Varios conatos de ruptura, lucha de egos y llamadas de última hora: así se gestó la reforma laboral

A las dos de la madrugada llegaba finalmente el pacto, a pocas horas de que los órganos de gobierno de la patronal y los sindicatos se reunieran para dar el sí a la norma, en la que se refleja un pacto de equilibrios en el que todos han cedido en aras de lograr un punto de encuentro que permitiera a España presentar una reforma con consenso, a gusto de Bruselas , antes del 31 y poder cobrar así una nueva partida de 12.000 millones de los fondos europeos.

Y este será precisamente el argumento de peso que esgrimirá ahora el Gobierno ante sus socios para justificar un «acuerdo país», y el «respeto» a la norma pactada con empresarios y sindicatos. «Cada precepto está pactado, medido y repensado», decía ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros que dió luz verde a la norma. «Tenemos la vocación de que siga como está», aseguraba.

Dardo directo a los socios de Gobierno. No parecen estar pensando en desvirtuar la nueva norma laboral, como pretenden ERC, PNV y EH Bildu , instalados en el no. Una posición que solo abandonarán si el decreto se tramita como proyecto de ley pactando previamente sus enmiendas al texto. Díaz seguirá manteniendo negociaciones con estos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo antes de que la norma llegue al Congreso a final de enero. En busca de una aritmética parlamentaria tocará todos los palos, también Ciudadanos, proclive a dar un sí a la reforma tras una negociación.

El PNV no apoyará, sin embargo, mientras no recoja la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una petición histórica que rechaza de plano la patronal porque «rompería la unidad de mercado» y alteraría sustancialmente la nueva redacción del artículo 84 del Estatuto, que en su redacción actual, mantendrá la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, salvo en los salarios.

Las exigencias de ERC y EH Bildu pasan por derogar toda la reforma del PP , tal y como fue acordado por Pedro Sánchez con la ‘izquierda abertzale’ en mayo de 2020 a cambio de que esta no obstaculizara la prórroga del estado de alarma decretado para atajar la emergencia del Covid. El presidente no cumplió su palabra y la derogación mutó a los «aspectos más lesivos».

Lo que tiene claro el Gobierno es que alterar en lo más mínimo la reforma acarrearía consecuencias indeseadas en el diálogo social. «Si yo llego a un pacto y lo cambia, no sé para qué me voy a sentar en las siguientes ocasiones», ha avisado Garamendi al Ejecutivo amagando con descolgarse de una reforma pactada en la que parecían predestinados a no subirse desde el mismo momento en el que comenzaron las negociaciones, en marzo. Pocos meses después, en junio, ya se producía uno de los choques más duros. La CEOE calificaba el borrador de reforma presentado por Yolanda Díaz como una iniciativa «intervencionista, regresiva y desalineada con las necesidades del tejido empresarial y de los trabajadores», una propuesta «marxista», con «una profunda raigambre ideológica». Entonces, Bruselas ya apremiaba a España, quería resultados, pero el reloj del Gobierno y sus prisas no corrían a la velocidad deseada ni en el diálogo social ni en el mismo Ejecutivo . Calviño y Díaz han peleado por imponer unos cambios que apenas modificarían la norma de 2012, si triunfaban las tesis de la vicepresidenta primera, y que sería más drástica si prevalecían las ideas de la titular de Trabajo, de Podemos y de parte del PSOE .

Las tensiones entre ambas y el enfrentamiento entre Trabajo y la CEOE terminaron forzando a Pedro Sánchez a colar en la negociación a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño , y al titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá el pasado octubre (su papel ha estado diluido en la negociación). Ese mismo mes, Calviño había reclamado por correo electrónico a Díaz sumarse a la mesa de negociación con sindicatos y empresarios, lo que provocó una protesta de la titular de Trabajo en La Moncloa por no entender la petición de su compañera de gabinete siete meses después de comenzar las negociaciones. El choque de vicepresidentas provocó una reunión urgente de la coalición que se saldó con un comunicado en el que se aseguraba que «el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma del PP en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea ».

Ni con Calviño en la negociación pudo esquivarse un conato de nueva ruptura con los empresarios. Ante una nueva propuesta de máximos de Díaz en temporalidad, la patronal presentaba a primeros de ese mes, ya en tiempo de descuento, su propia reforma con la que cambiaría el paso de una negociación estancada, tras desvelar cuáles eran sus líneas rojas. Esta ‘enmienda a la totalidad’ a la propuesta del Gobierno fue clave para el giro definitivo en la negociación que días más tarde cristalizaría en un pacto.

Detrás de los pasos de la patronal han estado los popes del mercado laboral. Sagardoy , Garrigues , Cuatrecasas y Arinsa , sin olvidar a Fátima Báñez, ideóloga de la reforma del PP y asesora del presidente de los empresarios. Sus pasos han estado guiados por sus propuestas, que en las mesas negociación ha defendido Rosa Santos, la responsable laboral de CEOE.

La que mañana entra en vigor, tras su publicación en el BOE, es la primera reforma pactada en 15 años, no es una derogación ni se le parece. Es más bien una reforma de la reforma, en la que se ha buscado, entre otras, un punto de encuentro para atajar la elevada tasa de temporalidad en el empleo en España , del 26%. Para adaptarse a las nuevas limitaciones en los contratos eventuales se fija un periodo transitorio (’vacatio legis’) de tres meses para que las empresas adapten su contratación temporal a la nueva norma, que se alargará hasta seis meses en el caso del desaparecido contrato de obra o servicio.

De momento no habrá foto para la posteridad en La Moncloa. Los empresarios han rechazado la propuesta del Gobierno hasta comprobar que no se altera el contenido en una negociación con los socios de Gobierno. Así lo aseguró ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA , quien, como Garamendi, dejó claro que no aceptarán que se toque «ni una sola coma» del pacto. «Indudablemente, la CEOE no va a estar en ninguna foto hasta que termine el trámite parlamentario», dijo. Una mayoría parlamentaria es la que también esperan UGT y CC.OO . que en un comunicado conjunto aseguraron que el acuerdo es «un hito en la historia de nuestro país».