El Gobierno catalán, al borde de la bancarrota, reflota Spanair

La concesión del crédito, que se llevará a cabo a través del Institut Català de Finances (ICF) en lo que Homs califica como «una operación de urgencia», seguirá un enrevesado proceso con la finalidad de disimular la contradicción que supone que una administración al borde de la quiebra —tal es el negativo panorama de las finanzas catalanas heredado del tripartito—se empeñe en reflotar una empresa que ya ha sido objeto de diversas ayudas en la anterior legislatura: la última en noviembre de 2010 por un valor de 20 millones de euros y con las consiguientes críticas de otras aerolíneas. Precisamente ayer, el presidente de Vueling, Josep Piqué, calificó de «injustificable» el crédito. Spanair, está participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, asegura que la ampliación de capital estaba prevista desde antes del verano.

igualmente contradictorio fue el apoyo que CiU hace ahora de la decisión de la ministra de Economía, Elena Salgado, de convertir las cajas débiles en bancos. Una medida que Homs no ve negativa y que, en otras circunstancias, quizá habría criticado por suponer una ingerencia en el modelo de cajas catalán, tal como hizo ayer el PSC a través de la portavoz parlamentaria adjunta, Laia Bonet. Es más: pese a la supuesta inconsistencia de entidades como CatalunyaCaixa o Unnim, la Generalitat asegura que ambas son capaces de hacer frente «a corto plazo» a los requisitos exigidos por Salgado —el capital básico mínimo debe alcanzar el 8% de sus activos—. Que la ministra reconozca que el déficit de las administraciones públicas alcanzará el 9,2% del PIB a cierre del 2010, lo que cumpliría con las exigencias de Bruselas, son buenas noticias para Cataluña, confesó Homs.

Paralelamente a esa inyección económica en Spanair —que PSC y PP ven bien, aunque piden más transparencia— el ejecutivo catalán ultima su plan de viabilidad financiera, que el viernes será aprobado en un Consell Executiu extraordinario y que el próximo lunes se presentará al Gobierno español. Este trámite se produce en un contexto de advertencias del PSOE de una posible intervención del Ejecutivo, que no está dispuesto a dejar que la Generalitat emita más deuda porque, a su juicio, ha superado el límite del déficit. Los nacionalistas admiten una deuda superior a los 7.000 millones —un 3,6% de su PIB, y casi siete décimas del PIB nacional— del que culpan a los socialistas. Es decir, que el agujero catalán representa casi un tercio del déficit permitido para el conjunto de las autonomías (2,4% del PIB). Por ello, el presidente Artur Mas ha encargado un exhaustivo estudio sobre las leyes estatales que disparan el gasto de la comunidad catalana. «El Estado aprueba normativas que comportan más gasto a Cataluña y eso se traduce en más déficit», denunció Homs. Dos ejemplos de esas «deslealtades institucionales», según Homs, son las leyes antitabaco y de dependencia, aprobadas por el Gobierno españo, pero cuya aplicación comporta gastos que paga la administración catalana.