Para cobrar, vuelva usted mañana

La empresaria cordobesa María Jesús Horcas lleva 100 días acudiendo religiosamente ante la sede de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en Sevilla. A veces la acompaña su padre o su hermano Ángel David, que también trabajaba para ella. En algunas ocasiones ha pasado la noche en una furgoneta, porque tanto trajín de Córdoba a Sevilla y de Sevilla a Córdoba la deja exhausta. Aunque enseguida se repone y, un día más, megáfono en mano se aposta de nuevo ante la sede gubernativa y desplega la pancarta en la que resume su queja y cita a los presuntos culpables. «La UTE Santa Ana no paga. Bruesa y Corsán-Corviam. La Junta me arruina», reza el cartel ondulante; y el mismo lema da nombre a la página de Facebook que ha colgado en internet.

La peripecia relatada por esta ingeniera no tiene desperdicio. En marzo de 2009 la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Ana, formada por Bruesa Rail y Corsán-Corviam, subcontrató a su empresa para las obras del tramo Fuente de Piedra-Santa Ana del futuro AVE Sevilla-Granada. Su tarea consistía en movimientos de tierra y les firmaron un contrato de un año. Pero cinco meses antes de lo acordado la UTE rescindió su contrato. Para resolver el contrato de forma unilateral, la UTE alegó que los empleados de Procasur 2005 S.L. incumplían las órdenes de los responsables de las obras y que no seguían algunos requisitos de seguridad. María Jesús Horcas niega tales acusaciones y las tacha de «excusas e invenciones de mal pagador».

La disputa llevó a la dueña de Procasur a demandar a la UTE Santa Ana ante los tribunales, para cobrar los 779.746,77 euros que según ella le adeudan por trabajos ya realizados. Ambas partes están citadas a una audiencia previa en los juzgados de Madrid el próximo 12 de abril. Y, mientras, María Jesús reclama que la Junta de Andalucía, propietaria de las obras, se responsabilice de la situación y pueda cobrar cuanto antes lo que le deben. De ahí su protesta diaria y en persona. Está desesperada.

Amigos al rescate

De entrada, el supuesto impago dejó a su empresa tocada. Siguió pagando como pudo a sus empleados y a sus acreedores —proveedores—, pero acabó sin dinero. Encima, algunos de sus acreedores —«azuzados por la UTE», denuncia— la demandaron por impago, lo que propició que le embargaran la maquinaria. Así que, además de no cobrar, tampoco puede trabajar. Una situación que ya la ha obligado a pedir ayuda a familiares, amigos y conocidos para subsistir mientras lucha por lo suyo. «Si escribes de mí querría agradecer la ayuda que nos están prestando mis titos, el párroco Ricardo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba-Pedro Abad, y a los compañeros de mi tía del Colegio de Pedro Abad Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, así como a nuestros amigos más cercanos». Hecho.

A todo esto, los responsables de la Junta no le ofrecen soluciones. Su primer triunfo es que este jueves le hayan escuchado. En persona, en un despacho, no con el megáfono. En su día, María Jesús pidió hablar con la entonces consejera andaluza de Obras Públicas y ahora ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar. No hubo suerte. Sólo la atendió su secretaria, «que me dijo que no podían hacer nada hasta que no presentáramos demanda». «Lo hice, y luego me dijeron que como ya habíamos presentado la demanda... la justicia decidiría». De vuelta a la entrada de la Consejería.

Josefina Cruz tomó el relevo de Aguilar al frente de Obras Públicas y la semana pasada le dieron cita a María Jesús con Rafael Blanco, director gerente de la Agencia de Obra Pública de Andalucía. La reunión fue el jueves. «Nos ha dicho que iba a tomar medidas y que ya nos dirá algo», explica María Jesús. Pero ella, que no se fía, mantiene su protesta hasta que vea el dinero o un compromiso firme.

Mientras la justicia no resuelve y la Junta se lo estudia ambas partes mantienen sus versiones dispares del asunto. «Desobedecían reiteradamente las órdenes del jefe de obras y del gerente de la obra. Además, sobrecargaban los camiones y los conducían a una velocidad excesiva», señalaron a a ABC fuentes de la empresa Corsán-Corviam como argumento. Por contra, María Jesús niega tales acusaciones y, como se recoge en su demanda, entiende que la UTE Santa Ana quiso «quitarse de encima de alguna manera» a Procasur «toda vez que sus previsiones económicas no eran las que en principio tenía planteadas».

Lo que Corsán-Coviam sostiene que era desobediencia a las órdenes de los responsables de las obras María Jesús lo pinta de otra manera. Lo enmarca —y así consta en su demanda— en una estrategia de «acoso» pergeñada por la UTE, que en ocasiones se tradujo en roces verbales e insultos, con el propósito de dejar a la empresa subcontratada en falso. Para poder así rescindir su contrato. «Quizás al no salirle las cuentas a la UTE, en cuanto a los plazos o posibles beneficios, que en un primer momento tenía como perspectivas en la obra, intentó ir frenando en su trabajo a mi representada; pero lo fue haciendo de forma verbal, nunca por escrito», recoge la demanda.

«Les cambiaban continuamente las instrucciones, y tomaban decisiones malintencionadas y encaminadas a a crearle un problema al demandante», prosigue.

Según María Jesús, dicha estrategia se apoyó en un contrato, el que firmó su empresa con la UTE, con un clausulado abusivo, fruto de una crisis económica que empuja a muchas empresas a suscribir condiciones leoninas. «Bien es cierto que la actora firmó voluntariamente, pero forzada por la necesidad de tener que trabajar, lo cual no quiere decir que no se diese cuenta de las condiciones tan abusivas que le imponían», se explica en su demanda.

El deudor contraataca

En la otra esquina del ring, Corsán-Corviam persevera en su postura. De hecho, la empresa ha «contraatacado». Ha reconvenido a la demanda de Procasur y le reclama una indemnización por daños y perjuicios. «Cuando trabajaron para nosotros arrojaron tierras en un vertedero no autorizado —sostienen fuentes de la compañía— lo que nos ha obligado a contratar a una nueva empresa para que las quite».

En cuanto a la deuda por el trabajo ya hecho por la empresa de María Jesús, desde Corsán-Corviam admitieron a ABC que se les dejó a deber dinero —no precisan cuánto—, aunque añadieron a renglón seguido que se considera saldado el débito porque tuvieron que asumir el coste extra de los trabajos supuestamente mal hechos por parte de Procasur, como el citado vertido irregular de tierra. «No es cierto que hiciéramos mal nuestro trabajo, como lo demuestra un peritaje hecho por un ingeniero que ha sido aportado como prueba a la demanda», replica la joven ingeniera cordobesa.