Vídeo: Valerio: «Se va a necesitar una inyección vía PGE para pagar pensiones» - EFE

Valerio avanza que las pensiones se volverán a pagar con un crédito en 2019

La ministra confirma que tendrá que recurrir a la «hucha» para pagar la extra de diciembre a los jubilados

MadridActualizado:

El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social sigue aumentando. La subida del 1,6% y del 3% aplicadas este año a las pensiones han elevado la factura de las nóminas a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar por encima de los 19.500 millones este año, como ya avanzó ABC. El escenario para 2019 no será mejor porque las prestaciones volverán a revalorizarse con el IPC, el gasto será mayor y, por tanto, también los números rojos del sistema público, que los expertos consultados por este periódico sitúan en el entorno de los 22.000 millones.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció ayer ante el Pacto de Toledo que el Ministerio de Trabajo está echando mano de «imaginación contable» para cuadrar el presupuesto del año que viene. Unas horas más tarde, la titular del departamento, Magdalena Valerio, reconocía que el Ejecutivo volverá a recurrir a un crédito para pagar las pensiones porque las cotizaciones, pese a estar creciendo un 5%, siguen sin ser suficientes para afrontar por sí solas los abultados pagos. «Ojalá necesite menos-de crédito- y ojalá pueda mantener algo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social», dijo.

De esta forma, la ministra confirmaba que su Gobierno hará lo mismo que tan duramente criticó de los gobiernos del PP: endeudarse y recurrir al Fondo de Reserva para hacer frente al pago de las prestaciones. En las cuentas de 2018 el anterior Ejecutivo popular ya previó la disposición de 3.826 millones de la «hucha». Esta cantidad se sumaría al préstamo del Tesoro a la Seguridad Social de hasta 15.000 millones incluido en el Presupuesto para este mismo concepto. Si bien de este crédito habría que detraer los 7.500 millones utilizados para hacer frente la extra de verano. El Gobierno aún dispondría a final de año de más de 7.500 millones del crédito del Tesoro con los que costear la extra de Navidad, cantidad insuficiente que obligará a abrir de nuevo la «hucha».

Los meses de diciembre y junio, son críticos para la Seguridad Social por las tensiones de tesorería que provoca la doble nómina que cobran los mayores. Este año la factura rozará los 19.000 millones. Y eso sin contar la paga que a primeros de año deberá abonar la Seguridad Social por la desviación de los precios, por la diferencia entre el 1,6% en que subieron las pensiones y la cifra en la que acabará el IPC, en torno al 2%.

Granado advirtió de los «efectos perversos» que puede tener el IPC en la revalorización de las pensiones y pidió que en el futuro no se descarte el empleo de más factores para subir estas prestaciones. Dijo que esta fórmula puede llegar a condicionar la toma de decisiones de un gobierno si las previsiones de inflación no se corresponden con la evolución real de los precios, como ocurrirá este mismo año.

El secretario de Estado de la Seguridad Social defendió ante la comisión del Congreso la necesidad de ampliar a toda la vida laboral el periodo que se toma para calcular las pensiones y aseguró que propondrá a los agentes sociales que a partir de 2023 se introduzca esa modificación en el periodo de cómputo. Hay que recordar que Granado era también secretario de Estado con el Gobierno de Zapatero cuando la reforma de 2011 amplió de manera paulatina ese cómputo desde los 15 años de aquel momento hasta los 25 años en los que debe situarse en 2022. Hoy esa edad está en 21 años.

Para Granado, la sostenibilidad futura de las pensiones no pasa por recortar el gasto, sino por reflexionar sobre las fórmulas que permitan mejorar los ingresos del sistema garantizando a los pensionistas que no van a perder poder adquisitivo. A este respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que el futuro impuesto a las transacciones financieras se dedicará «en exclusiva» a financiar la Seguridad Social.

Aunque no precisó los ingresos que pretenden obtenerse con este nuevo tributo, que todavía está pendiente de cerrarse en el marco de la negociación presupuestaria con Unidos Podemos, la idea es que «la recaudación se lleve íntegramente a la Seguridad Social», sin que sea necesario «hacer nada extraordinario», afirmó.

Montero explicó que esta medida no será «lo último ni lo definitivo», y que si en 2020 fueran necesarias medidas adicionales para sostener el sistema de pensiones se abordarían «tanto por la vía de los ingresos como de quitar a la Seguridad Social algunas cosas que paga (...) y que podría asumir la Administración».

Precisamente ayer Granado cuestionó que los permisos de maternidad y paternidad los paguen «trabajadores y empleadores» con sus cotizaciones y defendió que deberían estar financiados por los Presupuestos. «Tenemos que empezar a pensar qué gastos de la Seguridad Social tienen interés público, como por ejemplo paternidad y maternidad. ¿No tiene algún sentido que haya algún tipo de aportación pública a políticas que tienen tantísimo interés público?», señaló el responsable político.

«No lo digo para contradecir al presidente del Gobierno, lo digo para completar su reflexión», explicó el secretario de Estado en referencia al anuncio de Sánchez de que se igualarán los permisos de paternidad a los de maternidad en los Presupuestos de 2019.