono de las tasas aeroportuarias (de entre 8 y 10 euros) que se sumaban al importe final de las llamadas «tarifas de rescate». Aquí, dejó también la puerta abierta a una posible intervención del operador aeroportuario para recuperar los recursos públicos, dinero de «todos los españoles».