Una voracidad fiscal que amenaza el empleo

De prosperar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 la situación se agravará para las empresas, aún en fase de recuperación, porque tendrán que pagar también más por el Impuesto de Sociedades, se pondrá en marcha un nuevo tributo a las transacciones financieras, una «tasa Google» para las tecnológicas y habrá más imposición para el diésel, además de subidas del IRPF para las rentas del trabajo y del capital. Una batería de subidas que se complementará con un incremento de los costes al empleo , tanto para salarios bajos como altos y con una obligada subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 900 euros mensuales , un 22,3% en solo un ejercicio, la más elevada de toda la democracia. Las empresas ya han hablado: más costes igual a menos empleo.

Pedro Sánchez necesita una fuerte inyección de liquidez con la que financiar su nutrida agenda social. Medidas de impacto social como equiparar los permisos por maternidad de mujeres y hombres, recuperar el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años y parados de larga duración o eliminar los copagos farmacéuticos para los pensionistas, además de subir las pensiones con el IPC como ya ha hecho este año en un momento en el que la Seguridad Social registra un déficit que ronda los 19.000 millones de euros .

El escenario que se plantea para el año que viene ha puesto en alerta a las empresas. La patronal avisa de lo que le puede venir encima a la economía española . «La subida del Impuesto de Sociedades, sin otras medidas como la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas lastraría la competitividad de las empresas, retraería la inversión nacional y extranjera y reduciría a medio plazo la tributación consiguiendo un efecto contrario al deseado». Tampoco les ha gustado un incremento tan drástico del salario mínimo en solo un año. Primero, porque el aumento pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no solo «cuestiona el diálogo social», sino porque «tendrá efectos negativos en los aumentos salariales».

«Los perjudicados por esta medida no serán quienes están ganando salarios alrededor del mínimo, sino los trabajadores con mayor dificultad para acceder al empleo y los más propensos a permanecer en el paro», dice el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito. Para la CEOE los perjudicados también serán los trabajadores que cobran por encima del salario mínimo porque sus sueldos no crecerán.

La subida del SMI tendrá más implicaciones en el mercado de trabajo que las explicadas por el Gobierno y Podemos . Aquellos que ganan menos de 900 euros al mes están de enhorabuena porque su nómina deberá reflejar esta cantidad el año próximo, salvo que el empresario o autónomo que le tenga contratado se vea obligado a prescindir de su puesto porque no pueda afrontar una subida de su sueldo del 22,3%, el mismo porcentaje en el que aumentará el coste que pagan sus empleadores a la Seguridad Social .

A este aumento de la fiscalidad para los sueldos más bajos se une la intención del Ejecutivo, trasladada a la Autoridad Fiscal y posteriormente matizada, del citado alza de las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%. De materializarse esta idea, que ahora el Ejecutivo liga al diálogo social, las empresas españolas deberían pagar hasta 1.761 millones de euros más al año . Un dardo directo en el empleo.

La organización empresarial recuerda que son los empresarios españoles quienes pagan más por cotizaciones sociales a la Seguridad Social en la Unión Europea tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación impositiva. En concreto, la media de Europa no supera el 8% en términos de PIB y el 20% en términos de recaudación , mientras que, en España, la primera ratio se sitúa en el 8,2% y la segunda en el 24,7%. Hoy, las cotizaciones empresariales son 6,6 puntos porcentuales mayores que la media de europea y 13 puntos más elevadas que en países como Reino Unido o Irlanda.

Aunque en muchas ocasiones se tiende a creer que el principal tributo que pagan las empresas es el Impuesto de Sociedades, lo cierto es que una empresa pequeña dedica el 0,83% de su factura fiscal a pagar impuestos municipales y autonómicos, el 7,63% a pagar el Impuesto de Sociedades y el 91,54% a pagar las cotizaciones sociales. En una empresa grande ocurre una situación casi idéntica: destina un 5,05% a pagar los tributos regionales y locales, el 16,01% a Sociedades y el 78,94% a la cotizaciones sociales, según datos del «think tank» Civismo.

Por detrás de España, con cifras en torno al 20%, están Italia, Rumanía, Letonia, Finlandia, Hungría y Bélgica, donde están situadas en el 19%, mientras que Chipre llega justo al promedio europeo. El menor peso de las cotizaciones sociales se da en países como Reino Unido e Irlanda (10%) y en Suecia (6%) . Y Dinamarca es el país en el que todo empresario querría crear empleo. No hay salario mínimo interprofesional, la indemnización por despido es prácticamente inexistente (un máximo de seis mensualidades de salario para quienes lleven más de quince años en la empresa), el empresario no paga nada en concepto de cotizaciones sociales y la negociación colectiva lleva casi 30 años descentralizándose para acercarla al nivel de la empresa en la mayoría de asuntos relevantes (como salario u horas de trabajo). De hecho, el 25% de los trabajadores daneses ni siquiera están cubiertos por un convenio colectivo en el sector privado, lo que implica que negocia de tú a tú con el empresario. En suma: Dinamarca disfruta de pleno empleo en un mercado totalmente liberalizado.

La realidad en España es bien distinta. El Ejecutivo subirá las cotizaciones de empleadores y trabajadores pese a que el número de desempleados supera los 3,3 millones . En enero medio millón de trabajadores que cobran el salario mínimo verán incrementadas sus nóminas por el alza y las bases mínimas de cerca de 1,5 millones de asalariados se dispararán otro 22,3% para las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas. Y el coste de las bases máximas afectará a un millón de trabajadores, los que ganan más de 45.644 euros anuales.

Los autónomos estarán excluidos, al menos del alza del 22,3%. La incertidumbre generada y la presión del colectivo obligó al Gobierno rectificar y excluir de la subida de cuotas a los trabajadores por cuenta propia . La medida destapó la caja de los truenos porque hubiera supuesto aumentar los costes para 1,7 millones de autónomos que hoy cotizan por la base mínima; su cuota hubiera crecido en 420 euros al año. La idea del Gobierno era ingresar por este alza de impuestos 1.500 millones y así se lo comunicó a Bruselas con anterioridad a su rectificación. Circunstancia que le obligará a obtener esta recaudación para cuadrar las cuentas. Por ello el pasado martes rectificó y anunció al colectivo que sus bases mínimas subirán hasta un 12%. Idas y venidas que han sembrado el caos entre los trabajadores por cuenta propia.

No podrán esquivar el «impuestazo» el millón de autónomos societarios, que tendrán que pagar un 22,3% más a la Seguridad Social por los trabajadores que tienen en plantilla cotizando por bases mínimas. Pagarán casi 3.000 euros más al año , según ATA, la organización que dirige Lorenzo Amor. El problema se agudiza para empresas y autónomos con empleados en la base mínima del Grupo 1 de cotización que tras el incremento del 22,3% su base pasará de los 1.199 euros a 1,466 euros al mes con un sobrecoste de 4.500 euros más al año.