CUENTAS SIN CUENTOS
Una reforma que trae de cabeza a un Gobierno dividido
Solo hay una razón que justifique el intento de derogar una legislación laboral que se ha demostrado positiva en términos de empleo, productividad y PIB: la pérdida de poder de los sindicatos
La derogación de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 trae de cabeza al Ejecutivo de Sánchez. En su acuerdo de gobierno PSOE y Podemos pactaron suprimir lo que consideraban los aspectos más lesivos para los trabajadores: la ... ultraactividad de los convenios; la primacía de los acuerdos de empresa sobre sectoriales, o territoriales y la posibilidad de descuelgue para las compañías. Ahora la empoderada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , exige que se cumpla lo pactado e incluso añade otras propuestas que enfurecen a los empresarios, como impedir que las compañías tengan más del 15% de empleo temporal . Uno podría pensar que Díaz lleva razón porque solo está exigiendo que se cumpla lo pactado. El problema es que están en juego 140.000 millones de euros de fondos europeos que dependen, en parte, de que el Gobierno presente una reforma laboral que convenza a Bruselas. Y derogar la flexibilidad que introdujo la reforma de Rajoy no va, precisamente, en la línea pedida por la UE , que apuesta por introducir ‘flexiseguridad’ en el mercado de trabajo.
No obstante, aparte del pacto de gobierno firmado por PSOE y Podemos pocas son las razones que justifiquen la derogación de una reforma que, según coinciden en señalar los expertos y los estudios realizados, ha permitido acelerar la recuperación del empleo tras la devastadora crisis financiera e inmobiliaria que asoló con crudeza a España entre 2008 y 2013. De hecho, muchos economistas señalan que de haber estado vigente en el comienzo de la crisis se hubiera destruido mucho menos empleo, porque las empresas hubieran tenido en sus manos instrumentos de flexibilidad para reducir sus costes sin tener que recurrir a los despidos. Y fueron algunas de las medidas introducidas en esa reforma, como la supresión de la autorización administrativa previa para los ERTE, las que han facilitado en esta crisis una respuesta mucho más ágil al cierre total o parcial al que obligó la pandemia. ¿Por qué, entonces, se quiere acabar con una reforma que ha sido positiva en términos de empleo, productividad y PIB? Solo se me ocurre una razón: por la pérdida de poder de los sindicatos , que ahora presionan al Gobierno para recuperarlo. Pero analicemos las medidas que se quieren derogar:
El fin de la ultraactividad de los convenios para que estos sigan vigentes aunque acabe el plazo para el que se pactaron. Esto supone que en épocas de crisis los trabajadores no tengan ningún interés en renovarlo porque se mantendrían mejores condiciones. Es lo que ocurrió entre 2008 y 2011. Pero al no poder actuar sobre los salarios, las empresas recurrieron a cierres o despidos para reducir costes. Lo que está ocurriendo tras su supresión es que los propios convenios incluyen qué ocurre si concluye su vigencia sin que haya otro nuevo.
La primacía del convenio de empresa sobre los sectoriales o provinciales. A diferencia de lo que se podría pensar, no se han disparado estos convenios de empresa. Y quizás lo más peliagudo y lo que más daño puede hacer a las empresas es la posibilidad de descuelgue en caso de que tengan problemas. Y a esto se añade ahora la exigencia de no tener más de un 15% de temporalidad . Esto supone que las empresas de menos de 7 empleados solo podrían contratar a fijos. Nos dirán que la obligación se hará solo para las grandes. Pero al final lo único que hacemos es desincentivar que las compañías ganen tamaño, que es exactamente lo contrario de lo que España necesita. Dicho en otras palabras, vamos a hacer un pan como unas tortas.